Hace un tiempo ya que el Gobierno empezó a pedir informes a la Abogacía del Estado para chequear hasta dónde podía llegar en su condición de 'Gobierno en funciones'. Superada con éxito la polémica respecto a las entregas a cuenta del sistema de financiación a las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha testado su margen de maniobra en otros ámbitos como la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la aplicación efectiva del acuerdo salarial de los funcionarios durante su periodo 'en funciones'. Sin embargo, esos informes jurídicos podrían no ser el principal obstáculo del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para adoptar algunas de esas medidas.
Según fuentes conocedoras de los contactos entre Unidas Podemos y el Partido Socialista para la configuración de Gobierno, la formación liderada por Pablo Iglesias ha planteado de manera muy clara su oposición a que el Gobierno de Sánchez tramite por decreto la subida de las pensiones de 2020 estando en funciones y le ha instado a aprobar esa medida tan emblemática una vez esté constituido con todas las de la ley el Gobierno de coalición en cuya composición están trabajando.
La formación morada no olvida la situación creada a principios de año, en vísperas del proceso electoral en el que se sustanciaron las elecciones locales, autonómicas, generales y europeas, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez capitalizó en exclusiva la oleada reformista de los 'viernes sociales' después de que el pacto presupuestario con Podemos encallara en su incapacidad para conseguir una mayoría parlamentaria.
La fuentes consultadas admiten que se trata de una de las cuestiones clave del programa que están terminando de diseñar los equipos negociadores, capitaneados por la ministra de Hacienda en funciones del lado del PSOE y el secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos por la parte de la formación morada. Fuentes de las negociaciones trasladan que son María Jesús Montero y Pablo Echenique los que están cerrando todos los temas presupuestarios, mano a mano, y Sánchez e Iglesias solo intervienen directamente en caso de fricción, no para presionarse el uno al otro, sino más bien para resolver conflictos. La intención es que todo fluya, sin vetos en esta ocasión, para que se forme Gobierno cuanto antes.
La primera medida social del nuevo Gobierno
En este contexto, la pretensión de Podemos es que la mejora de las rentas a nueve millones de pensionistas sea una de las primeras medidas sociales de calado del Gobierno de coalición progresista, tal y como trasladan a La Información fuentes conocedoras de las negociaciones. Esto encaja con los planes que la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha trasladado en los últimos días, bajo el principio de que de no salir adelante un Real Decreto Ley en alguno de los dos consejos de ministros que quedan en 2019 no habría ningún problema en aprobar la subida de las pensiones una vez empezado el año que viene. Siempre bajo el compromiso de que la revalorización será sí o sí del 0,9%, en línea con la inflación prevista, y que se aplicará con carácter retroactivo y efectos desde el 1 de enero.
Fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio recuerdan que en el año 2018 la actualización de las pensiones no pudo hacerse efectiva hasta el mes de julio, después del cambio de Gobierno, cuando entraron en vigor los Presupuestos Generales del Estado que recogían el compromiso alcanzado entre el PP y el PNV para ejecutar una subida del 1,6%, dejando en suspenso la reforma de 2013 que imponía un incremento del 0,25% siempre que la Seguridad Social estuviera en números rojos, como era y sigue siendo el caso.
Por eso, desde el área de Seguridad Social recuerdan que las pensiones subirán un 0,25% automáticamente desde el próximo 1 de enero si no se anula la fórmula de revalorización establecida en el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Si esto sucede, el compromiso del Ejecutivo es abonar después la diferencia hasta el 0,9% con efectos retroactivos. Es más, el incremento podría ser incluso mayor si el IPC cierra el año por encima de esa cifra, pues los socialistas también se han comprometido a abonar una 'paguilla' extraordinaria para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Las fuentes consultadas señalan que "lo previsible" es que cualquier informe de la Abogacía del Estado en este sentido "no sea desfavorable" y recuerdan lo sucedido hace apenas un par de meses, cuando se dio luz verde a las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. No obstante, consideran que a estas alturas del año hay poco margen para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pueda tramitar cualquier subida de las pensiones con efectos a 1 de enero, porque técnicamente es un proceso "complejo".
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