Las cosas se le complican cada vez más al Gobierno de Pedro Sánchez. Su agenda de justicia social, su ruta para el "crecimiento inteligente", que acaba de defender en el foro económico más importante como es Davos, depende en última instancia de lo que el Congreso le permita sacar adelante. Y no parece que los grupos que en su día propiciaron la moción de censura que expulsó de Moncloa a Mariano Rajoy vayan a repetir muy a menudo en los próximos meses. Ya no es solo que los independentistas catalanes se cierren en banda mientras siga el proceso judicial... ahora, los problemas vienen desde su izquierda.
El pasado martes, su hasta ahora socio prioritario, el grupo de Unidos Podemos, tumbó el decreto relacionado con las medidas en materia de vivienda. Ese mismo día, cuando se aprobaron otros siete decretos, la formación morada vendió muy caro su apoyo al texto sobre pensiones. Ahora, los de Pablo Iglesias, inmersos a su vez en otra crisis interna, vuelven a situarse en las antípodas de la negociación en otra rama clave: la reforma laboral. Mejor dicho: el final de la reforma aprobada por el PP. Todo, con la mirada puesta en el mes de febrero, cuando los Presupuestos Generales de 2019 pasarán o no el rubicón del pleno que permita, al menos su tramitación. El Gobierno, como dijo este viernes su portavoz, Isabel Celáa, mantiene el optimismo. Pero claro: se agota el plazo para marcar territorio antes de abordar las elecciones de mayo.
A la espera de que en las comparecencias de altos cargos para explicar los Presupuestos, que arrancan este lunes, se despejen sección por sección de gasto y de ingresos la posición de Podemos y el resto de socios necesarios, la última piedra en el camino hacia el 2030 (que es el objetivo de Sánchez) viene por el lado laboral. La reforma del Estatuto de los Trabajadores que impulsó el PSOE para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados ha encallado con Podemos en el Congreso, que considera que el acuerdo que ultiman PSOE y PDeCAT "empeora" la reforma laboral del PP, según señala Efe.
El debate sobre la capacidad de cambiar el modelo laboral de Fátima Báñez y Cristóbal Montoro viene de lejos. Pedro Sánhez llegó a la Moncloa prometiendo derogar la reforma laboral del PP. No obstante, muy pronto reconoció (antes de terminar el verano incluso) que no podría hacerlo en su totalidad. Tenía a Podemos y a grupos minoritarios de su parte. Pero no así a nacionalistas más liberales en lo económico como el PNV o el PDeCat. Así que fue advirtiendo de que derogaría lo que se pudiera.
Ahora, los partidos políticos se han lanzado a negociar una parte tan específica como las subcontrataciones, en una iniciativa protagonizada por el PSOE y que fue presentada con la intención de "revertir los aspectos más lesivos" de la reforma laboral del PP relativos a la prioridad de los convenios, la ultraactividad o a la subcontratación.
La proposición de ley recibió en mayo 30 enmiendas, entre las que destaca que cuando se subcontrate una actividad propia de una compañía se respete el convenio de la empresa principal y cuando sea actividad no propia, se tome de referencia el convenio sectorial, informa Efe. También instan a que se restablezca la ultraactividad de los convenios para que tengan vigencia ilimitada cuando lleguen a su fin y no decaigan, así como que los interlocutores que negocian los convenios colectivos estén legitimados.
Junto a estas enmiendas se debate la creación de un registro diario de la jornada laboral para frenar el abuso de las horas extra no pagadas -y no cotizadas- que elevaría esta infracción a la calificación de grave. Mientras el portavoz adjunto del grupo socialista Rafael Simancas ha señalado a Efe que las negociaciones "están avanzando", otras fuentes parlamentarias han afirmado que hay un gran escollo con Podemos en torno a la prioridad de los convenios y a la ultraactividad.
Podemos ha señalado que sobre la ultraactividad hay un acuerdo "ambiguo" ya que algunas formaciones piden que permanezcan los convenios vigentes hasta que se "inicien" las conversaciones para negociar uno nuevo, frente a las propuestas de la formación morada, PNV o ERC de que la vigencia sea "indefinida". Algunos diputados de la comisión recuerdan que podría darse la circunstancia de que se inicien las negociaciones y "nunca se llegue a un acuerdo", con lo que el convenio habría decaído igualmente.
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que "no tiene sentido" la ultraactividad indefinida y aboga por dinamizar la negociación colectiva para que "de verdad se negocie y no se congele el último convenio de forma perpetúa". Lo cierto es que el acuerdo presupuestario Gobierno-Podemos dice exactamente "ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia" sin especificaciones.
Otro aspecto complicado es el de limitar la prevalencia de los convenios en la subcontratación ya que la formación morada quiere que se derogue el artículo que impone el convenio de empresa sobre el sectorial, mientras el PDeCAT aboga por aplicar el convenio sectorial de la actividad de la empresa subcontratada. La clave está en definir lo que es una actividad propia o no de una empresa cuando se produce la subcontratación, ya que en el caso de las camareras de piso la duda es si deben regirse por el convenio de la empresa que les contrata (hostelería), dado que son parte de la actividad principal de esa compañía, o por el contrario deben regirse por el convenio sectorial de la limpieza.
La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha denunciado que el PSOE y el PDeCAT están avanzando en un acuerdo que "empeora sustancialmente la redacción de la reforma laboral del PP", al tiempo que Campuzano incide en que se deben reforzar los convenios sectoriales pero garantizando una "cierta flexibilidad en aspectos no nucleares", que en ningún caso serían los del ámbito salarial. El portavoz de Empleo del PNV Iñigo Barandiarán, valora que la ponencia vaya a incluir la prevalencia de los convenios sectoriales territoriales, muy presentes en el País Vasco, pero lamenta que se introduzcan otros debates que pueden distorsionar el consenso. "A ver si por abarcar mucho en temas diferentes no apretamos suficientemente en lo importante", ha advertido.
El Ejecutivo ha impulsado esta ponencia después de que haya alcanzado un preacuerdo laboral con los sindicatos sin el visto bueno de la patronal y ante la amenaza de grandes movilizaciones sindicales el 8 de febrero busca un acuerdo urgente en el Congreso. Desde ERC, el diputado Jordi Salvador, ha lanzado su advertencia: "Con nosotros no han negociado absolutamente nada".
"Nos vienen con todo cerrado", ha dicho Salvador, que intuye que el Gobierno no quiere ser "tan ambicioso" en revertir la reforma laboral de 2012 y ha avisado de que aún presentando un paquete de medidas favorables a los trabajadores podría pesar más la situación en cataluña. "Evidentemente nos pondrían en un dilema moral porque nunca votaríamos nada que perjudique a los trabajadores", ha aseverado sin descartar una posible abstención.
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