La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han puesto en marcha el registro de la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un Juzgado de Madrid ante presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras de ese departamento.
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha informado a los periodistas de ese registro, aunque ha explicado que la jueza que lleva la causa ha decretado el secreto de sumario. Quiñones ha adelantado que se trata de una investigación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que "lleva muchísimos meses llevándose a cabo y que va a suponer registros en la Consejería de Obras Públicas, en empresas y en domicilios privados".
El gobierno cántabro se ofrece a dar información
Fuentes de la Consejería de Obras Públicas han asegurado a Efe que se han puesto a disposición de la jueza encargada del caso y "trabajan codo con codo" con los agentes que están registrando la sede de ese departamento. De hecho, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, comparecerá en sede del Gobierno de Cantabria para dar más información sobre ese registro.
Según ha adelantado la cadena SER en Cantabria, el registro ha comenzado a primera hora de este miércoles por orden de un Juzgado de Madrid y supuestamente se investigan presuntas irregularidades en varios contratos del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas.
