Luis Bárcenas,el controvertido ex tesorero del PP imputado judicialmente por el caso Gürtel y ahora acusado de montar una red de pagos en dinero negro para altos cargos de su partido, llegó a acumular en cuentas ocultas en Suiza un capital de 22 millones de euros, difícil de justificar a partir de su sueldo.
Sin embargo, buena parte de esos recursos obtenidos de forma presuntamente irregular podrían terminar quedando exentos de responsabilidad penal alguna.
Si como asegura su abogado, Bárcenas aprovechó la amnistía fiscal para regularizar diez millones de euros, la Justicia ya no podría reclamarle ninguna clase de delito contra la Hacienda Pública por los recursos regularizados, según se establece en la normativa de la amnistía fiscal, salvo en el caso de que lograra demostrar explícitamente su origen delictivo.
La Agencia Tributaria ha salido rápidamente a la palestra para asegurar que Bárcenas no ha presentado ninguna declaración tributaria especial como persona física, pero lo cierto es que no puede garantizar que no lo haya hecho a través de alguna sociedad.
Sea como fuere, a ojos de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, el caso Bárcenas demuestra el fenomenal error que ha supuesto la amnistía fiscal planteada por el Gobierno y pone de manifiesto la posibilidad de que se haya aprovechado el proceso para regularizar recursos procedentes de actividades posiblemente delictivas.
Aún así, los inspectores de Hacienda aún creen que la información contenida en las declaraciones tributarias especiales presentadas en el marco de la amnistía fiscal puede ser útil para luchar contra el fraude.
Por este motivo, han pedido a la Agencia Tributaria que incluya la revisión de la información contenida en las declaraciones procedentes de la amnistía fiscal como uno de los ejes de investigación prioritarios en el Plan de Control Tributario para 2013.
Tres ventajas de comprobar la amnistía fiscal
Según los inspectores de Hacienda, la revisión de esa información tendría tres ventajas signficativas para la lucha contra el fraude:
La primera, y más importante, es que les permitiría chequear la posible procedencia delictiva de los fondos regularizados.
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, asegura que el cruce de la información ordinaria de los contribuyentes disponible en las bases de datos de la Agencia Tributaria con la declarada en la amnistía fiscal les permitiría "detectar posibles indicios de delito y ponerlos automáticamente en conocimiento de la Fiscalía para que pudiera investigarlos".
Hacienda, sin embargo, no lo permite. Al menos, de momento. En pleno proceso de amnistía fiscal y cuando ya había trascendido que la misma apenas había recaudado 52 millones en sus tres primeros meses de vigencia, Tributos garantizó que no se realizarían comprobaciones específicas a los potenciales usuarios de la regularización para animarles a regularizar.
La Agencia Tributaria considera, además, que esas comprobaciones sistemáticas no ayudarían particularmente a la hora de luchar contra el fraude.
Argumenta que las posibles irregularidades no declaradas que puedan haber cometido los defraudadores acogidos a la amnistía se pueden poner perfectamente de manifiesto en las inspecciones ordinarias que regularmente realiza el Departamento de Inspección.
No es la opinión de los inspectores, que están convencidos de que tras la información contenida en las declaraciones tributarias especiales se esconde una veta que permitiría aflorar cuantiosas irregularidades fiscales.
"Creo que obtendríamos importantes resultados, pero si no comprobamos esa información, no podremos", sentencia el presidente de la organización de inspectores.
En segundo lugar, los inspectores entienden que sería necesario realizar comprobaciones específicas de las declaraciones tributarias especiales para poner de manifiesto posibles irregularidades en otros impuestos.
La Declaración Tributaria Especial permitía regularizar con un pago del 10% la situación en los impuestos sobre la renta o sociedades, pero nada decía en relación al resto de impuestos.
Los inspectores entienden que los beneficiados de la amnistía deberían haber presentado declaraciones adicionales con los pagos por IVA, Patrimonio o Sucesiones no liquidados durante estos años, que han detraído recursos de las arcas del Estado y, singularmente, de las de las comunidades autónomas.
Algunas de éstas ya han manifesto su intención de exigir al Estado la parte de los recursos de la amnistía que les corresponde por el reparto establecido en el sistema de finaciación autonómica.
Por último, los inspectores entienden que se debe revisar la información proporcionada a Hacienda por los defraudadores para chequear que ésta es "completa y veraz", los dos principios que la legislación tributaria exige cumplir como garantía de la validez de cualquier regularización fiscal.
Los inspectores aseguran que a día de hoy es imposible saber si esos principios se han cumplido, puesto que Hacienda ha vetado la posibilidad de hacer comprobaciones específicas de la información presentada por los contribuyentes en las declaraciones tributarias especiales, una restricción que se impuso para incentivar que los defraudadores se acogieran a la amnistía fiscal.
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