Los cincos mayores agujeros negros en la información financiera del sector público

Mariano Rajoy se convirtió hace apenas unos días en el primer presidente del Gobierno de España que publica sus declaraciones de la Renta, en realidad el único referente del que puede disponer la ciudadanía para certificar que un alto cargo no se lucra personalmente con su actividad pública.

Esa obligación, o la de realizar una declaración de intereses particulares que certifique que éstos no interferirán en sus responsabilidades como cargos públicos, no es tal ni para los ministros, ni para los responsables de órganos reguladores ni para el resto de cargos autonómicos o locales, ya fueran elegidos en las elecciones o designados directamente por los que fueron elegidos.

Éstas son sólo algunas de las extensas zonas de sombra que rodean el desempeño del sector público español.

La ONG Transparencia Internacional, una organización con presencia en un centenar de países y que trabaja para luchar contra la corrupción y promover la transparencia social, económica y jurídica, ha identificado las cinco áreas de sombra en la información económica-financiera del sector público que sería más urgente resolver. Son éstas:

1. Carencia de información sobre elpatrimonio de los cargos públicos electos. Transparencia Internacional aboga por un código de buenas prácticas o por una regulación legal que impulse un compromiso por parte de todos los cargos públicos electos y altos cargos en general para formular y hacer pública una Declaración de Bienes e Intereses Particulares, como cauce para mejorar la credibilidad de la actividad política.

2. Insuficiencia de información sobre la financiación de los partidos políticos. El presidente de la ONG, Jesús Lizcano, consideró insuficientes, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que analiza la Ley de Transparencia, las medidas contenidas en la reforma de Ley de Financiación de Partidos Políticos recientemente aprobada y abogó por que éstos ofrezcan información detallada (no agregada) sobre sus ingresos, gastos y fuentes de financiación, así como los bienes que integran su patrimonio con desglose orgánico y geográfico. Además, plantea la obligatoriedad legal de que los partidos publiquen online el detalle de sus cuentas.

3. ¿Alguién sabe cuál es el patrimonio del sector público?"Nadie conoce con exactitud cuál es el patrimonio del Estado. Hemos preguntando en la Intervención General del Estado y en la Dirección General de Patrimonio y admiten que no tienen datos agregados", alertó Jesús Lizcano a los diputados en su comparecencia parlamentaria.

Transparencia Internacional denuncia que la información está aislada y atomizada, es decir, que cada departamento sabe cuál es su patrimonio, pero nadie conoce cuál es el patrimonio global. "Es un patrimonio público, que es de todos, y los ciudadanos tienen derecho a conocer, es necesario y urgente elaborar un inventario que permita conocer en su globalidad el patrimonio total del sector público, mejorar la eficiencia de su gestión e incluso desinvertir en aquello que no sea útil".

4. El embrollo del sector público empresarial. El propio Ministerio de Hacienda admite desconocer el perímetro total del sector público empresarial. En cada actualización del Inventario de las Administraciones Públicas afloran nuevas empresas hasta entonces fuera del rádar de Hacienda. Transparencia Internacional ha identificado más de 21.437 entes públicos, entre estatales (451), autonómicos (2.388) y municipales (18.598).

5. Ausencia de regulación de los lobbies. Hay países donde los cargos públicos dan cuenta de todas las reuniones que mantienen con representantes de organismos sectoriales, organizaciones empresariales y todo tipo de actores económicos con propósito de influir, es decir, los lobbies. En España no sólo no ocurre eso, sino que los lobbies se perciben como una realidad lejana. No es cierto, llevan años funcionando, funcionan hoy y seguirán funcionando.

A juicio de Transparencia Internacional sería necesario regular la relación de los poderes públicos con los lobbies. "No se trata de otorgar carta de naturaleza a un fenómeno inexistente, sino que significaría regular un fenómeno que lleva años funcionando sin ningún tipo de marco legal".