Los inspectores piden que Hacienda pague a confidentes para cazar defraudadores

Pagar a confidentes por información de relevancia fiscal inaccesible por los cauces regulados. Eso es lo que la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha planteado para ampliar los cauces de obtención de información más allá de las vías habituales y mejorar el rendimiento de la lucha contra el fraude fiscal.

La organización de inspectores, que aglutina al 90% de los profesionales de la Inspección de Tributos, plantea que el Ministerio de Hacienda habilite una especie de fondo reservado para que la Agencia Tributaria pueda pagar por "informaciones confidenciales de cuyo conocimiento se deriven el afloramiento y la recuperación de cuotas defraudadas".

Según fuentes de los inspectores de Hacienda se trataría de explotar el incipiente mercado de tráfico de información bancaria confidencial que ha surgido a raíz de la cada vez mayor preocupación de las principales economías occidentales por los ángulos muertos de su sistema fiscal.

También de incentivar el chivatazo, la delación de conductas fraudulentas por parte de los contribuyentes. El ex presidente de la organización, José María Pelaez, cree que los confidentes de bancos o despachos podrían recibir entre un 20% o un 30% de la sanción impuesta al defraudador por delatar su conducta irregular.

La principal objeción a este sistema es de carácter ético. ¿Debe pagar un Estado por información obtenida de manera posiblemente irregular para cazar a los contribuyentes que eluden voluntariamente la acción del Fisco?

Hasta ahora la respuesta que han dado a esta pregunta los altos cargos que han tenido responsabilidades dentro de la Hacienda Pública española ha sido negativa.

Sin embargo, una actuación de este tipo sería perfectamente legal. Los inspectores de Hacienda recuerdan que ya existe un fondo similar para el pago de chivatazos relacionados con operaciones de contrabando, autorizado dentro de la Ley de Represión del Contrabando.

Además, recuerdan, países occidentales punteros como Estados Unidos o Alemania ya han acudido a ese oscuro mercado de información bancaria confidencial obteniendo pingües beneficios.

Estados Unidos llegó a pagar 104 millones de dólares a un ex empleado de un banco suizo para obtener información sobre contribuyentes norteamericanos que escondían en Suiza fondos de espaldas al Fisco y distintos estados alemanes también han recurrido a pagar a confidentes para obtener información de contribuyentes con cuentas en países con secreto bancario.

España también se ha beneficiado, aunque sea indirectamente, de este tipo de prácticas. La popular lista Falcianide españoles con cuentas en el HSBC, que se ha convertido en la mayor operación contra el fraude fiscal realizada nunca en España, estaba dirigida en un principio a ese mercado negro de tráfico de información bancaria.

Luego, la Justicia francesa se hizo con ella y por esa vía España ha conseguido cazar 659 contribuyentes que, presuntamente, se aprovecharon de la extrema discreción del banco suizo para proteger sus patrimonios de la acción del Fisco.

Lo que proponen los inspectores de Hacienda, en concreto, es que se modifique la disposición adicional de la Ley de Represión del Contrabando para incluir la posibilidad de habilitar también partidas confidenciales "para las investigaciones de la Agencia Tributaria que pudieran dar como resultado la denuncia por delito fiscal".Actuaciones de incógnito

Pagar a confidentes por información de relevancia fiscal no es la única solución audaz que plantea el colectivo para luchar contra el fraude fiscal con nuevas armas.

Los inspectores plantean que se regule la posibilidad de realizar actuaciones de incógnito, sin el conocimiento previo del contribuyente, algo que en el marco actual no es posible, por sorprendente que parezca.

A día de hoy un inspector de Hacienda debe siempre identificarse antes de realizar cualquier acción. Lo que pide la organización es regular claramente en la ley una serie de supuestos concretos en los que el inspector podría obtener información sin la necesidad de identificarse previamente.

Pero hay más. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado considera que se debería ser mucho más contundente con los intermediarios, los despachos de asesores fiscales o las entidades financieras que ofrecen a sus clientes estrategias ilegales de planificación fiscal.

En esa línea, plantean tipificar como infracción tributaria o delito el ofrecimiento de servicios o productos orientados al fraude fiscal. Basta darse una vuelta por internet para constatar que hay numerosas páginas web que ofrecen este tipo de servicios.

Pero también establecer la responsabilidad solidaria de los despachos y entidades bancarias que comercialicen productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal, que, en algún caso, pueden constituir casos de fraude.

También que se obligue por ley a todas las entidades financieras que operen en España a revelar el listado de sus clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales, una información de la que disponen por las transferencias entre entidades a la cuenta de un determinado cliente y que a día de hoy no se exige.

Los inspectores aseguran que así se les facilitaría el trabajo, la lucha contra el fraude daría más resultados y los defraudadores se lo pensarían dos veces antes de saltarse el marco fiscal.