Un año desde el ajuste más duro del presidente Rajoy: ¿Qué se ha conseguido?

    • La subida del IVA ha cumplido el doble objetivo de satisfacer las demandas de Bruselas y contener el desplome de los ingresos por impuestos.
    • La resolución del millonario déficit de tarifa del sistema eléctrico y la reforma del sistema público de pensiones siguen pendientes un año después.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dispone a leer el discurso en el que anunciaría las medidas de ajuste.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dispone a leer el discurso en el que anunciaría las medidas de ajuste.

"Estoy haciendo algo que no me gusta. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas". El 11 de julio de 2012 Mariano Rajoy se presentó en el Congreso con un discurso que contenía un par de párrafos justificativos y 35 medidas de ajuste con las que pretendía ahorrar 65.000 millones de euros entre 2012 y 2013.

Las tensiones en los mercados de deuda y el deterioro de la situación económica habían hecho caducar los Presupuestos de 2012 apenas tres meses después de su aprobación y el Gobierno necesitaba enviar a Europa un mensaje de firmeza para ahuyentar el fantasma del rescate y recuperar la credibilidad perdida por una gestión inicial que Bruselas entendió como titubeante.

Y vaya si lo envió. Funcionarios, ayuntamientos, autonomías, agentes sociales, consumidores, no hubo un solo rincón del tejido económico nacional que no sufriera el recorte del Gobierno.

Un año después analizamos el impacto de las principales medidas de ajuste anunciadas aquel 11 de julio por el presidente del Gobierno:

- Subida del IVA. El Gobierno decretó la subida a partir del 1 de septiembre del tipo general del IVA del 18% al 21% y del tipo reducido del 8% al 10%, además del traslado de algunos bienes y servicios que hasta entonces tributaban al tipo reducido al tipo general. El objetivo era recaudar 2.300 millones adicionales en 2012 y 7.834 millones más en 2013.

La recaudación en 2012 fue incluso mejor que lo previsto y proporcionó 2.441 millones extra a las arcas públicas, evitando el desplome de ingresos que se habría producido por la caída del 5% del consumo gravado por el impuesto. Hasta mayo de este año, el IVA había proporcionado 4.032 millones adicionales, también por encima de lo estimado.

En su debe, la medida agudizó un 18% la caída de ventas de las empresas, según la propia Agencia Tributaria, y provocó un repunte coyuntural pero dañino del coste de la vida.

- Supresión paga extra de Navidad de los funcionarios. El Gobierno esperaba ahorrar a Estado, autonomías y ayuntamientos unos 4.000 millones de euros con esta medida y contribuir de este modo a facilitar el duro ajuste presupuestario que debían afrontar en 2012.

El objetivo se consiguió, aunque ahora los tribunales han empezado a cuestionar la licitud de la medida en un par de sentencias y los sindicatos del sector público confían en que la ola de recursos que han presentado prosperen y a las Administraciones Públicas no les quede otro remedio que devolver esa paga a sus trabajadores.

- Acelerar el proceso de sostenibilidad de las pensiones. Rajoy formuló también su intención de acelerar la reforma del sistema público de pensiones. De momento, se han aprobado medidas para restringir el acceso a la jubilación anticipada y parcial, con un ahorro estimado de 4.000 millones para el sistema público; y se ha presentado el informe de la Comisión de Expertos sobre el desarrollo del llamado 'factor de sostenibilidad'.

Nada dijo Rajoy ese día de suspender la actualización de las pensiones con el IPC, que en julio de 2012 todavía era un compromiso gubernamental, pero finalmente se vio obligado a romper ese compromiso para evitar añadir tres incómodas décimas de PIB al déficit público.

- Recorte de la prestación por desempleo. El Ejecutivo decretó la rebaja de la prestación por desempleo a partir del sexto mes de percepción desde el 60% de la base reguladora en que estaba entonces hasta el 50%. Rajoy también anunció incentivos para estimular la aceptación de ofertas de empleo por parte de los desempleados, aunque ninguna decisión se ha adoptado al respecto hasta ahora más allá de algún confuso y polémico programa piloto.

Es difícil evaluar el impacto de la medida, pero sí se sabe que a mes de mayo la prestación media del sistema fue de 849 euros, 16 euros menos que en el mismo mes de 2012.

- Fin de la desgravación por compra de vivienda en el IRPF. Seis meses después de haberla reimplantado en el marco fiscal tras su eliminación por el Gobierno de Zapatero, el Gobierno anunció de nuevo su eliminación por la presión de Bruselas, que veía la deducción fiscal por adquisición de vivienda como una de las causas de la burbuja inmobiliaria.

El Gobierno prevé un ahorro de 430 millones de euros este año por su eliminación, una cantidad similar a la que se habría ahorrado en 2012 de no haberla recuperado. Su mantenimiento ha permitido un repunte puntual del mercado inmobiliario en la última parte del año, que ha tenido su cruz en el arranque de 2013 donde las operaciones han vuelto a desplomarse.

- Mayor control sobre cuentas comunidades autónomas. Otra de las iniciativas anunciadas por Rajoy ese día fueron los hispanobonos, una suerte de títulos de deuda que emitiría el Estado para facilitar financiación a las comunidades autónomas, a las que por aquel entonces empezaban a cerrárseles las puertas de los mercados de deuda.

Al final no hubo hispanobonos, pero sí un Fondo de Liquidez Autonómico, dotado con 18.000 millones de euros y condicionado al cumplimiento del objetivo de déficit: 1,5% del PIB. Al final, las autonomías sólo solicitaron 12.600 millones y el Estado tampoco castigó a las que recibieron fondos y no cumplieron el objetivo, por ejemplo, Cataluña. Al fin y al cabo, las autonomías cumplieron en general con el ajuste que se les pedía.

- Reforma energética. Rajoy anunció el reparto entre todos los agentes -generadoras, distribuidoras, comercializadoras y, obviamente, consumidores- de los más de 26.000 millones de euros de déficit tarifario que arrastra el sistema eléctrico español.

Un año después, la reforma del sector energético sigue pendiente y únicamente se han adoptado una serie de medidas de emergencia para evitar que ese déficit continúe creciendo sin control.

Más allá de las medidas concretas, lo cierto es que la situación de la economía española es hoy bien diferente a la de entonces. La prima de riesgo estaba en aquellos días de julio en 574 puntos básicos con el bono español a diez años superando la frontera del 7% que desencadenó los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal.

Hoy, la presión de los mercados es mucho menor. La prima oscila ligeramente por encima o por debajo de los 300 puntos, la rentabilidad del bono a diez años se ha asentado por debajo del 5% y se empieza a vislumbrar el fin de la recesión.

Si esto es mérito del renovado impulso de consolidación fiscal y reforma económica que se inauguró hace ahora un año, como defiende el Gobierno, o de la acción decidida del BCE en defensa de las economías periféricas es algo que los analistas e historiadores tendrán que determinar.

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