'Macrooperación' de 432 millones de euros

¿Por qué España tardó tanto en cerrar la compra de material sanitario con China?

  • La falta de recursos de Sanidad y lo restrictivo de la legislación presupuestaria dilataron un proceso que se podría haber realizado más rápido.
Salvador Illa
Salvador Illa
Europa Press

"Estamos trabajando en el suministro", "estamos reforzando los mecanismos de compra", "compraremos tanto como se pueda", "el mercado está desordenado", "extremamos la precaución para que lo que se nos ofrezca esté disponible"...durante más de una semana al ministro de Sanidad, Salvador Illa, no le ha quedado más remedio que tirar de aplomo y evasivas para capear la tormenta de preguntas que una comparecencia tras otra le caía por no resolver una situación tan evidente como dramática: la escasez de material sanitario -mascarillas, respiradores...- para responder a las necesidades más básicas de atención de los afectados por coronavirus en un estado más grave y de protección del personal médico que los trataba.

El Gobierno consiguió al fin este miércoles poner punto y final a más de diez días de angustiosa espera con el anuncio de una 'macrooperación' de compra de material sanitario en China que pondrá a disposición de la extenuada e infradotada red sanitaria pública cerca de un millar de respiradores (955), 5,5 millones de test rápidos para identificar y aislar a la población contagiada, once millones de guantes y 550 millones de mascarillas. Hay que recordar aquí que apenas dos días antes Illa se felicitaba por haber distribuido 1,6 millones de mascarillas entre todas las comunidades autónomas...El pedido se irá recibiendo de forma escalonada y le ha costado al erario público 432 millones de euros.

La tensa espera de estos días no sólo ha abierto una enorme grieta en esa pretendida unidad de acción a la que tanto apela el presidente del Gobierno en sus comparecencias televisivas -especialmente con el Gobierno de la comunidad más afectada por la pandemia: la Comunidad de Madrid- sino que ha disparado las dudas sobre la capacidad del dispositivo gubernamental para gestionar esta crisis y las necesidades que va generando. ¿Qué ha ocurrido para que España haya tardado tanto en conseguir el material sanitario básico que necesitaba para la lucha contra el coronavirus? ¿Se podía haber gestionado de forma más rápida?

La Información ha tenido la oportunidad de tratar el asunto con media docena de personas, entre ellos altos funcionarios conocedores de los vericuetos del procedimiento administrativo y de los mecanismos de compra pública, y también con empresarios del ámbito sanitario, acostumbrados a tratar con proveedores y a lidiar con los singulares canales de provisión de materiales del mercado chino. El resumen es que sí, que el asunto se habría podido resolver de forma mucho más dirigente...pero que si no se ha hecho así no es tanto por una gestión deficiente sino por las tremendas barreras para la misma.

Sanidad: un ministerio sin estructura para coordinar una 'guerra'

"Tal vez encargar al Ministerio de Sanidad la coordinación de la respuesta del Gobierno contra la pandemia no fue la mejor idea". Asegura un dirigente empresarial con larga experiencia en el sector público. La aplastante lógica funcional de que fuera Sanidad el departamento encargado de coordinar la respuesta ante una emergencia sanitaria flaquea ante la evidencia operativa de sus muy limitados recursos -hay un puñado de secretarías de Estado dentro del Gobierno que poseen más estructura que ese ministerio- y de su escaso conocimiento de las potenciales necesidades de una red hospitalaria en manos de las comunidades autónomas desde hace casi dos décadas.

Los problemas de entendimiento con las comunidades autónomas en los primeros compases de la crisis adquirieron tintes dramáticos cuando la declaración del 'estado de alarma' puso bajo la coordinación de Sanidad todos los recursos sanitarios del país. Se decidió que el Ministerio coordinaría a través de Ingesa tanto la disposición del material sanitario disponible en sectores no esenciales como la adquisición de material nuevo en los mercados, y que luego éste se distribuiría entre las comunidades autónomas para evitar el caos que se podría generar con 17 sistemas sanitarios intentando conseguir material por su cuenta y riesgo, compitiendo unos con otros.

"Pero Ingesa no tiene ni los recursos ni la relación con proveedores que pueden tener, por ejemplo, las propias comunidades autónomas", subraya un empresario del sector sanitario. Ingesa se encarga básicamente de la gestión integral de los sistemas sanitarios de Ceuta y Melilla y aunque desde el año 2013 ha capitaneado un plan de contratación centralizada para ahorrar costes al sistema sanitario público, su radio de acción se limita sobre todo a productos farmacéuticos y su incidencia todavía es pequeña dentro del volumen total de compras de material sanitario que ejecutan de forma directa las autonomías. 

Sanidad ha maniobrado con rapidez para reforzar el departamento de compras de Ingesa pero en ese proceso se ha perdido un tiempo precioso, que no ha evitado tampoco que finalmente el órgano se haya tenido que apoyar en la Dirección General de Racionalización y Compra Centralizada del Ministerio de Hacienda para agilizar el procedimiento. "Para cuando Ingesa estuvo en disposición de acudir al mercado, la pandemia ya se había extendido por todo el mundo y la dificultad de conseguir material sanitario era mucho mayor", señala un proveedor de las AAPP.

Algunas comunidades autónomas, de hecho, han optado por moverse por su cuenta en el mercado -siempre con la autorización de Sanidad- para conseguir el material médico que necesitaban, antes que esperar a que Sanidad les resolviera el problema. "Nos consta que había mascarillas y EPI de sectores no esenciales que se almacenaron en naves tras la declaración del 'estado de alarma' y por los que el Ministerio ni siquiera ha preguntado después. No es que lo hagan a sabiendas, es que están desbordados", relata una fuente de un gobierno autonómico.

El inesperado problema de la normativa presupuestaria

"Cuando vas a comprar a China tienes que ir con el dinero por delante o con un aval que garantice ese dinero...pero la legislación presupuestaria española es muy estricta y hay muchas cosas que no permite". Esta reflexión de un ex alto funcionario del Ministerio de Hacienda pone en el foco otra de las barreras que se han encontrado los dirigentes del Gobierno a la hora de dar respuesta a esta crisis: la extraordinaria rigidez de la normativa presupuestaria española.

Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente, incluso con más entusiasmo, el equipo de Cristóbal Montoro sembraron de cautelas la regulación presupuestaria española para impedir que se gastara ni un solo euro sin el visto bueno previo de los técnicos del Ministerio de Hacienda no previeron que esto podía convertirse en un tremendo problema en casos de extrema necesidad.

La Intervención General del Estado y su equipo de interventores delegados destacados en los distintos ministerios tienen encomendada la misión de frenar cualquier gasto que no esté sostenido por un crédito presupuestario. Una política de prudencia de la gestión presupuestaria en 'tiempos de paz' pero una muralla administrativa infranqueable en momentos de necesidad. Así lo vio el Gobierno que tres días después de decretar el 'estado de alarma' y ya con los hospitales desbordados por la pandemia y sin material sanitario básico, se vio obligado a aprobar de urgencia un cambio legal para suspender temporalmente el control de la Intervención sobre cualquier expediente de gasto público. No ocultaron su objetivo: agilizar la adquisición del material necesario para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Y éste no es más que uno de los filtros que establece la normativa presupuestaria. "Es muy posible que las diferentes garantías que establece el procedimiento presupuestario hayan retrasado la liberación de fondos para una operación de este calibre", aventura un miembro del cuerpo de interventores del Estado .  "Cuando a ti te piden dinero y tú dices que sí, pero que no lo vas a tener hasta dentro de unos días, lo que ocurre es que no te venden el material", explica una fuente empresarial, acostumbrada a este tipo de operaciones comerciales.

"El procedimiento presupuestario en España es muy garantista, pero también extraordinariamente rígido y ningún interventor se va a arriesgar a autorizar un gasto si no cumple escrupulosamente la normativa presupuestaria", explica un miembro de ese cuerpo superior de la Administración.  "Hay comunidades autónomas que han conseguido material sanitario mientras el Gobierno seguía negociando ese gran operación en China y hay otros actores que han conseguido mascarillas o guantes en el mercado de forma casi inmediata...en la misma contexto de mercado. Algún problema ha habido", señalan en fuentes sanitaria.

Otro vector ha influido en el asunto: las garantías que ofrece el proveedor. Con un mercado cada vez más inundado de productos de baja calidad por la infinita demanda existente, a Sanidad le preocupa que una compra descontrolada haga que lleguen a España remesas de productos de baja calidad, ese "extremar la precaución" del que hablaba el ministro Illa. La determinación del Gobierno en ese sentido es tal que este miércoles la Agencia Tributaria emitió, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, una norma para controlar en frontera la calidad de los dispositivos sanitarios y no sanitarios importados de otros países al objeto de impedir que dispositivos de calidad inferior sean utilizados en la atención médica y hospitalaria -caso de las mascarillas o guantes de aislamiento- y que los de naturaleza sanitaria pasen el preceptivo control sanitario que establece la normativa. 

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