El Imserso retiró o modificó la pensión de 43 personas cada día durante 2020

Cobrar una pensión no contributiva, cuya gestión corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se ha convertido para 452.461 personas en prácticamente el único recurso para poder vivir ante la imposibilidad de percibir una pensión de la Seguridad Social, que está condicionada a una cotización mínima de 15 años. El importe medio de las prestaciones del Imserso es de 404 euros mensuales en 14 pagas y las principales beneficiarias son mujeres incapacitadas o con 65 años que no han podido trabajar por dedicarse plenamente a su familia, una situación que ha cambiado en los últimos años y que queda patente en el aumento del número de mujeres cobrando una pensión contributiva.

Las pensiones no contributivas (PNC) se financian a través de aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el Presupuesto de gastos y dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y se abonan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en Navarra y el País Vasco. El coste total rondó en 2020 los 2.552 millones de euros, un presupuesto considerable, pese a que desde 2014 un 35% de las solicitudes -133.000- fueron denegadas y acabaron en un cajón.

Mientras uno de cada tres solicitantes se queda sin percibir esta pensión al no reunir alguno/s de los requisitos exigidos legalmente, son también muchos los que pese a haberla logrado en una primera instancia ven cómo -por nuevas circunstancias económicas- dejan de percibirla o se encuentran con una prestación menor al del mes anterior. Junto a esto, a finales del mes de febrero había pendientes de resolución 27.009 solicitudes.

Revisión anual y fin de la prestación

Cada año, un porcentaje muy elevado de prestaciones se revisa con el objetivo de regularizar sus importes, condicionados por diferentes situaciones, y que van de 1.409 euros anuales a 5.639 euros, o lo que es lo mismo entre 100 y 402 euros mensuales en 14 pagas. Los límites de ingresos en el hogar familiar están vinculados al número de personas que conviven en éste.

Tras la revisión, nueve de cada diez pensionista ven confirmado su derecho a seguir percibiendo la prestación y la cuantía que reciben, sin embargo, casi un 5% ve modificada su pequeña nómina y el 2,38% se les retira la ayuda. Entre las causas que se alegan para retirar la pensión están el incumplimiento del requisito de carencia de rentas, que puede ser debido a que los ingresos de la unidad económica de convivencia (UEC) del pensionista superen el nivel de recursos aplicable. Otra de las circunstancias, es el fallecimiento, que representa un porcentaje del 46%.

Durante el ejercicio pasado, de las 212.512 pensiones revisadas, un total de 15.655 fueron retiradas o se modificó su cuantía, un número bastante menor que el de otros años debido a que en 2020, por los problemas burocráticos originados por la pandemia, se revisaron 50.000 prestaciones menos que en los años anteriores. Según la Estadística del Imserso, en los últimos siete años 222.257 pensionistas han perdido su derecho a prestación o la han visto modificada, habitualmente a la baja.

El efecto de la pandemia

Durante 2020, año en el que España vivió lo peor de la pandemia del coronavirus, que afectó fundamentalmente a las personas mayores, las solicitudes de prestaciones no contributivas cayeron más de un 20%, un porcentaje muy importante teniendo en cuenta que durante los últimos ejercicios los descensos medios habían rondado el 3%.

Como en otros organismos que gestionan prestaciones y ayudas, la Covid ha ralentizado los procesos resolutivos. Las 27.000 solicitudes pendientes del mes de febrero apenas suponen 94 menos que un mes antes. El tiempo medio de tramitación de una solicitud en los últimos siete años ha sido de 157 días y solo Cataluña y Canarias han estado por encima de la media. A partir de 2018, el tiempo medio de resolución empezó a subir y se disparó en 2020, con 211 días de media, una espera que se hace especialmente larga en personas sin recursos.

El tiempo de tramitación de una solicitud de jubilación es inferior al de una de invalidez, que requiere más informes. Con respecto a 2019, los días para tramitar la prestación de jubilación y la de incapacidad no contributiva ha aumentado en 31 y 36 días, respectivamente. La Comunidad Autónoma de Canarias presenta un coeficiente de gestión de 666 días, mientras que en las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco -que tienen gestión independiente- se sitúa en 27 y 39 días, respectivamente