El portazo a las agencias de empleo deja a Valerio sin plan contra el paro estructural

  • Trabajo se ahorra 85 millones de euros, pero se gastará 272 millones en financiar la contratación de 3.000 orientadores por parte de las autonomías.
Imagen de la cola del paro / 20 Minutos (Jorge París)
Imagen de la cola del paro / 20 Minutos (Jorge París)

La exministra de Trabajo, Fátima Báñez, decidió en 2014 pedir ayuda a las agencias privadas de empleo agobiada por la carga insoportable de unas cifras de empleo que mostraban casi seis millones de parados y una tasa de desempleo del 25,73%. "Toda ayuda es poca", debió pensar la ministra que activó por primera vez en España un programa de colaboración público-privada en materia de orientación e inserción laboral. Lo hizo con timidez: el programa apenas preveía una dotación de 30 millones.

En 2018 este canal disponía ya de 85 millones de financiación y todo apuntaba a un salto cualitativo tras la adquisición de una herramienta de perfilado de desempleados que permitiría realizar acciones de inserción mucho mejor orientadas. Todo cambió el 1 de junio. El Gobierno cambió de color y buena parte del plan de modernización de los servicios públicos de empleo de Báñez acabó en el cajón. La nueva titular del departamento, Magdalena Valerio, reveló pronto sus planes: no renovaría el convenio de colaboración con las agencias privadas de empleo.

Así lo hizo. Y en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha dado un paso más, cerrando el grifo a las agencias de colocación y poniendo fin a los dos programas presupuestarios que servían para sufragar su trabajo de colaboración con los servicios regionales de empleo en la orientación de los parados y su posterior inserción laboral. 

La maniobra le ha servido al Gobierno para 'liberar' 85 millones de euros de créditos presupuestarios que le han venido de perlas para financiar sus 'medidas estrella' en este ámbito: la reinstauración del subsidio para desempleados mayores de 52 años y la contratación de 3.000 orientadores para los servicios públicos de empleo.

La parte mala es que la actividad de las agencias de colocación ha sido la principal herramienta gubernamental para insertar en el mercado de trabajo a los parados con peores expectativas de empleabilidad, mayores de 45 años, jóvenes con baja cualificación...¿Qué se va a hacer a partir de ahora? Trabajo confía en que la contratación de 3.000 orientadores en los servicios de empleo no solo compense la actividad que realizaban las agencias de colocación sino que mejore sus resultados, aunque este plan se orienta específicamente a la reducción del desempleo juvenil.

Los presupuestos del Gobierno no especifican gran cosa respecto a sus planes para el resto de parados de larga duración, más allá de comprometer un incremento de "la dotación destinada a financiar labores de orientación en los servicios públicos de empleo autonómicos, con especial atención a colectivos específicos, como son las personas jóvenes y las personas paradas de larga duración".

Un 14% de candidatos colocados

Fuentes de Asempleo, la patronal de las agencias privadas de colocación, aseguran que el plan de colaboración público-privada habría obtenido un porcentaje de inserción del 14% sobre el volumen total de candidatos cuya inserción laboral se ha gestionado, lo que se sitúa holgadamente por encima de la tasa de inserción de en torno al 3% que acreditan los servicios públicos de empleo, aunque es para el conjunto de sus inscritos, no solo los parados de especial dificultad. 

Hay que tener en cuenta que las condiciones de este programa establecían que para ser considerada como colocación - y obtener el bonus de entre 1.000 y 3.500 euros que las agencias obtenían del erario público - se debía acreditar que el candidato había tenido un empleo al menos durante seis de los ocho últimos meses.

"Lo que pedimos es que se evalúe de manera objetiva e independiente la eficacia y la eficiencia de este programa antes de tomar una decisión", explica Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, "y que se establezca un marco estable de colaboración de las agencias de empleo con los servicios públicos de empleo, porque creemos que es necesario, no para que desaparezcan sino para poner todos los recursos a favor del empleo".

La perspectiva de los sindicatos es algo diferente. Critican, precisamente, que los Presupuestos hayan destinado más de 600 millones de euros en los últimos años a estos programas sin evaluación alguna sobre sus resultados y abogan por colocar esos recursos en el sistema público, como ha hecho el Gobierno. Asempleo alega que la dotación presupuestaria nunca se ha agotado: "Se calculaba sobre el óptimo de que se colocara al 100% de los candidatos y la tasa de inserción ha estado en el entorno del 14%, los pagos han sido muy inferiores", explican desde la organización empresarial.

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