Óscar Tomasi
Lisboa, 26 jul.- Portugal afronta los últimos días de plazo para presentar las primeras reformas acordadas a cambio del rescate financiero con la mayor parte de sus deberes hechos, entre ellos la extinción de la llamada "acción de oro" en Portugal Telecom (PT).
Los derechos especiales que conservaba el Estado en la mayor compañía de telecomunicaciones del país desaparecieron hoy, con el voto positivo de sus accionistas, un año después de que Portugal los utilizara por última vez con el objetivo de vetar la venta de su filial brasileña Vivo a Telefónica.
La "golden share" en PT es la primera -y más emblemática- que oficialmente desaparece, una vez el Gobierno luso ya aprobó el decreto ley que regula esta extinción, decisión que deberá ser refrendada en las asambleas generales de la eléctrica Energías de Portugal (EDP) y la petrolera Galp a lo largo del mes de agosto.
El derecho de veto que mantenía el Estado en PT fue ejercido por el entonces Ejecutivo socialista en julio de 2010 para impedir que la española Telefónica adquiriera Vivo por 7.150 millones de euros.
La operación finalmente se cerró por 7.500 millones y una vez que la compañía lusa se aseguró su continuidad en el mercado brasileño con una participación en Oi, como exigía el ahora ex primer ministro, José Sócrates.
La desaparición de estos derechos especiales, criticados en varias ocasiones por la UE -y declarados ilegales por los tribunales de Justicia comunitarios-, era uno de los requisitos que figuran en el memorando de entendimiento firmado con las instituciones internacionales como contrapartida por su auxilio financiero.
El acuerdo alcanzado por Portugal con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional recoge una inversión de 78.000 millones de euros en préstamos a cambio de un severo programa de ajustes y reformas, parte de los cuáles deben ser puestos en marcha antes del 1 de agosto.
Entre estas medidas destacan los cambios en el mercado laboral dirigidos a abaratar el despido a través de la reducción de las indemnizaciones.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada una propuesta de ley para rebajar las compensaciones en los contratos nuevos de 30 a 20 días por año de trabajo y con un límite máximo de 12 meses, así como implementar un fondo destinado a financiar parcialmente el coste de los despidos para nuevas contrataciones.
Los contratos antiguos también se verán afectados con recortes en las indemnizaciones, aunque en este caso el plazo para que el Gobierno presente sus propuestas vence en diciembre de 2011.
Otras reformas ya iniciadas son la reorganización de las entidades municipales, el aumento de la carga fiscal -a través de la creación de un impuesto extraordinario al salario-, y la reducción del gasto público con la suspensión del proyecto de Alta Velocidad para unir Madrid y Lisboa, entre otras medidas.
En el lado del "debe", Portugal todavía presenta un compromiso pendiente por cerrar: El Banco Portugués de Negocios (BPN), nacionalizado en 2008 por irregularidades en sus cuentas y por el que se han interesado cuatro compañías.
La Caixa Geral de Depósitos -que controla en estos momentos la entidad- debe informar ahora de cuáles son las mejores ofertas para que el Gobierno adopte su decisión.
La venta del BPN supuso un quebradero de cabeza al anterior Ejecutivo, que lo puso en venta en varias ocasiones, pero sin éxito.
A la espera de desprenderse definitivamente del banco, Portugal afronta un futuro marcado por nuevos y más profundos ajustes -y con previsiones de recesión para este año y el que viene-, centrado en cumplir a toda costa con sus compromisos con la UE y el FMI.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios