El PP podrá derogar el impuesto a la banca pero sólo revisar el de las energéticas

El Partido Popular optó por rebelarse contra los gravámenes temporales a la banca y las energéticas y contra el nuevo tributo a las grandes fortunas,  aprobados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, comprometiéndose a derogarlos en caso de que llegase al poder. El adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio anunciado este mismo lunes por el Presidente, Pedro Sánchez, abre la posibilidad de que un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo se instale en la Moncloa los próximos cuatro años. Ante un escenario de este tipo, el nuevo Ejecutivo tendría margen para eliminar la tributación a las entidades financieras y el mal llamado impuesto a los 'ricos', si bien solo podría retocar el que actualmente afecta al sector energético, recuerdan fuentes próximas al Gobierno.

El motivo es que la Unión Europea ha puesto en marcha su propia "contribución solidaria temporal" sobre los beneficios extraordinarios del petróleo, el gas, el carbón y la refinería que no están cubiertos por el tope máximo de los ingresos inframarginales, lo que se conoce como beneficios caídos del cielo. Esta contribución temporal, que mantiene los incentivos a la inversión para la transición ecológica y a diferencia del gravamen nacional no incluye a las eléctricas, la recaudan los Estados miembros sobre los beneficios de 2022 y/o 2023, cuando estos superen en más de un 20% las ganancias medias de los tres años anteriores. 

Los Estados miembros deben emplear los ingresos de esta contribución solidaria a brindar apoyo financiero a los hogares y las empresas afectados por la crisis energética e inflacionaria y para mitigar los efectos sobre la economía del alza de precios de la electricidad. La clave está en que el Consejo Europeo acordó, además, que los estados miembros pueden mantener medidas nacionales equivalentes a esta tasa siempre que sean compatibles con los objetivos del reglamento y generen ingresos al menos comparables. Por todo lo anterior, el próximo Ejecutivo que salga de las urnas -en caso de que sea de distinto color político- tendrá que adaptarse a lo aprobado en Bruselas. 

El viraje del mapa político y las medidas fiscales

El PP asestó un duro golpe al PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del domingo, tras las que los socialistas sólo consiguieron mantener el poder en Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Los populares desbancaron a la formación de bastiones como Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja o Baleares. Este resultado llega meses después de que los líderes autonómicos populares hayan plantando cara al Gobierno Central en uno de los núcleos de su agenda económica, la política fiscal. Los resultados avivan la batalla entre territorios sin que el Gobierno haya abierto ni siquiera el melón de la reforma tributaria integral -que recomiendan a España organismos internacionales y que la propia ministra de Hacienda se comprometió a abordar en esta legislatura- o del nuevo modelo de financiación autonómica, dado que el actual caducó en 2014 y ningún Ejecutivo desde entonces ha sido capaz de modificarlo.

El PP ha sido especialmente beligerante contra los impuestos temporales que gravan los ingresos de la banca y las energéticas, con los que el Ejecutivo Central tenía previsto recaudar alrededor de 10.000 millones de euros en los dos ejercicios en los que, en principio, estarán en vigor (2023 y 2024). En Génova defienden que, lejos de combatir la subida de los precios, estos gravámenes pueden contribuir a impulsar la espiral inflacionista y a encarecer el crédito. Tras las generales habrá que ver qué sucede con ambos de cara a 2024, un ejercicio en el que Bruselas recuperará las normas fiscales y volverá a presionar a los Estados miembro para que se ciñan a la senda de consolidación pactada. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reforzada por la mayoría absoluta, ha apostado abiertamente por eliminar estos dos impuestos especiales y el de solidaridad a las grandes fortunas, que el Ejecutivo Central puso en marcha para contrarrestar las bonificaciones que autonomías como la suya (también Andalucía y Galicia) aplicaban al Impuesto de Patrimonio, generando un problema de 'dumping fiscal' que ha sido denunciado por otras regiones. Cataluña y Cantabria, donde también ha habido giro político, así como Murcia y Asturias no cuentan con las bonificaciones de los territorios donde ya gobernaba el PP, pero aplican un tipo inferior al fijado por el Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas (3,5%), por lo que sus ciudadanos también tienen que abonarlo.

Junto a Patrimonio, el modelo fiscal que defienden los populares apuesta por una rebaja generalizada de impuestos como el IRPF o Sucesiones y Donaciones para, según defienden, retener a las grandes fortunas. El que han venido aplicando los socialistas a lo largo de la actual legislatura pone en el foco la progresividad del sistema y en garantizar unos ingresos públicos que permitan mantener el colchón social en un momento en el que, de hecho, persisten la mayoría de los grandes problemas que han golpeado a la economía a raíz de la pandemia y, muy especialmente, de la invasión rusa de Ucrania

Inflación, menos poder adquisitivo y deflactar el IRPF

A la vez que el Banco Central Europeo (BCE) va a seguir subiendo los tipos para controlar una inflación más persistente de lo que se había previsto -la tasa anual del IPC volvió a escalar en abril hasta el 7% en la Eurozona y la subyacente se mantiene cerca de niveles máximos-, las familias y las empresas tienen que lidiar con un fuerte encarecimiento de los costes de financiación, las turbulencias financieras han afectado ya a la concesión de crédito, la subida del precio de los alimentos sigue apenas sin frenarse y, pese a que el mercado laboral resiste, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares -que también han visto menguar el ahorro embalsado en pandemia- ha sido evidente.

Esa pérdida de poder adquisitivo es la que alentó a algunas autonomías populares a promover una campaña de deflactaciones en la tarifa autonómica del IRPF a la que, finalmente, se sumaron también territorios socialistas, elevando la tensión y los rifirrafes de unos barones autonómicos con otros y entre estos y el Gobierno de coalición. Algunos de los líderes que han sido desbancados del poder en su autonomía en el 28M habían expresado su malestar por esto último. 

Finalmente, hasta ocho comunidades autónomas han deflactado o bajado la tarifa, algunas de ellas han hecho lo propio también con los mínimos personales y familiares en Renta: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia Valencia y Aragón. Hacienda rechazó aplicar esta medida porque, según explico María Jesús Montero, parte del esfuerzo que suponía para el Estado beneficiaría a las rentas más altas -que no lo necesitan-. Así, su Ministerio optó por una rebaja concreta para rentas de hasta 21.000 euros, así como por ampliar la reducción por rendimientos del trabajo.