El PP ha decidido dar la batalla en los tribunales contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que la Comunidad de Madrid presentara este miércoles un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional por la deuda 377 millones de euros que acumula del Ministerio de Hacienda por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, Génova ya se prepara para frenar la próxima maniobra en el terreno fiscal de los socialistas. Se trata de la armonización a nivel nacional de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio con el objetivo de que los grandes patrimonios paguen lo mismo independientemente de donde se encuentren empadronados. El principal afectado sería la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso.
El anuncio lo hizo hace justo una semana la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y fue reafirmado por el presidente, Pedro Sánchez, ayer mismo. El objetivo del PSOE es igualar ambas tasas en todo el territorio, lo que obligaría a que Madrid eliminara su bonificación del 100% en Patrimonio y a elevar Sucesiones y Donaciones. Otras autonomías en manos de los populares, como Andalucía, también se verían afectadas. "No se trata de obligar ni acabar con la autonomía de las comunidades", dijo Montero, sino de "innovar" en política fiscal.
Ante esta situación Génova está preparando una batería de medidas legales contra el Gobierno. Los dos ejecutivos principales que ostentan los populares -Madrid y Andalucía- serían los principales damnificados y eso es un torpedo a la línea de flotación a sus promesas electorales: la rebaja de impuestos. "Es una injerencia en el principio de autonomía de las comunidades y no lo vamos a permitir", apuntan fuentes del equipo económico del PP. Los servicios jurídicos ya están activados.
En el programa electoral del PSOE conocido ayer no existe ninguna mención a esta medida concreta, pero sí una mención genérica contra los grandes patrimonios. "Impulsaremos los trabajos de la recién creada unidad central de coordinación de las actuaciones de control de contribuyentes con patrimonios relevantes", defiende el texto con el que Sánchez se presenta a las elecciones del 10 de noviembre. Ni rastro del Impuesto de Sucesiones o Patrimonio en el texto.
Para el PP el impuesto de Sucesiones y Donaciones es "un robo a mano armada", según indican fuentes del partido. Recuerdan que más de una docena de países de la UE los han eliminado y que no tiene sentido atacar el ahorro de los ciudadanos. De hecho Génova va a seguir impulsando para las elecciones del 10-N su propuesta estrella en materia económica: el blindaje fiscal del ahorro. Es un plan diseñado para que los compradores de vivienda habitual puedan tener un ahorro de cara a su jubilación. "No se va a penalizar el haberse esforzado y haber ahorrado cuando se jubilen o necesiten ese dinero una vez que ya no tienen ingresos", indican en el partido que preside Pablo Casado.
La batalla económica por Madrid, clave
Madrid es el territorio que está plantando batalla al Gobierno central de forma más contundente. El pulso fiscal entre PSOE y PP debe enmarcarse en esta autonomía. Montero ha asegurado que los grandes patrimonios madrileños deben contribuir más, ya que se benefician del "efecto capitalidad al tener a las grandes empresas con sus sedes allí". Sánchez añadió más leña al fuego ayer en su entrevista en 'Espejo Público' al afirmar que "los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por Sucesiones y se acaba así con fuentes de oportunidad en otros territorios (...) Se va a armonizar (este impuesto) para los grandes patrimonios, no para la clase media".
El jefe del Ejecutivo en funciones añadió que por ese "efecto capitalidad" Madrid se puede "permitir el lujo de suprimir Sucesiones y eso beneficia a los grandes patrimonios, no a la clase media". Llegó a hablar de "dumping fiscal" en la capital para criticar que la derecha, a su vez, defienda la lucha contra la despoblación en la España vacía.
Isabel Díaz Ayuso salió ayer rápidamente a replicar al Gobierno y a defender sus rebajas de impuestos. Mientras Génova ya trabaja en su batería de medidas legales, la presidenta madrileña dijo que las declaraciones de sus rivales son de "extrema gravedad". "Resulta que la comunidad que mejor funciona de España es la enemiga de todas las demás", aseguró. Para la lideresa popular el resto de autonomías tienen que "tomar ejemplo" de Madrid y "bajar ellos los impuestos".
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