El Pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado la flexibilización de los objetivos de déficit propuesta por el Gobierno socialista, con lo que decae la nueva senda presupuestaria pese a contar con la aprobación del Congreso. Con 150 votos en contra, principalmente del PP pero también de Cs, Coalición Canaria y Foro, la senda de déficit para el periodo 2019-2021 solo ha contado con 97 votos favorables, entre ellos los del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Grupo Vasco, PDeCAT o Compromís, además de con una abstención.
Se trata de la segunda vez que es rechazada, después de que el pasado mes de julio no lograra superar el primer trámite en el Congreso, algo con lo que ya contaba el Gobierno, que la volvió a presentar para cumplir con los trámites previos a la aprobación en enero de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Ante esta situación, el PSOE ha registrado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el bloqueo que el PP y Cs han impuesto desde la Mesa del Congreso a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permitiría al Gobierno aprobar los presupuestos de 2019.
El Pleno del Senado ha estrenado así su capacidad de veto a la senda de déficit, la única que tiene, ya que en el resto de las leyes el Congreso siempre tiene la última palabra. Hasta ahora esta capacidad de veto nunca se había utilizado desde que el PP la introdujo en 2012 por medio de una modificación en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero critica a PP y Cs por no creer en la ciudadanía
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a PP y Cs de hacer gala de un patriotismo "de quita y pon, de bandera y balcón, de pulsera y de cinturón", pero que está alejado del interés general de la ciudadanía, como demuestran al negarse a votar a favor de un mayor margen presupuestario. Durante su defensa ante el Pleno del Senado de una senda de déficit más flexible para el periodo 2019-2020, Montero ha acusado a ambos partidos de "despreciar" las políticas que se dirigen a mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de la ciudadanía porque desde su "rigorismo liberal (...) nunca han creído ni en el Estado del bienestar ni el en Estado de las autonomías".
Montero, ha comenzado confesando el "desencanto" que le provocaba la certeza de que su senda presupuestaria no podría sortear la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, se ha ido creciendo a lo largo de una intervención en la que se ha mostrado muy dura contra la "pinza nostálgica inmovilista" que han formado PP y Cs frente al Ejecutivo socialista. La ministra ha insistido en que 2018 se cerrará con un déficit del 2,7 % del PIB, cinco décimas por encima del comprometido por el anterior Gobierno del PP, por las trampas que los populares hicieron en los Presupuestos del año pasado, en los que no todas las políticas contaban con los fondos necesarios. Ha hecho hincapié en que con la senda vigente el Gobierno se enfrenta a la doble tarea de bajar el déficit el año que viene, pero también de hacer "los deberes no realizados por el PP", que se gastó "los más de 6.000 millones que ahora no deja que las Administraciones Públicas puedan utilizar de forma legítima".
Les ha pedido a PP y Cs que expliquen a las autonomías que no van a poder tener el año que viene 2.500 millones adicionales, de los que 383 millones le corresponderían a Andalucía, 133 millones a Galicia, 124 millones a Castilla y León, y 66 millones a Murcia, comunidades que ha citado como ejemplo. También que den la cara ante los pensionistas, ya que la Seguridad Social contará con 2.500 millones menos. El Estado por su parte tendrá unos 1.200 millones menos que la ministra ha dicho que se recortarán de las inversiones "que no crecerán todo lo que nos gustaría", si bien ha reiterado la intención del Gobierno de aprobar los Presupuestos de 2019 en Consejo de Ministros en enero.
Su discurso ha sido muy político, apelando continuamente al interés general por encima de los intereses partidistas, y pidiendo tomar en consideración "las necesidades de la personas, las realidades del pueblo y las circunstancias que rodean a las familias". "Pueden optar por la política de tierra quemada o por defender el bien común", ha espetado la ministra al PP y Cs, a quienes ha acusado de no respetar la decisión de la soberanía popular representada en la cámara baja, que la semana dio su visto bueno a los nuevos objetivos de déficit.
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado que el discurso de la ministra era el de la derrota y el fracaso, y le ha recordado que su partido "no quiere ser cómplice" de un Gobierno dispuesto a "hacer lo que sea" por mantenerse en el poder. Asimismo, ha explicado que votaban en contra para evitar más gasto y más impuestos en un momento de enfriamiento de la economía, y para impedir que los socialistas se financien "la campaña electoral más larga" con el margen presupuestario de 6.000 millones.
También ha intervenido el portavoz de Presupuestos del PP, Juan Antonio de las Heras, quien ha criticado que el único objetivo del Gobierno es aguantar la Legislatura con "los socios de la ultraizquierda y con separatistas, nacionalistas y filoetarras, que lo único que pretenden es la división del Estado español". En la misma línea, el senador de Cs Francisco Javier Alegre ha denunciado que solo el Ejecutivo conoce los "pactos secretos" alcanzados con el presidente de Cataluña, Quim Torra, a cambio de su apoyo, al tiempo que ha criticado que Podemos sea quien "realmente hace la política económica".
Entre los grupos favorables a la senda de déficit, el portavoz de Unidos Podemos, Ferrán Martínez, ha reprochado al PP que esté "hurtando una sanidad, una educación y una dependencia dignas", al tiempo que se ha indignado por la simetría que los populares han establecido entre su formación y Vox. La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (GPV), María Dolores Etxano, ha advertido de que su apoyo no significa un "cheque en blanco" para los Presupuestos.
El senador del PDeCAT, Josep Lluis Cleries, ha reiterado que su apoyo tampoco es un "sí" a los Presupuestos y que el voto favorable de su partido responde a los 470 millones adicionales que tendría Cataluña, en tanto que el senador de ERC, Bernat Picornell, ha incidido en que no quieren levantarse de la mesa de negociación.
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