La precariedad que sufren los jóvenes en España se deja sentir especialmente entre los huérfanos menores de 25 años. Tanto es así que la elevada tasa de paro juvenil y los bajos salarios que cobran los ocupados de este colectivo han disparado el gasto en pensiones de orfandad hasta un 50% en los últimos diez años. Es uno de los efectos más dramáticos de la crisis económica: los jóvenes atraviesan serias dificultades subsistir por sí mismos y dependen, en muchos casos, del apoyo de sus padres, incluso después de haber fallecido estos.
Los registros de la Seguridad Social reflejan un repunte en la nómina de las pensiones de orfandad de casi 46 millones de euros desde 2009 hasta la última mensualidad abonada el pasado mes de marzo, que superó los 136,7 millones de euros. La escalada es del 50% en la última década y no tiene parangón con las subidas experimentadas por el resto de prestaciones, mucho menores (32% en viudedad, 20% en incapacidad permanente y 42% a favor de familiares), a excepción, por supuesto, de las pensiones de jubilación, cuya nómina se ha disparado un 55%.
Ahora, cada mes cobran una pensión de orfandad en España cerca de 340.000 jóvenes, un 27% más que en el año 2009. Ingresan, de media, 400 euros, frente a los 340 de hace diez años. Casi la mitad de estas prestaciones –en torno al 47%– reciben complementos a mínimos directamente de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, cuentan con el respaldo de la solidaridad de todos los ciudadanos para cubrir la insuficiente aportación del fallecido, y, en conjunto, suponen una factura anual de unos 2.000 millones de euros.
¿A qué se debe esta carga cada vez mayor? Varios motivos explican esta evolución. Hay dos principales: por un lado, la precariedad, que se ha cebado especialmente con la población más joven, durante la crisis y también ahora, en la recuperación; por otro, los cambios normativos que introdujo la reforma de las pensiones de 2011 para elevar la protección a los jóvenes que han perdido a alguno de sus progenitores.
La tasa de paro juvenil alcanzó el 57% en lo peor de la crisis, en el año 2013. Desde entonces, ha caído hasta el 33,5% en el cuarto trimestre de 2018 (último dato disponible), pero todavía supone más del doble del nivel de desempleo total de España. La cantidad de menores de 25 años en paro al finalizar el año pasado aún era de 502.900 personas. Las cifras nos sitúan en la 'lista negra' de Europa, solo por detrás de Grecia. Además, los jóvenes en nuestro país firman contratos con condiciones de entrada al mercado laboral extremadamente precarias y cobran sueldos que no llegan ni a mileuristas (11.316 euros anuales, según la última encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística).
Estas condiciones llevaron al Gobierno, ya en 2011, a modificar la regulación para adaptarla a una nueva realidad en la que los jóvenes de 25 años viven en estos tiempos en condiciones similares a las que tenían antes los de 21. Por eso, se amplió el límite para cobrar la pensión de orfandad de 21 a 25 años en caso de no contar con ingresos suficientes, tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Beneficiarios de la pensión de orfandad
Menores de 21 años o mayores incapacitados en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. También los mayores de 21 años y menores de 25, cuando no efectúen trabajos por cuenta propia o ajena o, cuando realizándolos, los ingresos obtenidos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso académico.
Condiciones mejoradas y precariedad enquistada. Es la combinación que ha disparado el gasto en orfandad. Precisamente, este tipo de pensión, incluida en las conocidas como prestaciones de muerte y supervivencia, es una de las que están en el foco del debate sobre la sostenibilidad del sistema. Ante la necesidad de reducir la carga que soporta la deficitaria Seguridad Social, el Pacto de Toledo ha apostado por la separación de las fuentes de financiación y aquí se ha planteado la posibilidad de que estas prestaciones, junto a otras como las de viudedad, sean directamente financiadas por los Presupuestos Generales del Estado.
Otros expertos defienden que se trata de prestaciones netamente contributivas, pues requieren que el causante fallecido estuviese en alta y hubiera cotizado durante un tiempo al sistema, por lo que deben financiarse con cotizaciones y no vía impuestos. La solución pasaría por transformar las condiciones de las pensiones de viudedad y orfandad, convirtiéndolas en no contributivas y respetando así la naturaleza del propio sistema de la Seguridad Social. El debate está abierto.
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