Si hay una región especialmente afectada por la precariedad laboral es Andalucía. El mapa de España dibuja una brecha económica abismal entre el norte y el sur del país y ese 'gap' es evidente no solo en indicadores como la tasa de paro o la renta per cápita, sino también en otros fundamentales para determinar la calidad de vida de los ciudadanos como es la tasa de temporalidad en el empleo. Los datos son tan alarmantes, sobre todo durante la temporada veraniega, que prácticamente se puede afirmar que los andaluces no firman contratos fijos durante estos meses.
Con la llegada del buen tiempo se dispara la demanda turística en los destinos de sol y playa. Y aquí Andalucía es la reina. Se trata del tercer destino español preferido por los viajeros internacionales, solo por detrás de Cataluña y las islas, y por delante de regiones tan emblemáticas como la Comunidad de Madrid. Los negocios, en particular los relacionados con el sector servicios, sobre todo la hostelería y el comercio, refuerzan sus plantillas para recibir a la marabunta de visitantes... Pero la inmensa mayoría del empleo que crean en estos meses tiene fecha de caducidad.
No hay más que echar un vistazo a los contratos registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Los últimos datos, correspondientes al pasado mes de julio, reflejan una tasa de temporalidad que roza el 96% en la región andaluza. Junto con la extremeña, es la más elevada de todas las comunidades autónomas y se sitúa muy por encima de la media nacional, que ya ronda un más que excesivo 90%.
A la vista de estas cifras, no hay motivos para la autocomplacencia. En su análisis de las estadísticas de julio la Junta de Andalucía destacaba los cinco meses consecutivos de caída del paro, hasta los 752.799 desempleados, la cifra más baja desde enero de 2009. Si bien la Consejería de Empleo reconocía que el desempleo sigue alto y la estacionalidad de los contratos sigue marcando al mercado laboral andaluz, teniendo en cuenta que este descenso coyuntural del mes de julio está ligado "a una evolución positiva del sector servicios y a los dientes de sierra que presenta la ocupación de esta actividad".
Los 'farolillos rojos'
De hecho, las cifras de la precariedad se agravan si se amplía el mapa y se analizan los datos de zonas geográficas de menor extensión. Tres provincias andaluzas ostentan el dudoso honor de encabezar el listado de la temporalidad. Se trata de Jaén, con una disparatada tasa del 98,08%, seguida muy de cerca por Huelva (98,05%) y después por Córdoba, con un 97,13%. Así, de acuerdo con las cifras del Sepe, el pasado mes de julio la práctica totalidad de los contratos firmados en estas tres regiones de Andalucía tuvieron un carácter temporal.
Situación muy parecida se vivió en el resto de la comunidad autónoma, con un 96% de temporalidad en Cádiz, en torno al 95% en Granada y Sevilla y cerca del 93% en Almería y Málaga. Las magnitudes de empleo inestable son alarmantes para una región con más del 21% de paro, la mayor tasa de toda España y muy por encima de la media nacional del 14% que arrojó la última Encuesta de Población Activa (EPA), la del segundo trimestre del año. Los farolillos rojos están en Cádiz, Granada y Jaén, con tasas de desempleo superiores al 24% en todos los casos.
Si bien es cierto que la EPA viene reflejando tasas de temporalidad mucho más reducidas, los expertos prefieren fijarse en los registros mensuales de las oficinas de empleo, que es donde se contabilizan todos los contratos que se firman cada mes. De cualquier manera, la proporción de trabajadores andaluces en situación de precariedad que muestra la encuesta que elabora trimestralmente el INE es también muy elevada en comparación con el resto del país. En concreto, alcanza el 35,8%, casi diez puntos por encima de la media del 26,4% a nivel nacional.
Ante esta realidad, desde CCOO Andalucía lamentan que el descenso del paro en verano se sustente en empleo "de muy baja calidad, estacional, y en el sector servicios (restauración, sector hotelero, turismo…), caracterizado por ser temporal, precario y con una alta rotación". Existen, a su juicio, "síntomas muy preocupantes", como que "de cada 100 contratos que se firman en Andalucía, más de 95 son temporales".
En la misma línea, el sindicato CGT denuncia los "alarmantes datos de contratación temporal durante el mes de julio" y habla de una "situación de emergencia ocupacional en la que la pobreza extrema alcanza ya incluso a los que constan oficialmente como empleados pero sus contratos son ridículos, de entre una y cuatro horas de trabajo diario".
Una lacra nacional
Esta "emergencia ocupacional" que se ceba con el sur de España no es más que la cara más amarga de una realidad que afecta a todo el país. De vuelta a los datos por provincias del pasado mes de julio las mejor paradas en lo que a temporalidad se refiere son Madrid, con un 83,22%, Baleares, con el 83,47%, Gerona, con un 84,33%, y Barcelona, con el 86,52%. Aquí se observa perfectamente la brecha abierta entre el norte-centro y el sur del país, si bien estas tasas son todavía excesivamente elevadas y hay que recordar que, de media, solo uno de cada diez contratos que se firman cada mes en España son indefinidos.
Detrás de estos datos existe una lacra enquistada por la propia estructura y características del mercado laboral español, tan marcado por la estacionalidad, pero también por las decisiones que han ido adoptando los sucesivos gobiernos. El contrato fijo está de capa caída, en parte, por la decisión del Ejecutivo socialista de acabar con el contrato de apoyo a emprendedores que introdujo la reforma del PP, y también por un menor ritmo en las conversiones de temporales a indefinidos.
El Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha dos planes de choque contra la temporalidad y la parcialidad en 2018. El resultado fue la conversión de 61.445 contratos temporales en indefinidos –el 76,3% de los afectados por el Plan–, y 8.824 ampliaciones de jornada en contratos a tiempo parcial –el 17,5%–. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado la reedición de estos dos planes con el objetivo de luchar contra la contratación temporal abusiva y a tiempo parcial en fraude de ley. El ministerio remitirá 85.000 cartas, un 4% más que el año pasado, que afectarán a un total de 238.015 personas trabajadoras, un 81% más.
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