La Consellería de Infraestruturas e Vivenda marca un precio de 1,40 euros por billete para los usuarios generales en los nuevos contratos de medio y corto recorrido que sacará para prestar el servicio en un total de 500 líneas. Además, en los de larga distancia, el pago será en función de los kilómetros.
De ello ha informado la titular del departamento autonómico, Ethel Vázquez, que ha explicado que este mismo martes el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica los 42 anteproyectos de explotación de estos nuevos servicios, que serán de transporte integrado --escolar y general-- y que cubrirán las zonas afectadas por las renuncias de las concesionarias a las líneas en agosto de 2016.
En la rueda de prensa también ha participado el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, que ha precisado que tras la publicación en el DOG, las empresas interesadas tienen, a partir del miércoles, un plazo de diez días naturales para trasladar su interés a la Xunta en prestar estos servicios "viables y económicamente atractivos". En este periodo, los interesados, como los ayuntamientos, también podrán presentar alegaciones.
Una vez terminado este proceso, la Xunta estudiará las alegaciones para, a lo largo del mes de junio, aprobar los proyectos definitivos e iniciar su contratación de cara a que en agosto se comience con la implantación de los nuevos servicios.
En este punto, Maestro ha precisado que "no todos los contratos son grades" ya que algunos solo incluyen la necesidad de "dos autobuses". "La media es de 13 para que las empresas puedan presentarse tanto en unión temporal de empresas (UTE) como de forma independiente", ha explicado el director xeral en referencia a evitar una posible concentración del sector en manos de grandes entidades.
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS
Con estos nuevos contratos, cuatro de larga distancia y 38 "zonales", la Xunta busca "garantizar el servicio y mejorarlo" ya que los usuarios generales verán incrementadas las paradas toda vez que estas 500 líneas, el "10% del total de las existentes en Galicia, integrarán el transporte general con el escolar".
La combinación de estos dos modelos, ha señalado la conselleira, motiva que las concesionarias tendrán que introducir en todos los autobuses integrados la figura de un acompañante que velará por el bienestar de los alumnados.
Además, también ha precisado que el objetivo es garantizar el derecho de los alumnos, por lo que buscará que no afecte a los horarios habituales. "Lo prioritario es cumplir con los servicios escolares, tanto en recorridos como en horarios", ha incidido.
TRANSPORTE A DEMANDA
Con todo, fuera del calendario escolar, estas 500 líneas que estarán afectadas por los nuevos contratos se cubrirán con el modelo de transporte a demanda mientras que otras mantendrán los recorridos establecidos de forma regular.
Así, Ethel Vázquez ha precisado que "serán los mismos recorridos" pero que el usuario demandará el día anterior a través de una central de llamadas, que será la encargada de adaptar el vehículo que prestará el servicio al número de personas que lo quieran utilizar.
En concreto, este nuevo modelo de transporte afecta 200 municipios situados en la práctica totalidad de la provincia de Ourense y en parte de la de Lugo. Además, de forma más residual, hay zonas afectadas en Pontevedra y menos A Coruña, en función de la cantidad de empresas que renunciaron en agosto del pasado año a prestar los servicios.
Por ello, el nuevo modelo permitirá que más de 1,7 millones de personas tengan una parada de autobús a menos de 500 metros al pasarse de 2.100 a 4.500 paradas.
FASES
La publicación de estos anteproyectos representa uno de los primeros pasos para la puesta en marcha, el próximo mes de agosto, de la primera fase del Plan de transporte público de Galicia que se enmarca en la reordenación global del sistema de transporte público en Galicia, que culminará con la aprobación definitiva del plan, en diciembre de 2019.
El Parlamento gallego aprobó el pasado año la Ley 10/2016 de medidas urgentes para la actualización del sistema de transporte público de Galicia, que establecía las actuaciones que debe seguir la Administración para adaptar el sistema a las necesidades de la sociedad en materia de movilidad, a través de la elaboración de un Plan de transporte público.
De acuerdo con esa ley y dado que una parte importante de las actuales concesiones de transporte público regular perderán su vigencia el próximo mes de agosto, la Xunta centra esta primera fase en la reordenación de las zonas afectadas por la caducidad inminente de las concesiones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios