Alrededor de 4 millones de españoles se encuentran en la actualidad en situación de ERTE. Esta es una de las consecuencias derivadas de la pandemia por Covid-19. Los expedientes de regulación temporal de empleo fueron flexibilizadas a mediados de marzo para que las empresas afectadas directamente por el brote pandémico pudiesen aliviar sus costes salariales. Más tarde, en mayo, el Gobierno suscribió con las patronales CEOE y Cepyme, y con los sindicatos UGT Y CCOO, una cláusula para prorrogar estos expedientes hasta el 30 de junio.
Sin embargo, es posible que el parón de actividad no permita a muchas empresas continuar con el mismo nivel de actividad, sobre todo a aquellas relacionadas con el turismo, la hostelería, los espectáculos musicales o cinematográficos, entre otros sectores. De hecho, el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses, que debían suscribir todas las empresas que se acogieran a un ERTE por Covid también se flexibilizó.
En la nueva cláusula se puede leer: "Este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo".
Una alternativa para intentar paliar la potencial sobrecarga de salarios que muchas empresas se encontrarán al finalizar sus expedientes de regulación de empleo es la posible negociación de prejubilaciones. Como trabajador, lo primero que se debe tener presente antes de plantearse esta posibilidad, si no se quiere perder ningún derecho de cara a la futura pensión pública, es su diferenciación con la jubilación anticipada.
Ambas situaciones implican dejar de trabajar y dar por concluida la vida laboral. Sin embargo, mientras que con la jubilación anticipada se puede acceder a la pensión que otorga la Seguridad Social antes de la edad legal, la prejubilación no implica ninguna prestación pública, ya que es una situación no contemplada por el organismo.
La prejubilación consiste en un acuerdo entre empresa y empleado en el que se da por concluida su relación laboral, pero con unas garantías económicas, que suelen ser iguales o parecidas a las que se tenían cuando se trabajaba. Y es en ese suelen donde se debe prestar especial atención, ya que una mala negociación puede fulminar la futura pensión pública de jubilación.
Seguir cotizando
La clave principal para no perder la futura pensión pública es asegurarse el pago mensual a la Seguridad Social hasta alcanzar la edad mínima legal de jubilación. Es decir, la empresa debe llegar a un convenio especial con la Seguridad Social en nombre del trabajador, para que éste siga recibiendo la cuantía de su cotización y pueda abonarla cada mes al organismo. De esta manera, llegada la jubilación podrá cobrar su pensión.
Dicho convenio empieza a funcionar después de cesar la prestación contributiva de desempleo, ya que la persona que accede a la prejubilación se inscribe en el sistema como desempleado y demandante de empleo. A la hora de cobrar el paro se mantiene la misma base de cotización que se tenía en los seis meses anteriores a la prejubilación.
Además del pago de la cotización a la Seguridad Social, lo más habitual es que la empresa desembolse una cantidad fija monetaria para todo el periodo, o que se acuerde una retribución mensual, que suele ser entre un 60% y un 80% del salario. También puede optar por realizar parte de este pago a través de aportaciones a planes de pensiones o productos similares, ya que implican una serie de beneficios fiscales tanto para la empresa como para el trabajador. En definitiva, la prejubilación consiste en conjugar los intereses de la empresa y del trabajador.
En el caso de no haber llegado a un acuerdo con la empresa, al acabar la prestación contributiva por desempleo, siempre que se carezca de rentas y de manera opcional, también se puede solicitar el subsidio por desempleo, que puede durar entre 6 y 18 meses. Además, si el trabajador tiene más de 55 años, este subsidio se puede ampliar hasta cumplir la edad para acceder a la jubilación anticipada u ordinaria, siempre y cuando se carezca de rentas. Para contabilizar las rentas es importante tener en cuenta que no solo se examinan las propias, sino también las del cónyuge y las de los familiares más cercanos con los que se conviva.
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