“¿Prejubilados de oro? Entré a trabajar en Banesto con 15 años, cuando me prejubilé, hace cuatro años, a los 56, llevaba cotizados 41 años y cuando me llegue la edad efectiva de prejubilación habrán sido 48. Los EREs no los planteamos los trabajadores, son las empresas, en este caso el Banco de Santander, que ha presentado unos beneficios de 7.000 millones el pasado año. Lo socialmente reprobable sería que una empresa con beneficios plantee prejubilaciones y éstas le cuesten dinero al erario público. En mi caso, todo el coste lo asumió el banco y espero que en este nuevo ERE también sea así”.
Gregorio La Paz lleva cuatro años como prejubilado del Banco Santander y percibe el 80% de su salario, "que era de 40.000 euros, que no es un sueldo tan alto si llevas en el banco desde los 15 años". Gregorio, sindicalista de UGT, reconoce que las condiciones con las que se fue de su trabajo de toda la vida a los 56 años fueron muy buenas y destaca que fue de forma voluntaria, "porque ahora existe la figura del ‘voluntario obligado’ por la empresa y esa es ya otra cuestión". Además, "yo les digo a mi familia, vecinos y amigos: vosotros no pagáis nada de mi prejubilación. Yo me voy con una cantidad que me va a pagar el banco hasta los 63 años, con lo que me jubilo anticipadamente, y durante este periodo de tiempo seguimos pagando a la Seguridad Social por el convenio especial, por lo que se puede decir que no son malas prejubilaciones para el conjunto de la sociedad, porque no le supone coste alguno. Paga el banco. Ahora mismo, sin embargo, ya que parece que se acepta que una empresa con beneficios pueda hacer un ERE, sí se está aceptando que haya compañeros que cobren el desempleo. Ahí está el problema, que la sociedad asuma parte del coste de un ERE".
Por ello, para este prejubilado madrileño de 60 años el problema del actual ERE que plantea el Banco Santander "podría estar en que no sea totalmente voluntario para quienes tengan que irse y que parte del coste del ERE se tenga que asumir vía desempleo y erario público". De cualquier manera, Gregorio La Paz se teme que las condiciones en las que se marchen los cerca de 4.000 trabajadores que plantea el Santander sean peores que las que "disfrutamos quienes nos fuimos en procesos de reestructuración anteriores. Me lo dicen mis antiguos compañeros, si tuviéramos las mismas condiciones que vosotros nos íbamos mañana".
Según parece, las condiciones que planteará la entidad cántabra serán similares a las que pactó hace un año con los empleados de los servicios centrales: el 80% del salario más una ‘hucha’ de indemnización. Rafael Sánchez trabajaba en los servicios centrales del banco en Madrid. Era de los que "venía del Popular" y se fue a casa encantado, hace un año, con 52 años, después de llevar 25 trabajando en el banco. "Estaba claro que sobraba gente porque con la fusión se duplicaban puestos y las personas de los servicios centrales somos de difícil recolocación. Nuestra preocupación era que nos pudieran echar a la calle con 20 días de indemnización por año trabajado o que nos externalizaran… Al final nos pudimos ir en muy buenas condiciones y no voy a pedir perdón"..
Por ello, reconoce que quizás sí que sea un privilegiado comparando con otros sectores, pero "yo no tengo la culpa de haber trabajado en banca y poder disfrutar de estas condiciones. Si el Banco Popular no se hubiera ido al garete en dos años, de lo que los trabajadores no tenemos la culpa, yo no me hubiera prejubilado y seguiría trabajando, pero…”
Al igual que pretende ahora el Santander, Caixabank acaba de acordar con las organizaciones sindicales la salida de 2.023 trabajadores del banco mayores de 53 años con un 57% del salario y una prima de entre 18.000 y 28.000 euros, lo que supondrá un coste para la entidad catalana de casi 500.000 euros por trabajador. Una práctica que se ha convertido en habitual en la banca española, que desde la crisis ha adelgazado su plantilla en más 100.000 personas, pasando de los 270.000 empleados que tenía las casi 50 entidades de ahorro españolas en 2008 a los apenas 161.000 empleados de los once grandes grupos que ahora quedan en funcionamiento. Un sector en el que había 46.221 sucursales abiertas en 2008 frente a las 26.319 de diez años después. Esa es la justificación de la banca para su enorme restructuración: la digitalización y el sobredimensionamiento que supuso la burbuja inmobiliaria.
Bankia, BBVA, Sabadell, Liberbank, Unicaja, Kutxabank, Abanca … Todas las entidades han recurrido a los ERE y a las ‘prejubilaciones de oro’, alguna de estas entidades en varias ocasiones, pero no es el único sector que ha tirado de ellas, aunque desde la enmienda Telefónica y la reforma laboral del 2012 sean las empresas con beneficios las que corren con todos los gastos de las mismas. Desde empresas públicas como RTVE, Navantia, Paradores, Hunosa o Correos a privadas como Telefónica, Barclays Bank, Pfizer, Johnson & Johnson, Nokia Siemens, Schweppes, Danone… Una práctica que se hizo popular, sobre todo, con la gran reconversión industrial de los años 80 y 90. Hasta el punto de que en algunas zonas, como en Asturias o en Euskadi, se llamaba a los prejubilados de aquella industria pesada como los ‘aristócratas del metal’ merced a las excelentes condiciones con las que se fueron a sus casas mucho antes de cumplir la edad legal de jubilación.
En los últimos 10 años se han prejubilado o jubilado anticipadamente alrededor de 1,3 millones de personas en España. El 40% de los 3,5 millones de nuevos pensionistas que hay en nuestro país desde el año 2008. Y es que la prejubilación se convirtió hace ya 40 años en un mecanismo no traumático para ajustar los excedentes de plantilla de los sectores industriales en crisis. Posteriormente, el sistema lo han utilizado grandes empresas para reducir costes, reorganizando sus estructuras y procesos, a la par que otras entidades del sector público en dificultades.
Así, por ejemplo, La minera estatal asturiana Hunosa, según el plan acordado el pasado mes de abril entre la Sepi y los sindicatos, prevé jubilar hasta 2023 a más de 500 trabajadores, en torno al 55% de la plantilla actual, a partir de los 51 años de 'edad química' (la edad física más coeficientes reductores). 400 empleados saldrán en los próximos tres años, pero serán más de 500 los que se acojan a esta medida hasta 2023. El sector de la minería es quizás, el que más ha echado mano de este sistema de las prejubilaciones para reducir su plantilla hasta dejarla casi a cero, desde los 30.000 trabajadores con los que contaba en 1998.
El 30 de octubre de 2016 Catalino Fernández Suárez bajó por última vez a la mina, el pozo Sotón de Hunosa en San Martín dcl Rey Aurelio (Asturias). Tenía entonces 47 años (54 de edad ‘química’ por los coeficientes reductores que se aplica a un trabajo de la penosidad y peligrosidad que tiene que desarrollar un minero). "A veces, pese a la peligrosidad y a la dureza del trabajo, echo de menos cuando a las 6,45 de la mañana se cerraba la ‘jaula’ y bajábamos a las galerías a sacar carbón. Ser minero es una forma de vida, una cultura, una filosofía…"
Mucha se ha escrito sobre las prejubilaciones teóricamente desorbitadas que percibían a cuenta del erario público los mineros retirados anticipadamente (más de 30.000) en los diversos planes de reestructuración que se han llevado a cabo desde 1992 por los sucesivos gobierno del PSOE y el PP. Lo cierto es que sus emolumentos van desde los 1.600 o 1.700 euros a los 2.573,70 (la pensión máxima), que percibe un minero que trabajaba en el arranque (extracción del mineral) o un empleado cualificado del ‘pozu moqueta’, como se conocía a los trabajadores de las oficinas de Hunosa.
Mientras, Pedro sigue paseando su perro por la playa a orillas del Mediterráneo, como hace cada día desde que hace seis dejó ‘voluntariamente’ su empleo de toda la vida en el BBVA. Él también fue prejubilado, aunque ya ha alcanzado la edad fijada para jubilarse oficialmente tras haber estado cotizando durante 45 años. Cobra la pensión máxima, 2.100 euros netos al mes, después de que su empresa continuase cotizando por él pese a estar prejubilado desde los 57. Rafael Sánchez, nuestro prejubilado de los servicios centrales del Banco Popular, reconoce que vive sin ningún tipo de problema económico debido a su paga. Son la nueva clase social, eso que algunos llaman los ‘prejubilados de oro’. Y el número va a seguir aumentando.
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