Prensa de EE.UU. habla del estallido de la burbuja crediticia en Puerto Rico

San Juan, 7 jul.- La prensa financiera estadounidense habla hoy del "estallido" de la burbuja crediticia en Puerto Rico y liga la falta de reacción de Washington a la cuestión del estatus político de la isla caribeña.

En sus ediciones digitales, el semanario económico Forbes liga la asfixiante situación del Gobierno de Puerto Rico para pagar su deuda y las de sus empresas públicas al tema del estatus político, mientras que el diario The Wall Street Journal habla del riesgo real de impago que se avecina.

Las periodistas Maryellen Tighe y Ellie Ismailidou señalan en un artículo conjunto que aparece hoy en Forbes que Washington parece maniatado a la hora de poner en marcha un hipotético rescate financiero para la isla.

Argumentan que tanto respaldar financieramente al Estado Libre Asociado como abandonarlo a su suerte puede interpretarse, en el primer caso, como un espaldarazo a una futura anexión de la isla o cerrar cualquier puerta a que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de EE.UU., en el segundo.

El artículo señala además que el rescate financiero sería una nueva carga para el bolsillo del contribuyente estadounidense, aunque algo mucho menos perturbador que una posible bancarrota como la declarada por Detroit en diciembre de 2013.

Puerto Rico, por su estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU., ni siquiera puede acogerse a una bancarrota bajo la ley federal como lo hacen los municipios del país norteamericano, lo cual, según el semanario, llevaría a que cualquier reestructuración de su deuda recordara a episodios vividos en Argentina o Grecia.

La periodista especializada temas de América Latina Mary Anastasia O'Grady resume por su parte en el Wall Street Journal que Puerto Rico tomó durante años demasiado dinero prestado y ahora da señales de no poder pagar su deuda.

La única pregunta pendiente es "quién pagará los platos rotos", apunta O'Grady, para quien la isla "vivió alucinando durante la última década con el dinero barato de los prestamistas estadounidenses".

Dice que en este contexto sería bueno intentar ser honestos sobre la causa del problema, pero que hasta el momento la clase política local "parece más inclinada a dejar a sus prestamistas en el aire y continuar como si no hubiera pasado nada".

Recuerda que a finales de junio, el gobernador Alejandro García Padilla firmó una ley que permite la reestructuración de los miles de millones de deuda de los monopolios estatales de electricidad, agua y autopistas de la isla.

La ley, según destaca, sorprendió al mercado de bonos municipales porque Puerto Rico "tiene una fuerte tradición de respaldar la deuda de los monopolios públicos cuando es necesario".

La columnista señala que la nueva ley pudo haber tenido la intención de asegurarles a los bonistas que Puerto Rico salvaguarda los fondos necesarios para pagarles a ellos primero, algo que no está tan claro si se tiene en cuenta que Moody's el pasado 30 de junio en su parámetro de expectativa de cesación de pagos a un año, sitúa a Puerto Rico por encima de países como Argentina, Venezuela y Ucrania.

Las firmas de inversión Franklin Templeton y OppenheimerFunds, que suman 1.700 millones de dólares en deuda de la Autoridad de la Energía eléctrica (AEE), han llevado la nueva ley ante los tribunales federales y la semana pasada Moody's dijo que "provee un camino claro para la cesación de pagos de las corporaciones públicas", recuerda el principal diario financiero.

"Podría ser tentador tratar de preservar el Estado paternalista de Puerto Rico y pasar el costo de los malos manejos a los inversionistas. Pero los acreedores están prestando atención ahora y la mala voluntad no pasará inadvertida", concluye.

La AEE anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo con la banca local para posponer algunos pagos que la empresa que ejerce el monopolio del sector en la isla tenía pendiente con las entidades financieras y que vencían el próximo 31 de julio.

Se calcula que AEE acumula casi 9.000 millones de dólares en deuda emitida (unos 6.600 millones de euros) y cada vez tiene más dificultades para pagar los intereses de los bonos que van venciendo, por lo que una de las "alternativas" de las que habló la AEE puede ser la declaración de insolvencia ante sus bonistas.

La ley aprobada recientemente establece las bases para que las corporaciones públicas, con cerca del 40 % de los casi 73.000 millones de dólares de deuda de la isla, puedan declararse en quiebra para renegociar con sus acreedores.