El naufragio de los Presupuestos en el Congreso amenaza con ahogar la legislatura de Pedro Sánchez y, a la espera de conocer mañana viernes cuándo serán las elecciones, crecen las presiones al presidente para que ejecute las medidas laborales que prometió cuando desembarcó en La Moncloa. Le vienen por la izquierda -desde Unidos Podemos- y por el flanco sindical -desde CCOO y UGT-, y le exigen nada menos que cumpla con lo pactado tanto en el acuerdo presupuestario como en las mesas del diálogo social. Todos creen que hay margen para alterar la legislación si acaba por imponerse el 28 de abril para la celebración de los comicios, pues las Cortes no se disolverían hasta el 5 de marzo, con los 54 días de rigor.
En los sindicatos cunde la decepción. En Podemos, la frustración. CCOO y UGT tenían grandes expectativas cuando vieron a Sánchez arrebatar el palacio presidencial a Mariano Rajoy, el creador de la reforma laboral de 2012 y el origen, según ellos, de todos los males del mercado de trabajo. Fueron los primeros invitados del presidente a La Moncloa y allí acordaron avanzar juntos para acabar con los aspectos más lesivos de aquella ley del PP. La formación morada, por su parte, había puesto su grano de arena en materia laboral en el proyecto de Presupuestos que acaba de tumbar el Congreso.
Por eso, unos y otros no quieren dejar pasar la oportunidad que les brinda un Gobierno socialista para hacer realidad sus reivindicaciones. Ocho meses no han sido suficientes para modificar el Estatuto de los Trabajadores (ET) e implantar medidas como el polémico registro horario obligatorio en las empresas. Y han comenzado a moverse por la amenaza de unas elecciones anticipadas. En los últimos días han elevado la presión al Ejecutivo para que tramite ya algunas de las cuestiones que se encuentran bastante avanzadas y que podrían ponerse en marcha en cuestión de días. El tiempo apremia y la disolución de las cámaras podría resultar letal para sus aspiraciones.
En los sindicatos, efectivamente, reconocen que existen recelos ante la posibilidad de que unas elecciones antes de lo que preveían acaben por consolidar un tripartito de centro-derecha (PP-Ciudadanos-Vox) que revierta los avances que se han producido en el diálogo social. Hay que recordar que sus máximos dirigentes, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) convocaron la semana pasada a 10.000 delegados en una macroasamblea sindical en la que pidieron solo una cosa a Pedro Sánchez: audacia para llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) lo que ya está firmado.
Y es que las centrales mayoritarias aseguran que hace ya semanas que se consensuaron una serie de medidas con el Ministerio de Trabajo, como la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad o el registro de la jornada. De hecho, fuentes del área económica del PSOE confirman que el Gobierno lleva tiempo trabajando en dos asuntos: la modificación del artículo 42.1 del ET, para garantizar la igualdad de condiciones laborales de trabajadores subcontratados, y la del artículo 84, para restablecer como prioritario el convenio de sector.
Los sindicatos también ven margen para sacar adelante una minireforma laboral, incluso de las pensiones, en las semanas previas a las elecciones que todo indica que se celebren el 28 de abril, según la opinión que maneja el equipo de Sánchez. Asimismo, desde el PSOE especifican que el Ejecutivo ha avanzado en el polémico control de los horarios y admiten que las centrales sindicales han elevado la presión para que se lleven a cabo estos cambios que, sin embargo, generan una oposición frontal entre los empresarios.
Las empresas constituyen la tercera pata del diálogo social y su opinión es determinante en la toma de decisiones que afectan al mercado de trabajo. La patronal rechaza el 'pack' laboral que viene preparando el departamento que dirige Magdalena Valerio. Fuentes de la CEOE aseguran que no están de acuerdo con que el Gobierno se eche en brazos de las reivindicaciones sindicales e insisten en continuar hablando en la negociación colectiva. Para los empresarios sería un error imponer estas medidas de forma precipitada y confían en que un adelanto electoral frene la iniciativa.
La propia ministra Valerio ha abierto la puerta a llevar a cabo modificaciones legislativas en el ámbito que le compete por la vía del real decreto. Aún sin digerir la frustración de no haber podido sacar adelante el 'pack' laboral incluido en los PGE, con medidas estrella como la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años o la ampliación de la baja de paternidad a ocho semanas, la ministra anunció en una entrevista en La Sexta que, a parte de las modificaciones del ET que está tramitando el Congreso, el Gobierno tiene un plan B que incluye la aprobación del registro horario obligatorio en un inminente Consejo de Ministros. "Es de extraordinaria y urgente necesidad, me lo pide cada día la Inspección de Trabajo", justificó Valerio incidiendo en la importancia de la lucha contra el fraude.
Poco margen para cualquier retoque
En el PSOE también admiten que realizar estas modificaciones antes de un adelanto electoral podría traer alguna complicación. "Con un crecimiento tan débil y si convocas elecciones, no puedes tomar estas decisiones", aseguran desde un partido que ya ha activado el modo electoral a la espera del anuncio de Sánchez de mañana viernes. Confirman, por tanto, que no existe unanimidad a la hora de aprobar estas medidas, pero sí se están valorando.
La cuestión es, ¿qué margen tiene el Gobierno para modificar aspectos de la reforma laboral en cuestión de días una vez dé luz verde al adelanto electoral? "Una vez que se publica el decreto de disolución del Congreso y convocatoria de elecciones el Gobierno entra en funciones y no puede hacer más que la gestión de lo ordinario", explican fuentes parlamentarias. No podría aprobar, por tanto, un real decreto.
Sin embargo, en el entorno de la ministra Valerio explican que el Consejo de Ministros, que sigue operativo -aunque sea en funciones- cuando se disuelven las Cortes, "puede tramitar algún proyecto de ley y sacar alguna cuestión menor". En el Congreso entra en funcionamiento la Diputación Permanente, compuesta por veintiún representantes, como mínimo, de los grupos parlamentarios que velan por los poderes de la cámara en caso de disolución. Lo mismo ocurre en el Senado.
Fuentes de Trabajo admiten, asimismo, que modificaciones de calado, como en el Estatuto de los Trabajadores, requerirían de decretos leyes que exigen una justificación de urgente necesidad. No es el caso. Sin embargo, fuentes de Podemos aseguran que en las últimas reuniones con el Ejecutivo se han producido avances en materia laboral que podrían salir adelante en los próximos días. "Por decreto o como sea, nos da igual la fórmula, lo que importa es que las medidas pactadas con el PSOE se puedan poner en marcha", insisten desde la formación morada.
Lo cierto es que la capacidad de actuación de un Gobierno en funciones es bastante limitada. Solo hay que recordar que Rajoy llegó a reunir hasta en 42 ocasiones a su Consejo de Ministros durante el periodo de diez meses de interinidad tras el 20-D. Fuentes de aquella administración explican que solo pudieron trabajar en cuestiones rutinarias. Ni comprometer presupuesto, ni aprobar proyectos de ley, ni realizar nombramientos. En definitiva, un Gobierno en funciones debe limitarse al despacho diario de los asuntos públicos y, en líneas generales, nunca adoptar medidas que comprometan o condicionen al futuro Gobierno.
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