La polarización y fragmentación del sistema político en España y el limitado margen de maniobra fiscal del futuro Gobierno de la nación constituyen los factores que más pesan en el análisis postelectoral de las grandes gestoras de fondos de inversión. En términos generales las entidades financieras internacionales están convencidas de que los organismos supranacionales, principalmente el FMI, la Comisión Europea y la OCDE, han puesto en marcha su maquinaria 'diplomática' e institucional para reclamar a Pedro Sánchez, como ganador incontestable del 28-A, un ejercicio de responsabilidad que asegure la estabilidad económica en España como garantía de confianza para mantener el ritmo de la inversión extranjera en nuestro país.
El flujo de capitales exteriores alcanzó en 2018 cifras récord y superiores a los 46.000 millones de euros, con un incremento del 71% sobre el ejercicio precedente de 2017. Unos datos que no se registraban desde antes de la crisis y que el Ministerio de Economía achaca directamente a una tasa de incremento del PIB por encima de la media comunitaria. El gran argumento económico utilizado por el PSOE durante la campaña electoral subyace ahora detrás del 'grito de socorro' con que los analistas financieros tratan de hacer llegar a Ferraz sus temores ante el hecho de que un Gobierno radical de izquierdas pueda socavar el crecimiento.
Los informes que han elaborado las casas de bolsa y fondos de inversión nada más conocerse los resultados del domingo electoral contienen una especie de suspiro de tranquilidad ante la victoria socialista en la línea que había sido trazada por algunos de los más influyentes medios de comunicación anglosajones. No obstante, el alivio inicial de la ventaja comparativa obtenida por Pedro Sánchez frente al resto de fuerzas parlamentarias se mezcla con la preocupación que supone la tentación de un acuerdo de legislatura con Podemos, que otorgue carta de naturaleza a una política presupuestaria orientada al gasto público y la correspondiente subida de impuestos.
El temor a una involución de las reformas estructurales que han cimentado la recuperación y el avance de la economía española se conjuga con el ideario expuesto por el PSOE y Podemos en su acuerdo presupuestario previo a la convocatoria electoral. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias escenificaron un pacto de conveniencia el pasado mes de octubre que tenía por objeto catapultar en el Parlamento un proyecto de Presupuestos del Estado que finalmente no obtuvo el respaldo mayoritario que precisaba, lo que dio lugar a la convocatoria electoral que culminó este pasado domingo con la victoria socialista en las urnas.
De todas las medidas propuestas, y al margen de los acuerdos adoptados por el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno del PSOE ahora en funciones sólo hizo efectiva la subida hasta los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El resto de compromisos legislativos son 'asignaturas pendientes' que supuestamente formarán parte de la agenda fiscal y presupuestaria del futuro Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Entre las mismas figuran todas las amenazas que a día de hoy tienen en vilo a los principales agentes de la actividad económica, desde el impuesto digital al gravamen sobre las transacciones financieras, pasando por el Impuesto mínimo de Sociedades o la revisión de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Primeras reacciones de los empresarios
Todas estas actuaciones adquieren ahora nueva vigencia para convertirse en riesgos potenciales a la luz de los intereses que mueven a los mercado de capitales. La propuesta, discreta y tranquila, con que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho votos para participar en un hipotético Gobierno de coalición con el PSOE añade un especial resquemor a los inversores y empresarios que, directa e indirectamente, se están apresurando a hacer sonar las alarmas antes de que sea demasiado tarde. En general todos confían en que sus 'recomendaciones' no caerán en saco roto dadas las necesidades de financiación de una economía endeudada a niveles cercanos al 100% del PIB.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido de los más explícitos a la hora de mostrar sus preferencias por un futuro Gobierno monocolor socialista, lo que induce a una clara desconfianza de los empresarios ante la posibilidad de un acuerdo con Podemos. Más moderado y sutil se ha mostrado el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, quien ha felicitado al PSOE y le ha invitado a "buscar las alianzas que le permitan formar un Gobierno estable y moderado".
Los planteamientos de los dos líderes empresariales se inscriben en lo que medios socialistas consideran "una lógica presión blanda" en la resaca de unas elecciones caracterizadas por una extraordinaria incertidumbre. Precisamente para alejar los fantasmas que puedan deteriorar la imagen del futuro Gobierno los responsables del actual Ejecutivo en funciones han salido al paso de cualquier conjetura a través del asesor económico de la Presidencia, Manuel de la Rocha. En declaraciones a la agencia Bloomberg, el colaborador de Pedro Sánchez ha querido dejar muy claro que "la economía española está en manos seguras".
Manuel de la Rocha ha manifestado el compromiso de España con "la consolidación fiscal, la estabilidad macroeconómica y la política europeísta del futuro Gobierno español". Según De la Rocha, el presidente Sánchez continuará reduciendo el déficit y la deuda pública, pero dentro de un marco compatible con un incremento del gasto público que permita la reducción de las desigualdades sociales. Una política que lógicamente exigirá la subida de algunos impuestos, tal y como ha reconocido el asesor de La Moncloa. En definitiva, se puede entender que el PSOE triunfante no renuncia, de entrada, a ninguno de sus planteamientos de campaña y busca el beneficio de la duda de sus interlocutores económicos sin comprometer tampoco un pacto de legislatura con Podemos que podría ser letal para la percepción de España en los mercados internacionales.
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