En el mismo instante en que una persona que se ha quedado sin trabajo empieza a percibir una prestación por desempleo adquiere de forma tácita (y legal) un 'compromiso de actividad', que le predispone a aceptar cualquier oferta de empleo que se considere adecuada a su perfil profesional y a participar en las acciones que se le ofrezcan en los servicios públicos de empleo para mejorar su empleabilidad. Así se dispone en la Ley General de Seguridad Social y así se desarrolla también en la Ley de Empleo, que establece el principio legal de la coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo.
La aplicación legal de este principio es, sin embargo, laxa. Es posible legalmente perder la prestación por no acudir a los cursillos que ofrecen los servicios públicos o por rechazar tres ofertas que se estimen adecuadas, pero las fuentes ministeriales y de los agentes sociales consultadas admiten que estas situaciones son muy puntuales. Lo habitual es que las prestaciones que se retiran sean por casos de fraude puro y duro. Los organismos internacionales, singularmente el FMI, han recordado con insistencia la necesidad de alinear correctamente los incentivos para no generar bolsas de parados de larga duración y el Ministerio de Empleo parece haber recogido ese guante para vincular de manera definitiva el cobro de la prestación por desempleo a un comportamiento activo del parado en la búsqueda de empleo y la mejora de su empleabilidad.
No se trata ni mucho menos de un compromiso formal más. La reforma de la Ley de Empleo de 2015 deja bien claro que "el incumplimiento, por causas no justificadas, del Acuerdo Personal de Empleo dará lugar a las sanciones que puedan corresponder y los incumplimientos por parte de personas que sean beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo supondrán un incumplimiento del compromiso de actividad suscrito por las mismas".
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo que acaba de pactar el Ministerio de Empleo con las comunidades autónomas precisa como nunca antes se había hecho el concepto de 'compromiso de actividad', mediante la regulación de la obligación de los desempleados de suscribir un Acuerdo Personal de Empleo - cuya existencia ya se previó en 2015, pero que no se había desarrollado hasta ahora- en virtud del cual se comprometen a participar en las acciones que los servicios públicos de intermediación laboral diseñen para ellos en el marco de su itinerario personalizado de empleo.
Formarse, mejorar el currículum, opositar...
¿Y qué es el Acuerdo Personal de Empleo? Pues una suerte de contrato entre el Servicio Público de Empleo y el parado, donde el primero se compromete a ofrecer una serie de acciones al desempleado para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción laboral, y el segundo rubrica su intención de seguir el itinerario marcado y cumplir el calendario de acciones marcado en tiempo y forma. Ambas partes se quedan con una copia, que es la referencia que una y otra parte pueden invocar para acreditar que se ha cumplido lo pactado. A efectos del desempleado, del incumplimiento de ese 'cuaderno de tareas' se puede derivar una sanción que en última instancia podría hacerle perder la prestación.
El planteamiento acordado entre el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas es ambicioso. Se pretende que los servicios públicos de empleo ofrezcan a los parados todo tipo de salidas. La guía menciona, por poner algunos ejemplos, la realización de cursillos de formación especialmente adaptados al perfil profesional del parado, la participación en talleres que instruyan a los desempleados en técnicas de búsqueda de empleo, técnicas para mejorar el currículum, rastreo y puesta a disposición por parte de los servicios públicos de empleo de ofertas de trabajo adaptadas al parado tanto en portales públicos como en plataformas privadas, formación para el autoempleo e incluso búsqueda de oportunidades en las ofertas de empleo público.
Los servicios públicos de empleo acordarán con cada desempleado la participación en todas o algunas de estas acciones y así se reflejará en al Acuerdo Personal de Empleo, que se constituirá en el barómetro para medir el mayor o menor compromiso de cada desempleado con su inserción laboral...pero también para medir la eficacia de los servicios regionales de empleo en la inserción de desempleados. Y esto tampoco será irrelevante, ya que buena parte de los recursos que recibirán las comunidades autónomas para políticas activas en 2019 dependerán del desempeño que demuestren este año.
Enmienda a los Presupuestos
La apuesta del Gobierno por la vinculación de las políticas activas y las políticas pasivas tiene su espacio también en las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al proyecto de Presupuestos, entre las que se incluye una ampliación de la Ley de Empleo para establecer "la definición conceptual y la forma en que debe determinarse la acreditación de la búsqueda activa de empleo", que define como "el conjunto de acciones encaminadas tanto a la puesta en práctica de estrategias de búsqueda de empleo como a la mejora de la empleabilidad", lo que se concreta en el Acuerdo Personal de Empleo, vaya.
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