El Ministerio de Trabajo ha tenido que recurrir a la empresa Tragsatec, filial tecnológica del Grupo Tragsa, integrado en el holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para abordar la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que ha provocado la crisis del coronavirus. Ante la incapacidad para tramitar con medios propios más de medio millón de solicitudes que afectan a más de tres millones de trabajadores, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha encargado a la empresa pública tareas de apoyo en la tramitación de los expedientes, según consta en el acuerdo recogido en la referencia del Consejo de Ministros del pasado 5 de mayo.
Según aparece en la breve referencia, el acuerdo se ha tramitado por procedimiento de emergencia y alcanza un importe de 139.982,60 euros por "realizar tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor como consecuencia del Covid-19", si bien no especifica qué labores concretas va a desarrollar el personal de Tragsatec. La Información se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo, que no ha especificado las condiciones de la subcontrata. Mientras, desde la empresa explican que, como "brazo de la Administración", con una "dependencia clara y jerárquica" de la misma, se llevarán a cabo tareas de apoyo administrativo para que no se paralicen estas tramitaciones en un "contexto sobrevenido tan complejo y urgente".
El encargo a este medio propio, consideración que tienen las empresas que trabajan a través de encomiendas de gestión para la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores dependientes de ellas, ha salido a la luz cuando todavía están pendientes de reconocer unas 300.000 prestaciones por desempleo a trabajadores afectados por ERTE durante el estado de alarma. La ministra Díaz ha asegurado que se tramitarán esta misma semana y podrán abonarse antes del mes de junio gracias al histórico acuerdo alcanzado con las entidades financieras para adelantar los pagos.
El SOS lanzado a la empresa de la SEPI ha sido necesario ante la saturación de trabajo de los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal. La falta de personal -en los últimos años han pasado de 10.500 a 7.300 efectivos- para hacer frente al aluvión de solicitudes de prestaciones ha sido denunciada en numerosas ocasiones por las organizaciones sindicales. Si bien los sindicatos recuerdan que la tramitación de los expedientes no depende solo de estos funcionarios, sino también del buen hacer de las empresas y de la Autoridad Laboral. Por eso desde UGT piden que se garantice la seguridad de estos empleados públicos, que aseguran estar recibiendo amenazas a las puertas del trabajo y mensajes de odio de en las redes sociales.
En una nota dirigida a departamentos de recursos humanos a la que ha tenido acceso La Información, el Sepe explica que en los primeros días de mayo "se ha procedido a abonar el pago de las prestaciones por desempleo a 5.197.451 personas, de las cuales 3.333.700 son nuevos beneficiarios" y destaca que la nómina "asciende a más de 4.500 millones de euros". Para hacerse una idea de la magnitud que alcanza el gasto en prestaciones por paro hay que fijarse en el importe de los meses inmediatamente anteriores a la pandemia, cuando se desembolsaban unos 1.800 millones de euros.
El #SEPE reconoce #prestaciones por desempleo a 5.197.451 personas en el mes de abril. Mas información👉 https://t.co/dVA5BmqpL2 pic.twitter.com/qNkwJHlHjE
— SEPE (@empleo_SEPE) May 7, 2020
La misiva, fechada a 7 de mayo, justifica que "ante esta cantidad tan importante de reconocimiento de nuevas prestaciones, que multiplica por seis lo realizado en el mes anterior, y la ingente comunicación de variaciones de las situaciones laborales de trabajadores y trabajadoras que están incorporados en algunos procedimientos de suspensión temporal o reducción de jornada, se ha generado alguna incidencia en el procesamiento de los datos". El Sepe culpa de una parte de estas incidencias a "errores en la documentación procedente de las empresas (DNI incorrecto, cuenta bancaria y código de la cuenta de cotización de la empresa, porcentajes de reducción, etc.)" y explica otra parte por las bajas masivas de trabajadores registradas el día 30 de marzo.
El Sepe garantiza que "en estos días se está trabajando en la subsanación de estas incidencias en el procesamiento informático y se repondrá la prestación en base al periodo de percepción que corresponda". "De la misma manera, seguimos trabajando para que las solicitudes de prestaciones que entraron en los últimos días de abril, las que están entrando en estos primeros días de mayo, así como las incidencias que están siendo subsanadas, puedan ser reconocidas a la mayor brevedad", asegura el comunicado oficial del ente público.
Son muchas las incidencias que se están registrando, hasta el punto de que trabajadores no incluidos en el ERTE ejecutado por la empresa han percibido la prestación por desempleo, al incluirse primero en un fichero de posibles afectados que después fue modificado, según revelan a este medio responsables de recursos humanos de una compañía inmersa en un proceso de suspensión temporal de empleo parcial. Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que "había muchos datos mal facilitados por las empresas y se están subsanando". Por el momento no concretan cifras de posibles afectados, pero aseguran que se está contactando con las compañías en los casos en los que que se han detectado errores y también se pide a los trabajadores que contacten con el Sepe si han percibido algún fallo en su procedimiento.
Hay que recordar que en un reciente Real Decreto Ley el Gobierno simplificó los trámites para reconocer las prestaciones por desempleo, habilitando a los funcionarios del Sepe a dictar resoluciones provisionales, estimando o desestimando el derecho a la prestación. El texto legal establece que las resoluciones se deben revisar a posteriori y si se comprueba que la prestación no ha sido reconocida en los términos establecidos en la ley, se debe iniciar el procedimiento de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas o, en su caso, proceder al abono de la prestación correspondiente. Desde Trabajo insisten en que así se está haciendo, pero rechazan aportar datos sobre las prestaciones indebidamente percibidas durante esta crisis.
A la caza de deudores
Precisamente, el Sepe encargó a la misma empresa a la que ahora ha recurrido para desatascar el cuello de botella de los ERTE, Tragsatec, labores para la gestión de deudores por prestaciones por desempleo indebidamente percibidas el pasado 2 de febrero. Según la documentación publicada en el portal de contratación del Estado, el tiempo transcurrido entre la detección del cobro indebido y el inicio del correspondiente procedimiento de reintegro resulta excesivo y la falta de personal en el Sepe impide disminuir los plazos, con el riesgo que conlleva para la recuperación de los importes, por ello se hace necesario un apoyo externo que evite mantener o aumentar la demora.
En este sentido, en el mencionado acuerdo se pide a Tragsatec el apoyo en la gestión de los expedientes de deudores por prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, aportando los recursos materiales y humanos necesarios para ello, siempre bajo un estricto compromiso de confidencialidad respecto a los datos personales a tratar, por un importe que alcanza los 383.110,62 euros, IVA no incluido, con cargo a los ejercicios 2020 (218.920,35 euros) y 2021 (164.190,27 euros). En el contrato se fijan 14 meses de duración, es decir, hasta abril de 2021, prorrogables por 6 meses. Las tareas a realizar son de carácter administrativo y van desde la preparación de documentación hasta la propuesta de reclamaciones y seguimiento de reintegros de deudas.
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