Presupuestos Generales 2022

Sánchez corona a Cataluña con la mayor inversión territorial para ganarse a ERC

Las comunidades recibirán 13.000 millones para inversiones y 2.430 serán para Cataluña. Madrid y la Comunidad Valenciana reciben la mitad. Las cuentas destinan en total 126.508 millones a las regiones.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (i), entrega el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado de 2022 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2021, en Madrid, (España). Tras la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos de 2022 en una sesión de control al Gobierno, Montero hace acto de entrega del documento con el proyecto de Ley. Se trata de un presupuesto en el que se consignarán 27.633 millones de fondos europeos para financiar proyectos de industria, investigación, energía o infraestructuras.
13 OCTUBRE 2021;CONGRESO;PRESUPUESTOS;ESTADO;2022;DIPUTADOS;MONTERO;BATET
Eduardo Parra / Europa Press
13/10/2021
Los Presupuestos inician un duro trámite parlamentario en el que serán necesarias cesiones.
Europa Press

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 comienzan hoy, tras su aprobación por el Consejo de Ministros la semana pasada, su trámite parlamentario, que se prevé intenso y durante el cual el Gobierno buscará el máximo apoyo de los grupos políticos, que ya tienen claras muchas de sus demandas, en una Cámara muy polarizada y en la que los grupos catalanes, también el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tienen en su mano la aprobación final de las cuentas. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, hizo hoy la entrega oficial del 'libro amarillo', en varios formatos, del proyecto de Ley de los Presupuestos a la presidenta del Cámara Baja, la también socialista Meritxell Batet.

Con la premisa de unas cuentas públicas que recogen un récord de gasto social, en buena medida supeditado al imparable incremento del número de pensiones y de su cuantía, y a la subida de prestaciones, sueldos públicos y subsidios entre un 2% y un 3%, otra de las claves era como se distribuirán las diferentes partidas entre una comunidades, cada vez más reivindicativas. Conscientes de que el voto de los grupos catalanes es fundamental, el Ejecutivo ya ha hecho el primer guiño a estos y a la comunidad autónoma a la que representa, que recibirá 2.430 millones solo vía inversiones territorializadas, 130 más que el año pasado, y se convertirá la región con mayor partida, que sube un 6% con respecto a 2021

En total, las comunidades contarán con 13.007 millones, un 5,8% más que el año pasado. Cataluña, obtendría 2.230 millones -uno de cada cinco euros del total- y sería la comunidad más beneficiada si se le suman en el reparto de las inversiones territorializadas 200 millones de euros pendientes de pago a causa de una sentencia del Tribunal Supremo que validaba un pago pendiente relacionado con la disposición adicional tercera del Estatuto. La segunda comunidad en el podio es Andalucía, con 2.144 millones, y la tercera la Comunidad Valenciana, con 1.208 millones. Madrid ocupa la cuarta posición, recibe menos fondos que en 2021, y obtiene la mitad de Cataluña.

Las cuentas se votarán por primera vez en la última semana de octubre y se ratificarán, si nada lo impide, en la segunda o tercera semana de noviembre

La ministra ha destacado que las diferentes partidas destinadas a las comunidades suponen en total 126.500 millones de euros, gracias a entregas a cuenta récord y un fondo extraordinario de 7.004 millones. Señaló que en los últimos cuatro años han recibido 490.000 millones, un 36% más que en los años en los que gobernó el Partido Popular. Montero ha explicado que el sistema de financiación autonómica contará en 2022 con 108.792 millones de euros. A esta cifra se suman 10.712 millones de fondos europeos y 7.004 millones de una transferencia extraordinaria, destinada en parte a compensar la liquidación negativa de 2020 y los recursos perdidos tras el cambio en la gestión del IVA en 2017.

Las cuentas, que en su tramitación tendrán prioridad con respecto a cualquier otra iniciativa, deberán entrar en vigor el próximo 1 de enero y el tiempo apremia. Tras el primer paso de hoy, en los próximos días se deberá acordar el calendario y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La primera votación tendrá lugar a finales de octubre y, previsiblemente, en la segunda o tercera semana de noviembre las cuentas regresarán al Congreso para su ratificación final.

Durante la andadura parlamentaria de los presupuestos, el Gobierno deberá negociar a varias bandas y acceder en gran medida para sumar al menos los mismo apoyos que logró en 2020 para sacar adelante -in extremis- las cuentas de 2021. Con el sí seguro, previas concesiones a Unidas Podemos, de los dos socios de Gobierno, Pedro Sánchez ya suma 155 apoyos, pero serán determinantes los 13 de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Los catalanes ya han hecho su lista de peticiones y, a día de hoy, aseguran que están pensando en el 'no' a los PGE 2022, un punto de partida imprescindible para empezar a negociar y sacar lo máximo. 

JxCat quiere vincular los presupuestos con Puigdemont; ERC pide las competencias de cercanías; PNV, la gestión del IMV y Bildu, derogar la reforma laboral

Admiten que Sánchez no ha cumplido con los compromisos de inversión en Cataluña, 2.339 millones, algo prioritario para los republicanos, igual que la transferencia de algunas competencias, como la del servicio ferroviario de Rodalies que quedan traspasar y que todavía dependen de Madrid. Por su parte, Junts per Catalunya (PxCat), tras la resolución del tribunal italiano de dejar en suspenso la extradición de Carles Puigdemont, pretende crear un frente común soberanista en Madrid durante la negociación, una iniciativa que ha rechazado ERC, que pese a reclamar una salida política para Puigdemont, tiene claro que debe ser ajena a los Presupuestos.

Mientras, los seis diputados del PNV, un socio moderado y buen negociador, ha conseguido sacar fuera de los Presupuestos el impuesto al diésel, una de sus principales reivindicaciones. También negociará la cesión  de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) e incluso de las pensiones, además de diversas infraestructuras. Por su parte, Bildu -cinco parlamentarios-, también necesario para sacar adelante las cuentas, ha optado en esta ocasión por reclamar la derogación de leyes del Partido Popular todavía vigentes, como la denominada 'Ley Mordaza' o de la reforma laboral, una vieja pretensión de Unidas Podemos.

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