Jueves, 17.10.2019 - 13:29 h
En los Presupuestos de 2019

'Catastrazo' de Montero: revisa millones de inmuebles en pleno 'boom' de precios

El Gobierno prevé actualizar seis millones de valores catastrales –la base que usan los ayuntamientos para el cobro del IBI– en 1.000 municipios.

Montero
'Catastrazo' de Montero: revisa millones de inmuebles en pleno 'boom' de precios. / EFE

Los Presupuestos que acaba de remitir el Ejecutivo al Congreso de los Diputados tienen letra pequeña. Las cuentas que ha elaborado el Gobierno para gobernar hasta 2020 incluyen guiños para millones de votantes: de mujeres a parados, pasando por pensionistas, jóvenes y funcionarios. Pero el incremento del gasto social se combina negro sobre blanco con medidas de disciplina fiscal que, inevitablemente, afectan al conjunto de la sociedad. Es el caso de la revisión del catastro inmobiliario: Hacienda se dispone a actualizar el valor catastral de nada menos que seis millones de inmuebles en plena escalada de precios en el mercado.

Así consta en el proyecto de Presupuestos que entregó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Entre los documentos, el Programa de Gestión del Catastro Inmobiliario incluye la revisión de seis millones de valores catastrales, además de la implementación de hasta 100.000 procedimientos colectivos, que afectarán a un total de 1.000 municipios.

No es una cuestión menor, habida cuenta de que el valor catastral se utiliza como referencia para el cálculo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), uno de los principales tributos a los que deben hacer frente los hogares españoles, y todos los propietarios no solo de viviendas, sino también de locales, fincas, garajes y otros. Además, la revisión no pasará desapercibida en plena escalada de los precios en el mercado inmobiliario ya que, si bien los expertos prefieren hablar de "normalización", todavía prevén un encarecimiento del 'ladrillo' hasta el entorno del 5% en este 2019.

"Las revisiones catastrales han sido muy recurrentes en los últimos años", recuerda el economista Javier Santacruz, que hace memoria de los tiempos de Cristóbal Montoro. No en vano, para 2018 los Presupuestos Generales del Estado preveían la actualización del valor catastral de una cifra similar a los seis millones de inmuebles de este año. Sin embargo, finalmente, tal y como recoge el proyecto de PGE de este ejercicio, se llegaron a actualizar más de siete millones. "La diferencia se explica porque los ayuntamientos tienen la capacidad de pedir revisiones al catastro", comenta el economista jefe del 'think tank' Civismo, que insiste en que son las entidades locales quienes tramitan y recaudan este impuesto, uno de los más golosos entre sus fuentes de financiación.

Recordemos que, tal y como explican los expertos de Arriaga Asociados, la base imponible del IBI está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determina en función de una serie de criterios como la ubicación, la antigüedad, el coste de las obras realizadas, el estado de conservación, etc. Se trata de un valor que resulta muy inferior al precio de mercado del inmueble, en torno a la mitad. Con estos cálculos, cada Ayuntamiento fija, dentro de los márgenes permitidos, el tipo impositivo del impuesto. "Para ello, al valor catastral del propio inmueble se le aplica un coeficiente que variará entre un 0,4% y un 1,1% para inmuebles urbanos", concretan desde el despacho.

El problema, según explica Santacruz, es que las revisiones del valor catastral suelen acometerse al alza, en línea con la inercia del mercado inmobiliario. Una tendencia que además se da de bruces con la realidad del mercado inmobiliario español, donde los precios están más tensionados, sobre todo, en las grandes capitales de provincia y sus alrededores. "Aplicar la revisión a todo el territorio implica elevar la presión fiscal por la puerta de atrás", critica este economista, para concretar que "en España existen muchas zonas en las que los precios de la vivienda todavía se sitúan muy cerca de los de 2008, donde se acerca más el valor catastral al del mercado".

A juicio del economista Javier Santacruz, en los casos en los que los valores catastrales superan el precio de mercado, en esas zonas menos tensionadas, estamos hablando de cierta "presión fiscal confiscatoria" que "vulnera el principio de capacidad de pago". Santacruz augura todavía otros dos años de evolución positiva en el mercado inmobiliario y advierte de que, "si se adecúan las revisiones catastrales a unos precios de burbuja, los contribuyentes corren el riesgo de que esos valores se perpetúen en el IBI y tengan que pagar para siempre precios irreales por los inmuebles". Lo razonable, concluye, "sería calcular un valor estable en el tiempo, independiente de los ciclos económicos".

En el documento remitido al Congreso, el Gobierno justifica la actualización de la información catastral "como instrumento de lucha contra el fraude". La Dirección General del Catastro lleva a cabo planes sistemáticos de regularización para garantizar, de manera permanente, la actualización de la información catastral y la adecuada tributación de los inmuebles. Asimismo, el texto especifica que estas revisiones redundan en "una mejora efectiva de la financiación local, en la línea que determinan los objetivos de consolidación fiscal".

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