El futuro del Gobierno de Pedro Sánchez pende a día de hoy de un hilo. La decisión de ERC de presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 ha provocado un "lunes negro" en el Ejecutivo, en boca de un miembro del área económica. Aunque algunos daban por seguro el movimiento de los republicanos, los próximos ocho días serán trascendentales. El 12 se inicia el debate en el Congreso, justo el mismo día que se abre el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Y al día siguiente, 13, tiene lugar la votación. Será a todo o nada.
La enmienda a la totalidad de ERC, efectivamente, cambia el tablero presupuestario. El Gobierno daba por descontado la del PDeCAT, pero esperaba que los de Oriol Junqueras no se posicionarán del lado de PP y Cs, que también presentarán su respectiva censura total a los PGE. Hay que remarcar que estas enmiendas globales a las cuentas públicas se votan en bloque, es decir, de forma conjunta, tal y como aparece estipulado en el artículo 112.3 del reglamento del Congreso. Como son enmiendas de devolución y todas piden lo mismo (que el proyecto de ley no continúe su tramitación) se deciden en una votación única, explican fuentes de la Cámara Baja.
El escenario que se abre en el Congreso la próxima semana es el siguiente: el martes 12 ("¿quién ha elegido ese día? Parece una conspiración", se quejan fuentes del PSOE) se iniciará el debate de totalidad de Presupuestos con las enmiendas de PP, Cs, CC, Foro, UPN... ERC y PDeCAT sobre la mesa. Será la ministra de Hacienda, en principio, quien defienda el proyecto de ley desde la tribuna, aunque también puede hacerlo el presidente o cualquier miembro del Gobierno. Cada formación argumentará su enmienda a la totalidad para, el día 13, votar. Fuentes de la cámara afirman que los independentistas catalanes pueden retirar la suya hasta un segundo antes de esa votación. Para tumbar los PGE la oposición necesita más 'síes' que 'noes', por lo que el Ejecutivo socialista todavía podría apelar a la abstención de algún grupo parlamentario para que la ley que salvaría la legislatura continuara viva.
El Gobierno, en sus horas más bajas
Este "lunes negro" para Sánchez ha encendido las luces de alarma tanto en el área económica del Ejecutivo como en el PSOE. "Claro que existe un serio riesgo de que los Presupuestos caigan", comentan fuentes del grupo parlamentario socialista. "Nosotros hemos lanzado un órdago y ahora cada uno tendrá que retratarse", avisan en relación a una hipotética votación conjunta de ERC y PDeCAT con PP y Cs. En cualquier caso, Moncloa apenas cuenta con una semana para continuar negociando con los partidos catalanes para que rectifiquen. Y también para intentar mantener en el 'sí' a Unidos Podemos, que hace unos días avisaba con desmarcarse.
ERC lo tiene claro. Fuentes de la formación liderada por Junqueras fijan en tres sus exigencias: que la Fiscalía suavice su acusación de rebelión contra los líderes que van a ser juzgados, que se abra una mesa de negociación Gobierno-Govern y que se pacte un referéndum. Desde el PDeCAT, por su parte, añaden una petición más: la participación de un mediador entre ambas partes. Esta estrategia la capitanea Puigdemont desde Waterloo.
El Gobierno, en cambio, se mantiene inflexible y pide desvincular la situación judicial de los catalanes encausados con la negociación presupuestaria. "Hemos presentado los Presupuestos que nos pedía la gente", exponen haciendo hincapié en la separación de poderes ejecutivo y judicial ante el que ha sido calificado como el juicio más importante de la democracia.
¿Y ahora qué?
El Gobierno de Sánchez tiene ocho días para convencer a los independentistas. El 13 expira dicho plazo y, en ese momento, los Presupuestos serán rechazados, escenario que este lunes no se descartaba en los ministerios del área económica. Moncloa, por su parte, no hizo ninguna valoración. Existen varias vías de diálogo abiertas entre Gobierno y Govern, pero los avances son nulos. De nada ha servido, hasta ahora, los gestos en forma de inversiones incluidas en las cuentas públicas, las dos reuniones bilaterales o el Consejo de Ministros de Barcelona del pasado mes de diciembre.
Fuentes socialistas insistían ayer que, en caso de que se rechacen los PGE de 2019, el presidente no tiene obligación de convocar elecciones de forma inmediata. "Habría posibilidad de prorrogar los del año pasado e ir aprobando reales decretos", avisaban. Pero la ministra de Hacienda ya dijo la semana pasada que "si no se aprueban habrá elecciones en 2019". El Gobierno, en definitiva, se la juega a todo o nada estos días.
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