La 'fumata blaca' está "muy lejos". A la vez, la presión de un lado al otro y viceversa no para de crecer. Esta es la situación en la que se encuentran las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos para pactar los Presupuestos Generales del 2022, según las fuentes consultadas por La Información. Un panorama que se explica con la exigencia de los morados de querer incluir ciertas reformas que lleva meses demandando. En términos fiscales, la petición principal es la de aprobar un impuesto de Sociedades de un tipo mínimo efectivo del 15%. Una reclamación que la parte minoritaria de la coalición justifica con los planteamientos que hace el presidente de EEUU, Joe Biden, sobre los impuestos que pagan las empresas. El otro conflicto viene por un asunto ya conocido: la Ley de Vivienda. Una normativa que lleva meses estancada.
Las discrepancias existentes han provocado que actualmente "no se haya avanzado en la negociación", según fuentes consultadas de la formación de Ione Belarra. Algo que han evidenciado tanto la también ministra de Derechos Sociales como la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en diversas intervenciones durante esta semana. La primera fue la que advirtió de que el acuerdo estaba "lejos" por asuntos como el alza de Sociedades para gravar a las grandes empresas. Su argumento es que en España hay empresas que no pagan este impuesto por diversos motivos, como las bonificaciones o por no tener sus sedes radicadas en el país. Actualmente, y aunque el tipo legal del impuesto es del 25% (30% para bancos y empresas petroleras), lo pagado sobre los beneficios por las firmas fue del 8,3%, según la Agencia Tributaria.
La insistencia en reformar este gravamen tiene como fondo los planes que el presidente estadounidense ha ido avanzando sobre la postura que tiene ante la fiscalidad de las corporaciones. A lo que suman los acuerdos del G7 y de la OCDE para establecer ese tipo mínimo del 15%. En un mensaje reciente en Twitter, Biden señaló que estaba "cansado" de que grandes fortunas y empresas no contribuyeran con los impuestos que les correspondían. Un tuit que replicaron tanto Díaz como el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que junto a Josep Vendrell forma el tándem de negociadores con el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Antes, Belarra lo explicó señalando que "lo que no puede ser que la administración Biden nos pase por la izquierda".
Ante esta situación, el PSOE y el presidente, Pedro Sánchez, han asegurado en todo momento que habrá pacto. Fuentes del ala socialista apuntan a que la negociación continúa y que ambas partes tendrán que ceder. Pero insisten en que lo ideal es esperar al dictamen de los expertos de la reforma fiscal, que se conocerá en febrero del año próximo. Los morados consideran que lo suscrito en diciembre de 2019 para gobernar en coalición es más urgente. Este incluía esa armonización de Sociedades en la sección de fiscalidad. En la misma se especifica que se impulsarían limitaciones a "las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciéndolas en un 5%". Además, PSOE y UP prometieron mejorar la fiscalidad de las PYMES. Sobre todo, aquellas que facturaran menos de un millón de euros pasen a tributar un 23%, dejando atrás el 25% actual.
El atasco de la Ley de Vivienda
La legislación estatal sobre Vivienda es el otro gran obstáculo de la negociación de los PGE. Aunque los contenidos de esta norma no se incluirían formalmente en el proyecto de las cuentas, Unidas Podemos considera que sin alcanzar un acuerdo en este campo será muy difícil entenderse en otros asuntos. Fuentes moradas consultadas por esta redacción reiteran que la problemática continúa estando en la regulación de los alquileres. En el resto de asuntos, "hay discrepancias y posiciones alejadas, pero se podrá llegar a un entendimiento", señalan estas fuentes. Por lo que el control de los precios sigue manteniéndose como punto de fricción determinante.
Entre las filas de UP ven "incompresible" la posición de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sobre la ley que ya empezó a desarrollar su predecesor, José Luis Ábalos. "Es sorprendente que cuando era alcaldesa de Gavà tomara medidas para controlar el alquiler y ahora cambie de parecer solo por ser ministra", apuntan estas fuentes de los morados. Esa falta de entendimiento ha terminado en que en los últimos días la negociación por el lado socialista la esté encabezando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como ha podido confirmar este diario.
El resto del acuerdo, antes de 2023
Las reclamaciones de los morados para avanzar hacia un anteproyecto de cuentas públicas no se quedan ahí. El escenario actual en el que se mueven es el de exigir que se cumplan casi todos los puntos del acuerdo de gobierno. Como admiten las fuentes consultadas, no quieren esperar más. Es decir, pretenden impedir que algunas medidas se retrasen a 2023. Una postura que es en la que están María Jesús Montero y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Entre los asuntos pendientes del documento en materia económica está la rebaja del IVA a las actividad veterinaria. Cuestión sobre las que el grupo parlamentario de UP ya tuvo discrepancias con el PSOE en el ámbito del Congreso a principios de este año. Además, reclaman que también se reduzca el IVA para las peluquerías.
La derogación de la reforma laboral, la reforma fiscal integral y la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores son otros de los asuntos clave para UP y que están en el pacto del Ejecutivo de coalición. En el primer caso, la vicepresidenta tercera mantiene su idea de llevarlo a cabo frente a la oposición de Calviño y parte del PSOE. En la parte de fiscalidad, el Libro Blanco del comité de expertos que aún tardará meses es lo que genera la brecha. El PSOE prefiere esperar y Unidas Podemos, no. Las fuentes consultadas de estos últimos aseguran que no habrá una aprobación del anteproyecto inminente. Algo en lo que aún confían los socialistas.
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