La reforma de las pensiones está en marcha. Uno de los objetivos prioritarios del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que es descargar al sistema de los gastos que no le corresponden porque no tienen nada que ver con el abono de las pensiones contributivas, empezará a plasmarse en 2021, con el traspaso al Estado de casi 14.000 millones de euros. Así consta en el Plan Presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas este jueves y que esboza, aunque sea de manera muy superficial, los grandes cambios que el Ejecutivo pretende poner en marcha en materia de pensiones una vez reciba las recomendaciones del Pacto de Toledo.
En concreto, el documento que ya obra en poder de las autoridades europeas contempla una transferencia en 2021 del Estado a la Seguridad Social por importe de 13.929 millones de euros para cubrir parte de los denominados "gastos impropios". Hay que recordar que en el marco de la presentación del techo de gasto y el nuevo cuadro macro, el Gobierno anunció la semana pasada una transferencia de 18.396 millones, pero parte de esta - cerca de 4.500 millones- se va a compartir con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo, según explican a La Información fuentes de Hacienda.
"Esta clarificación de los gastos y de su financiación ha de resultar clave en dos sentidos. Uno, rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos que, pese a no reflejar la situación real, está generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población. Y, dos, afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo, principalmente el envejecimiento poblacional consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom", explica el Gobierno a la Comisión Europea, institución que ha instado a España a acometer una profunda reforma de las pensiones en numerosas ocasiones.
El Ejecutivo identifica en este documento como gastos que se financian con cargo a cotizaciones sociales pese a su naturaleza no contributiva las reducciones en la cotización a la Seguridad Social para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, las medidas de apoyo (subvenciones implícitas) a regímenes especiales para ayudas a sectores o el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación, etc. Aunque no termina de especificar qué gastos exactos va a empezar a asumir el Estado a través de esa transferencia millonaria.
Lo cierto es que la Seguridad Social dedica cada año 22.871 millones de euros (el 1,6% del PIB) a gastos que no le corresponden. El ministro del ramo ha echado la cuenta y la suma es la siguiente: 11.305 millones en políticas no contributivas que se financian con cuotas; 3.911 millones en gastos de funcionamiento; 2.953 millones en prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos y otros 1.082 millones en complementos de maternidad; 1.818 millones en reducciones de cotizaciones a través de, por ejemplo, las tarifas planas de autónomos; 1.014 millones en subvenciones de regímenes especiales; y otros 788 millones en complementos de lagunas en pensiones de jubilación.
De este modo, la Seguridad Social empezará a deshacerse de parte de estos gastos, que le endosará al Estado a partir del próximo ejercicio. Así, el Gobierno ha comunicado a Bruselas su intención de acometer una reforma que, a corto plazo, ataje el "déficit contable" del sistema. De manera que "a medio y largo plazo, se trata de abordar el incremento importante del número de jubilaciones en las próximas décadas, completando la legislación actual con la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, e incentivando la demora en la jubilación al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas", añade, para avanzar que las conclusiones del Pacto de Toledo "se esperan en el muy corto plazo".
Subida del 0,9%
En su Plan Presupuestario, el Gobierno también ha comunicado oficialmente a las autoridades europeas su intención de aprobar una subida de las pensiones del 0,9% para 2021. Tras meses de especulaciones sobre una posible congelación de las prestaciones públicas como consecuencia de la crisis económica que ha provocado la pandemia de la Covid, finalmente el Ejecutivo reafirma su compromiso con el colectivo de pensionistas para evitar la pérdida de poder adquisitivo por la vía de la revalorización al Índice de Precios de Consumo (IPC). La medida costará 1.439 millones de euros, lo que supondrá un gran impacto sobre las arcas de la Seguridad Social y tensará aún más un déficit público disparado por la crisis sanitaria.
En paralelo, el Ejecutivo gastará 3.000 millones de euros en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2021, después de prever un gasto para este ejercicio de 1.500 millones. Una medida que presenta a Bruselas como "una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas". Añade que "persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias" y que " contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión". El Gobierno prevé que de esta prestación se lleguen a beneficiar unas 850.000 familias.
Equiparación de las bajas de paternidad y maternidad
También con impacto en la Seguridad Social, el Gobierno calcula que gastará el próximo año 307 millones de euros en igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en 16 semanas, tal y como estaba previsto desde el año 2019, cuando vía real decreto ley se estableció un incremento gradual de las prestaciones de los hombres para alcanzar el nivel de protección de las mujeres en el año 2021. De este modo, el Ejecutivo celebra "un avance más hacia la igualdad real" que implica que, "por primera vez, los padres y las madres tendrán derecho a las mismas semanas de permiso".
En el Plan Presupuestario remitido a las autoridades europeas este jueves, 15 de octubre, se especifica que "en 2021 la duración de la prestación por paternidad se amplía de 12 a 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en casos de partos múltiples en 1 semana más por cada hijo a partir del segundo en virtud del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, estimándose un gasto extraordinario de 307 millones de euros en 2021".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios