Domingo, 19.05.2019 - 11:20 h
Han salido adelante 32 enmiendas

Habemus PGE 2018: superan el último trámite y están listos para entrar en vigor

Solo queda la publicación de la ley en el BOE para que se puedan comenzar a aplicar unas cuentas que tendrán una vigencia de seis meses.

Pedro Sánchez en el Congreso
Los PGE 2018 han quedado listos para su entrada en vigor tras haber superado el último trámite parlamentario en el Pleno del Congreso / EFE

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 han quedado listos para su entrada en vigor tras haber superado este jueves el último trámite parlamentario en el Pleno del Congreso, que ha aprobado la mayor parte de las enmiendas incorporadas en el Senado con la mayoría absoluta del PP.

Tras la votación individual de las 46 enmiendas añadidas al proyecto en la Cámara Alta, han salido adelante 32 enmiendas, entre ellas, la que establece ayudas a los damnificados por talidomida, a la que el PSOE ha votado en contra.

Solo queda la publicación de la ley en el BOE para que se puedan comenzar a aplicar unas cuentas que tendrán una vigencia de seis meses y que fueron diseñadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y asumidas posteriormente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tendrá que ejecutarlas.

Aumentan las indemnizaciones por talidomida

El Pleno del Congreso ha aprobado, con el voto a favor de todos los partidos excepto PSOE y Foro Asturias, que han votado en contra y el PNV que se ha abstenido, una enmienda por la que se adaptan las indemnizaciones de los afectados por talidomida de forma proporcional a las discapacidades que sufren por el consumo de este fármaco. Esta medida supone un aumento de estas compensaciones.

La partida relacionada con este caso salió del Congreso el pasado mes de mayo, hacia el Senado, con 20 millones, una cifra que no convencía a los afectados, pues suponía una media por afectado de 65.000 euros como pago único que, dividido en 82 años de media de vida de un español, sería el equivalente a 56 euros de pensión al mes.

Ahora, con los cambios aplicados en el Senado y la aprobación definitiva en el Congreso, el importe de ayuda a percibir sería el resultado de multiplicar por 12.000 euros cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada por los organismos competentes. Además, el documento recoge que estas ayudas "serán compatibles con cualquier pensión pública y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza".

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