El Ministerio de Empleo está decidido a recuperar la figura del aprendiz en las empresas españolas y, por lo visto, no reparará en gastos para conseguirlo. La última medida en este sentido, que está destacada de forma singular en la información oficial proporcionada por el Gobierno sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, es la creación de una nueva bonificación de 250 euros al mes (3.000 euros al año) sobre la cuota empresarial de los compromisos laborales indefinidos firmados por las empresas con jóvenes procedentes de un contrato de formación y aprendizaje, es decir, con aprendices que hayan ampliado su formación o aprendido un oficio en el seno de la empresa.
Si el proyecto de Presupuestos sale adelante y la medida finalmente entra en vigor, las empresas podrían beneficiarse de esta bonificación durante un periodo de tres años, siempre, lógicamente, que el aprendiz continúe en nómina de la compañía. Además, este 'bono' será compatible con otra bonificación de similares características que el Gobierno aprobó en 2012 y que permitía a las empresas ahorrarse 400 euros al mes (en el caso de mujeres) o 375 euros al mes (en hombres) por convertir en fijo los contratos de aprendizaje a la finalización de su plazo de vigencia, normal o prorrogado. La suma de ambas bonificaciones permitirá, según aseguran fuentes del Ministerio de Empleo, que en el futuro las empresas se ahorren la totalidad o casi la totalidad de las cotizaciones asociadas a los contratos fijos realizados a un antiguo aprendiz durante sus tres primeros años como empleado de la empresa.
Según información proporcionada por el propio Ministerio de Empleo, para un caso estándar en que el antiguo aprendiz fuera contratado de forma permanente por un sueldo bruto mensual de 1.220 euros, dado que la cotización resultante estaría en el entorno de los 390 euros, en el caso de la mujer las ayudas previstas servirían para bonificar todas sus cuotas sociales y en el caso de un hombre el pago de cotizaciones apenas ascendería a 15 euros al mes.
El Ministerio no ha ofrecido aún información precisa ni sobre el número de potenciales beneficiarios de esta nueva bonificación ni sobre el coste presupuestario que conllevará. Lo que sabemos es que en 2018 el Gobierno ha alimentado con 110 millones de euros extra la partida de bonificaciones a la contratación y que, de forma sorprendente, en la información de los programas presupuestarios que figura en el proyecto de Presupuestos de 2018 Empleo el número de contratos de formación y aprendizaje que se esperan bonificar este año es de 13.125 frente a los 17.500 del año anterior.
¿Funcionará? Los precedentes invitan a ser escépticos. El sindicato CCOO subrayaba hace unas semanas que en 2014 y 2015 solo un 2% de esos contratos de aprendizaje acabó convertido en indefinido y que el 72% de los jóvenes que participan en estos programas sobre alumnos de ciclos de formación profesional superior, con un elevado nivel de empleabilidad y sin un riesgo significativo de ser expulsados del mercado de trabajo.
No es la única medida ideada desde el Ministerio de Empleo para convertir la formación dual y el contrato de formación y aprendizaje en una vía realmente atractiva para la inserción laboral de los jóvenes. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluye también el denominado 'Bono Formación Garantía Juvenil', que apoyándose en los fondos europeos comprometidos para resolver el problema del paro juvenil en España ofrecerá una ayuda de 430 euros al mes para los trabajadores menores de 30 años que firmen un contrato de formación y aprendizaje. Este 'plus' busca resolver uno de los principales problemas de este tipo de contratos: su baja remuneración real, que las empresas siempre han abogado por ajustar al Salario Mínimo, modulado en función de las horas de jornada laboral.
La estrategia parece clara. Por un lado, incentivar a las empresas para que se tomen realmente en serio a los aprendices que incorporan a través de los contratos de formación y aprendizaje y los vean como futuros empleados, por la vía de hacer su contratación más barata. Por otro, evitar que los bajos sueldos ofrecidos en los contratos de formación y aprendizaje inhiban a los jóvenes a la hora de aceptar esta solución contractual, por la vía de complementar con cargo al erario público sus salarios.
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