El 'catastrazo' que viene: Hacienda revisa el valor de seis millones de inmuebles

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aparentemente más sociales, con subidas salariales para funcionarios y rebajas fiscales para las rentas más bajas -incluidos pensionistas- también tienen letra pequeña. Y es que, como todos los años, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha faltado a su cita con la revisión del catastro inmobiliario. Al punto que, según reflejan las cuentas públicas para el año próximo remitidas ayer al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo prevé actualizar el valor catastral de seis millones de inmuebles, cifra a la que sumará la implementación de otros 500.000 procedimientos colectivos.

El Ministerio de Hacienda mantiene una larga cruzada para adaptar los valores catastrales a la realidad del mercado. La cuestión no es baladí, en tanto el citado valor catastral sirve, entre otras cuestiones, como referencia fundamental para cuantificar uno de los principales tributos que afrontan todos los años los hogares españoles, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), véase la antigua Contribución Urbana. Eso sí, una vez notificado por el Ministerio de Hacienda, tiene que ser el ayuntamiento de turno el que active el proceso para el nuevo cobro.

Según consta en el proyecto de PGE, los municipios objeto de regularización en 2018 serán 1.272, para el IBI que tocará pagar en 2019. De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno aprobó en 2017 -para su entrada en vigor este año- la revisión del catastro y las nuevas tablas de los coeficientes de actualización para 1.830 municipios. A tenor de los datos hechos públicos en su momento, el IBI subirá en 1.296 ayuntamientos y bajará en 534 localidades. Tradicionalmente, la nueva tasación de los activos ha sido al alza, en línea con la inercia positiva del mercado inmobiliario.

Burbuja inmobiliaria

Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 ha tenido también un impacto en el guión habitual. Esto es, puede darse el caso de que, si la última revisión de los valores catastrales de un municipio se produjo en los años de vacas gordas, entre 2005 y 2007, con los precios de las viviendas por las nubes, una actualización hoy implique una revisión a la baja del valor catastral. No obstante, lo habitual es lo contrario, en tanto hay un buen número de municipios que desde hace décadas no han vuelto a ser evaluados.

Del mismo modo y dentro de sus actuaciones contra el fraude, el programa del Ministerio de Hacienda también prevé la comprobación y tramitación de 800.0000 altas o alteraciones de datos físicos, así como la incorporación catastral de oficio de 900.000 unidades. “El plan de trabajos previsto tiene por finalidad última garantizar la concordancia entre la descripción catastral y la realidad inmobiliaria de todo el territorio de los municipios”, subraya el documento.

Según la Ley del Catastro Inmobiliario, los Presupuestos Generales del Estado  tienen la capacidad de poner al día los guarismos catastrales, aplicándoles coeficientes en función de la entrada en vigor de la denominada ponencia de valores, un documento que elabora la Dirección General del Catastro, recoge los criterios básicos para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles y refleja el valor de mercado de una propiedad en un momento concreto.