El Plan Presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas la semana pasada y que será la base de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 no contempla ninguna partida de gasto en incapacidad temporal por Covid-19. Dicho de otra manera: el Ejecutivo no tiene reservados fondos para cubrir las bajas laborales por contagio o aislamiento de los trabajadores durante el próximo año. Así, después de estimar una factura anual por este concepto de 1.355 millones de euros en 2020, el Ministerio de Hacienda, responsable de cuantificar los ingresos y gastos de cada ejercicio, evita fijar cuál sería el desembolso en el que eventualmente podría incurrir la Seguridad Social por estas bajas en 2021 si la pandemia no desaparece.
En el Plan Presupuestario remitido a las autoridades europeas el pasado jueves, el Gobierno prevé que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus, que tienen la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, supondrán un gasto de 1.354,9 millones de euros en el conjunto de este año 2020, pero no contempla impacto presupuestario alguno para 2021. Se asume así que el año que viene no habrá ningún trabajador de baja por Covid y que, por tanto, el gasto de la Seguridad Social en esto será nulo.
Fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá, responsable del abono de las bajas por incapacidad temporal, justifican la ausencia de una partida específica por este concepto en la propia imprevisibilidad de la pandemia. "Es imposible de estimar", zanjan, argumentando que tampoco en marzo, cuando se aprobó el real decreto por el que se habilitó la baja especial por Covid, se pudieron hacer estimaciones sobre el eventual coste de la medida. No es posible, lógicamente, prever cuántos trabajadores se contagiarán o tendrán que hacer cuarentenas preventivas el año que viene, de permanecer el virus entre la sociedad ante la ausencia de una vacuna.
Pero lo cierto es que, por la misma regla, tampoco sería posible determinar cuántas empresas van a solicitar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y cuántos trabajadores pueden resultar afectados, y aquí tanto la Seguridad Social como Trabajo sí han hecho previsiones al proyectar un coste de 718,5 millones de euros en prestaciones y 435 millones en exoneraciones de cotizaciones sociales a las empresas. También se prevé un gasto de 400,4 millones en prestaciones extraordinarias por cese de actividad para trabajadores autónomos y 168,6 millones en exenciones de cuotas. Estos fondos, en cualquier caso, solo prevén la cobertura de las ayudas en el mes de enero, tal y como se acordó con los agentes sociales.
Aun así, hay que matizar que no se descarta que se puedan hacer ampliaciones presupuestarias si es necesario para ampliar el 'escudo social' más allá del mes de enero. Pero no deja de llamar la atención que no se contemple gasto alguno en una de las medidas clave en esta crisis como es la cobertura por incapacidad temporal. Más aún cuando el desembolso en bajas laborales se ha disparado desde el mes de agosto por la segunda oleada de contagios, mientras el resto de la factura tanto en ERTE como en cese de actividad de autónomos ha venido menguando en los últimos meses.
Según los últimos datos que aportó el ministro Escrivá, el desembolso en incapacidad temporal ha pasado de 34 millones de euros en junio o 46 millones en julio a triplicarse en agosto al alcanzar los 144 millones de euros. En septiembre, con los rebrotes en pleno apogeo, el gasto volvió a crecer otro 28% en términos intermensuales, hasta los 185 millones de euros, por encima del nivel de mayo (170 millones), aunque lejos todavía de los 566 millones de euros que se llegaron a desembolsar en el pico de abril.
Así, en total, desde mediados de marzo la Seguridad Social se ha gastado 1.369 millones de euros en 1.645.000 bajas. El dato que facilitó el propio ministro durante una comparecencia en el Congreso llama la atención, porque se trata del gasto acumulado hasta septiembre y es superior a la cifra que consta en el Plan Presupuestario para todo el año 2020 (1.355 millones). Fuentes del departamento de Escrivá indican que la diferencia se debe al montante de la incapacidad temporal que se abona a través de las mutuas y que en el presupuesto anual solo se recoge la parte que paga directamente la Seguridad Social. Especificidades de Hacienda, en definitiva, para cumplir los criterios presupuestarios exigidos por Bruselas.
Las bajas para padres, en el aire
Y mientras tanto, con el curso escolar iniciado de lleno, los padres que no pueden acudir al trabajo por tener que cuidar de sus hijos en cuarentena por cierre de aulas por Covid, pero sin una PCR positiva, siguen sin estar cubiertos económicamente por la Seguridad Social. Tras varias declaraciones cruzadas entre responsables de distintos ministerios, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, aseguraba a mediados de septiembre que la ampliación de las bajas se aprobaría en cuestión de días. Pasado ya el ecuador de octubre, el asunto sigue sin llevarse al Consejo de Ministros. Desde Seguridad Social indican que continúan los "trabajos técnicos", pero fuentes gubernamentales apuntan a que Economía y Hacienda están frenando la medida por motivos presupuestarios y prefieren contemporizar la decisión en vista de que el cierre de aulas no está siendo masivo.
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