El Gobierno ha comunicado oficialmente a las autoridades europeas su intención de aprobar una subida de las pensiones del 0,9% para 2021. Tras meses de especulaciones sobre una posible congelación de las prestaciones públicas como consecuencia de la crisis económica que ha provocado la pandemia de la Covid, finalmente el Ejecutivo reafirma su compromiso con el colectivo de pensionistas para evitar la pérdida de poder adquisitivo por la vía de la revalorización al Índice de Precios de Consumo (IPC), según figura en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas este 15 de octubre y que contempla un deflactor del PIB -la referencia que utiliza Hacienda, que no hace previsiones de IPC- equivalente a ese 0,9% para el próximo año.
Hay que aclarar, antes de nada, que lo que ha hecho el Gobierno es comunicar a la Comisión Europea su intención de subir las pensiones en línea con el IPC previsto. Este incremento recogido en el Plan Presupuestario deberá ser negociado en las próximas semanas con las distintas fuerzas políticas y con los agentes sociales, si bien todo apunta a que la medida contará con un amplio respaldo tanto de los partidos como de los sindicatos y la patronal, que en los últimos años se han venido alineando en torno a la idea de que los pensionistas deben tener la capacidad de compra garantizada.
Con esta nueva subida, que calca la aprobada para 2020 -año en el que, por cierto, la inflación se situará previsiblemente en el 0%, de manera que la ganancia de poder adquisitivo de los pensionistas habrá sido notable en un año especialmente delicado para la economía española- la pensión media del sistema alcanzará los 1.024 euros, desde los casi 1.015 euros actuales, según la última nómina mensual de la Seguridad Social del mes de septiembre. En otras palabras, el incremento de las pagas de los pensionistas en promedio será de unos 9 euros mensuales, según los cálculos efectuados por La Información en base al Plan Presupuestario del Ejecutivo.
Dentro del desglose, las pensiones de jubilación, que son las más numerosas, escalarán a partir del 1 de enero hasta los 1.177 euros de media, un nuevo máximo histórico, tras un alza de unos 10,5 euros desde los 1.166,7 euros actuales. Mientras, las pensiones de viudedad subirán en algo más de 6,5 euros y pasarán de 728 euros mensuales a situarse ligeramente por encima de los 734 euros, siempre hablando en promedio. Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente se acercarán a los 995 euros, frente a 986, y las de orfandad crecerán casi 4 euros, pasando de 411 a 415 euros al mes. Por último, las pensiones en favor de familiares rondarán los 598 euros, desde los 593 de la nómina actual.
La máxima sube a 2.707,5 euros
Respecto a las pensiones mínimas, para las que en el documento por ahora no se contempla un incremento superior específico, la más común, la de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, pasará de 843,4 euros a 851 euros. A su vez, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares ascenderá a 798 euros, desde los 790,7 actuales. Mientras, la pensión mínima de incapacidad permanente por gran invalidez se elevará hasta los 1.276,5 euros desde los 1.265,1 euros a día de hoy, y la de incapacidad absoluta con cónyuge a cargo subirá de 843,4 a 851. Y del otro lado, la pensión máxima del sistema escalará desde 2.683,3 euros mensuales hasta los 2.707,5 euros. Todo ello, a la espera de que la revalorización se materialice en una norma y se dé a conocer cómo queda el cuadro definitivo con todas las modalidades.
El coste total de la revalorización superará los 1.400 millones de euros (en concreto, 1.439 millones), lo que supondrá un gran impacto sobre las arcas de la Seguridad Social y tensará aún más un déficit público disparado a consecuencia de la crisis sanitaria. Una factura que está dispuesto a asumir el Gobierno para garantizar la capacidad de compra de los pensionistas, un compromiso firme de la coalición progresista, aunque suponga un gran esfuerzo para las cuentas públicas en un momento muy delicado.
En este sentido, el Gobierno explica a Bruselas que el gasto en prestaciones sociales descenderá un 2,5%, pasando de un 20,98% del PIB en 2020 a un 18,46% del PIB en 2021, debido a la finalización de las medidas excepcionales adoptadas en el ámbito laboral. "Esta evolución viene determinada en primer lugar por el comportamiento del gasto en pensiones, que es la principal partida de gasto de esta rúbrica", matiza. Y añade que "el aumento de las pensiones mantiene la tendencia de años anteriores, y es consecuencia del incremento en el número de pensionistas, del efecto sustitución al ser las pensiones nuevas superiores a las ya existentes, y de la revalorización de las pensiones con el IPC".
Entierra el 0,25%
El Ejecutivo orilla así una vez más, como ya sucedió en 2018, 2019 y 2020, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que establece un suelo del 0,25%, hasta que pueda derogarlo definitivamente, a la espera de las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que en estos días está cerca de alcanzar un acuerdo que, entre otros asuntos, incluirá la garantía de que las pensiones no perderán poder adquisitivo con una revalorización ligada a la inflación.
En el documento enviado este jueves a la Comisión Europea el Gobierno avanza su reforma de pensiones, partiendo de la separación de las fuentes de financiación -el Estado ya asumirá el año que viene 13.929 millones de euros- para "atajar el déficit contable" del sistema. "A medio y largo plazo, se trata de abordar el incremento importante del número de jubilaciones en las próximas décadas, completando la legislación actual con la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, e incentivando la demora en la jubilación al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas", añade, para avanzar que las conclusiones del Pacto de Toledo "se esperan en el muy corto plazo".
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