Sánchez calma a la UE con una promesa para bajar el déficit pese al gasto récord

El Gobierno intenta calmar a las autoridades europeas tras aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con un techo de gasto récord de más de 173.000 millones de euros para 2023 (más de 198.000 millones si se incorporan los fondos europeos). Desde Bruselas han insistido a nuestro país en la necesidad de controlar el gasto corriente, situándolo por debajo del crecimiento potencial, y llevar a cabo una política fiscal prudente. Y el Ejecutivo, que no quiere poner en juego el dinero de Europa, se ha esforzado por dejar claro a la Comisión su compromiso con una senda de consolidación fiscal que consideran perfectamente compatible con una respuesta "eficaz" y "contundente" primero a la pandemia de la Covid y después a la guerra en Ucrania.

Así se ha esforzado por señalarlo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde este martes al proyecto presupuestario del próximo año, pactado in extremis entre los socios del Gobierno. La máxima responsable de la elaboración de las cuentas públicas, junto con la titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha enfatizado que el Ejecutivo está comprometido con una senda de consolidación fiscal que atiende a las recomendaciones de la Comisión Europea, ya que en los PGE de 2023 el gasto primario nacional crece un 1,5% respecto a 2022, por debajo del avance del PIB potencial a medio plazo, que ha situado en el 3,2%.

Las cuentas públicas de 2023 incorporan el aumento del salario de los funcionarios pactado con los sindicatos, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados. Con un gasto social récord, con estas cuentas el Gobierno busca reforzar la sanidad, la educación, la dependencia o las becas.  Además, el PSOE y Unidas Podemos han acordado el despliegue de una Ley de Familias con nuevos permisos de conciliación o una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años. Los PGE también incorporan el paquete fiscal que incluye el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la rebaja del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Montero ha destacado que el objetivo de estos Presupuestos, los terceros del Gobierno de coalición y los últimos de esta legislatura, es poder transitar un momento de "enorme incertidumbre" por la guerra de Ucrania, al tiempo que ofrecen "seguridad y estabilidad" a las familias y lanzan un "claro mensaje" al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de la economía española. Y es que este mensaje al exterior es clave. Así lo ha destacado también Calviño, que ha asegurado que la responsabilidad fiscal es uno de los "principios rectores" de la política económica del Gobierno y que "vamos a cumplir los objetivos marcados para 2022 dentro de esa senda de consolidación fiscal a medio plazo" que permitirá situar el déficit por debajo del 3% y la deuda por debajo del 110% del PIB en 2025 (3,9% en 2023).

Hay que recordar que, en sus últimas recomendaciones, para el periodo posterior a 2023 Bruselas insta a España a "proseguir una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar una reducción gradual de la deuda que sea creíble y la sostenibilidad de las finanzas públicas". Y le avisa de que, aunque las reglas fiscales estén suspendidas, esto no implica una 'barra libre' en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que continúa vigente, ya que la cláusula general de escape "permite una salida temporal de los requisitos presupuestarios normales, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo". En este contexto, anuncia al Gobierno que en otoño de 2022 volverá a evaluar la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo sobre la base de los datos de ejecución de 2021.

El Gobierno ha presentado las cuentas públicas como los Presupuestos "de la justicia social y la eficiencia económica". Por su parte, la ministra de Hacienda ha incidido en que estos PGE buscan acompañar a la sociedad para transitar un momento de máxima incertidumbre por la guerra. Y ha insistido en que en este momento no se puede, bajo ningún prisma, protagonizar una bajada masiva generalizada de impuestos -como propone el Partido Popular- porque es "malo para la economía del país" y está "contraindicado" por todos los organismos nacionales a internacionales. Al contrario, ha apostado por su plan fiscal para apuntalar los ingresos y seguir avanzando en la senda de consolidación del déficit público, poniendo el foco de las ayudas en los colectivos más vulnerables y propiciando que quien más tiene realice una mayor aportación a las arcas públicas.