Los Presupuestos Generales de 2019 ya han llegado a Bruselas, pero ahora el Gobierno debe emplearse a fondo para conseguir aprobarlos en el Congreso. No lo tiene fácil, pues las condiciones de ERC y el PDeCAT están claras: los presos a cambio de las cuentas públicas. No obstante, Moncloa considera que las formaciones independentistas acabarán ablandándose pues no podrán decir 'no' a un futuro proyecto de ley "valiente", tal y como lo ha definido la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Para el Gobierno, las cuentas públicas que elaborarán a partir de ahora buscan "mejorar la vida de la gente" y también de los catalanes. "Revierte los recortes", afirma el Ejecutivo, que ha bautizado el proyecto de 2019 como los "Presupuestos para un Estado social" que apuestan por un "cambio de modelo". Para Moncloa es importante que estas cifras cumplen tanto "con los ciudadanos" como con los compromisos adquiridos con los socios comunitarios.
Los Presupuestos deberían ser apoyados por las fuerzas catalanas porque sirven para "proteger a los ciudadanos contra la burbuja inmobiliaria" y, además, para luchar "contra la pobreza energética". Sobre la reforma fiscal, el Gobierno admite que se trata de una política "más progresiva y con mayores controles":
"Apoyarlos no es apoyar al Gobierno, apoyarlos es comprometerse con la mejora de la vida de las personas", ha asegurado Celaá ante el órdago lanzado este fin de semana por las fuerzas independentistas que llevaron a Sánchez a La Moncloa. Estos Presupuestos, ha añadido la ministra de Economía, Nadia Calviño, "enmarcan una política dirigida a mejorar la vida de las personas".
"Un Presupuesto que cambia el paso, que nos pone en otro escenario", según el Ejecutivo socialista. Celaá ha afirmado que ahora "corresponde a las autoridades catalanas sopesar entre lo que es la separación de poderes y los beneficios para millones de personas lo que suponen" estas cuentas. La ministra portavoz se ha referido a los avisos de los independentistas como "declaraciones retóricas".
"Los Presupuestos tienen fuerza intrínseca para salir adelante por sí solos", considera el Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha añadido que "no nos cabe en la cabeza que una formación no ponga en el centro a las personas".
Bloqueo a las cuentas públicas
En este momento las fierzas catalanas tienen atascadas las cuentas publica. La filtración de que la Fiscalía del Tribunal Supremo baraja solicitar hasta 20 años de prisión para los exdirigentes de la Generalitat actualmente en la cárcel y acusarles de un delito de rebelión (con violencia) ha provocado que el independentismo lance un ultimátum. O el Gobierno socialista mueve ficha o no hay nada de qué negociar, avisan sus socios de la moción de censura.
Desde ERC ya han sido claros. Joan Tardà, portavoz en el Congreso, ha afirmado que su partido ya ha transmitido a Moncloa que ni siquiera se sentarán sobre la mesa para negociar los Presupuestos de 2019 si la Fiscalía no retira dichas acusaciones. "No negociaremos nada", ha afirmado dejando claro que la única salida para ellos es la "absolución" de los procesados. "Me va a costar votar a favor de los Presupuestos de un Gobierno de carceleros", dijo por su parte Gabriel Rufián. Idéntico mensaje ha transmitido el PDeCAT. Lo ha hecho Míriam Nogueras, también diputada y número dos de la formación de Puigdemont.
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