El Gobierno ha evitado concretar la subida de las pensiones en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Según ha podido saber La Información por fuentes gubernamentales, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de esta partida, no ha especificado la proporción en la que se revalorizarán las prestaciones el próximo año, a la espera de conocer el impacto final de la escalada de los precios energéticos en el Índice de Precios de Consumo (IPC). Pendientes del contenido que revele este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las fuentes consultadas aseguran que se ha optado por 'dejar en blanco' este apartado que es un clásico en los proyectos presupuestarios.
El motivo de la ausencia de esta cifra, una de las que suelen generar más expectación en los PGE de todos los años, no es otro que la aplicación efectiva de la nueva fórmula de revalorización que establece el 'Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones', que fue pactado con los agentes sociales y que todavía no ha entrado en vigor porque se encuentra en tramitación parlamentaria. Esta fórmula determina que las nóminas se revalorizarán el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior y ese es un dato que aún se desconoce.
Aunque los técnicos del departamento que dirige José Luis Escrivá sí manejan a estas alturas previsiones sobre el nivel en el que podría cerrar el IPC en el mes de noviembre, fuentes de la Seguridad Social adelantan que es "más que probable" que el proyecto de PGE no recoja ninguna cifra específica en el apartado de la revalorización de las pensiones. Esto es así porque si hace apenas un mes el Ejecutivo estimaba que la inflación media anual estaría en noviembre en el 1,9%, el aumento imparable de la inflación, empujada por el encarecimiento de la energía y aupada por unos precios de la luz absolutamente desbocados, hace imprevisible la evolución del IPC, que entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 (último dato confirmado) acumulaba ya un repunte del 2,2%.
Ante esta escalada de los precios, fuentes del Ministerio de Hacienda no descartan que finalmente se aplique una subida de las pensiones que se sitúe holgadamente por encima del 2% en 2022, si bien la actualización final de las prestaciones no se conocerá hasta disponer del dato de inflación del mes de noviembre, que le corresponde aportar al Instituto Nacional de Estadística (INE). Y hay que tener en cuenta que, aunque a finales de noviembre ofrece un avance, los datos no son definitivos hasta mediados de diciembre, de modo que todo apunta a que la incertidumbre entre el colectivo de pensionistas persistirá hasta las últimas semanas del año. En paralelo, se aplicará una subida superior al IPC para las pensiones mínimas y no contributivas, tal y como ha avanzado Escrivá recientemente.
¿Es posible elaborar los Presupuestos de la Seguridad Social sin especificar cuánto subirán las pensiones contributivas, la partida presupuestaria de largo más cuantiosa de todos los PGE? Hacienda rehúsa explicar el encaje presupuestario de esta ausencia y fuentes del Ministerio se limitan a confirmar a La Información que "la revalorización con la ley viene determinada por el IPC de noviembre y cuando se presenta el PGE se desconoce ese dato". Si bien no sería la primera vez que en un proyecto presupuestario se obvia esta cifra. Aunque no es habitual, por ejemplo, en los PGE del año 2008, cuando las pensiones todavía estaban ligadas al IPC, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consignó un crédito presupuestario para las pensiones en base a un "mantenimiento del poder adquisitivo" sin concretar. Pero otros años, también previos a la ruptura del matrimonio revalorización-inflación que impuso la ley de 2013, como es el caso de 2010, sí se puso negro sobre blanco un alza del 1%.
En aquellos años en los que las nóminas de los pensionistas estuvieron 'casadas' con la inflación -así fue desde 1997 y la unión llegó hasta la entrada en vigor en enero de 2014 del índice de revalorización vinculado, sobre todo, a la evolución de los ingresos y gastos del Sistema, que condenó a las pensiones a pírricas subidas del 0,25%- el Gobierno solía justificar en los proyectos presupuestarios el incremento de la rúbrica de gasto en pensiones con más detalle, concretando la influencia, en cada caso, de los distintos deslizamientos del Sistema: además de la revalorización fijada por el Ejecutivo, hay otros elementos que tiran del gasto en pensiones, como el incremento del colectivo de pensionistas o la variación de la pensión media por el denominado 'efecto sustitución' (las nuevas pensiones son cada vez más altas que las que cobraban los que se dan de baja en el Sistema).
Ese nivel de detalle desapareció posteriormente de los sucesivos Presupuestos y, por el momento, se desconoce si el Gobierno ha optado en esta ocasión por aportar algo más de información al capítulo de las pensiones públicas, que en cualquier caso deberá estar cuantificado. Lo que sí adelantan fuentes gubernamentales es que no aparecerá una cifra concreta de revalorización en el proyecto presupuestario que aprueba este jueves un Consejo de Ministros extraordinario y que, previsiblemente, llegará al Congreso de los Diputados la próxima semana para su tramitación parlamentaria. Habrá que esperar a finales de año para conocer el impacto de la escalada de los precios energéticos en el dato de inflación y despejar la incógnita sobre cuánto subirán las nóminas de los pensionistas el 1 de enero.
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