Sánchez incluye en los PGE partidas que pactó con Cs para evitar la foto con Torra

  • El Gobierno también contempla en las cuentas públicas respetar los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Valencia, Aragón y otros feudos socialistas.
Pedro Sánchez
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EP

Los Presupuestos de 2019 ya son una realidad, pero ahora Pedro Sánchez necesita 176 síes en el Congreso. Para conseguir la deseada cifra, Moncloa y Hacienda tienen dos combinaciones posibles: contar con los votos de los independentistas catalanes de ERC y el PDeCAT o intentar acercarse a Ciudadanos. La primera opción es la más temida por los barones del PSOE, que se enfrentarían a las elecciones municipales y autonómicas con la foto de Sánchez junto a los secesionistas encima de la mesa. Para evitar ese desgaste de imagen, el plan B del Gobierno pasa por intentar un acuerdo con la formación naranja, una imagen bastante complicada por el hecho de tener que sumar junto a Unidos Podemos. Por eso en las cuentas públicas se incluyen guiños al partido de Albert Rivera.

La operación con Cs no está descartada en el Ejecutivo. Lo reconocían este lunes a La Información fuentes de Hacienda, desvelando que la ministra ya ha sondeado a dirigentes de la formación naranja sobre si podrían sentarse a dialogar sobre las cuentas públicas y dejándoles claro que en los PGE se incluyen medidas que ellos mismos exigieron hace unos años. Fuentes de la ejecutiva de Cs confirman, por su parte, que están recibiendo mensajes por parte del Gobierno para intentar conocer su disponibilidad a abrir una negociación. Incluso, la ministra Montero llegó a acercarse al diputado naranja Francisco de la Torre durante la presentación de los Presupuestos para preguntarle, en presencia de varios testigos, si iban a aceptar sentarse a negociar.

Tres años después del 'Pacto del abrazo'

Para intentar hacer girar a Cs hacia el 'sí' el Gobierno socialista ha incluido en los Presupuestos algunas partidas que estuvieron contempladas en el llamado 'Pacto del abrazo', aquel documento de 67 páginas que firmaron el 24 de febrero de 2016 Pedro Sánchez y Albert Rivera en el Congreso. Socialistas y naranjas se unieron entonces en un acuerdo que acabó en papel mojado pero que pretendía abrir en España una "segunda Transición" a través de un Gobierno conjunto "reformista y de progreso". "Debemos reformar España entre todos, para fortalecerla y no fracturarla", se podía leer en la introducción del acuerdo.

Momento en el que Sánchez y Rivera sellan el 'Pacto del abrazo'
Momento en el que Sánchez y Rivera sellan el 'Pacto del abrazo'. / EFE

Ahora, casi tres años después de aquella fotografía en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, las primeras cuentas públicas de Sánchez incluyen, por ejemplo, una ambiciosa reforma fiscal que ya estaba contemplada en aquel acuerdo de febrero de 2016. En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, que se reformará este 2019 para las grandes empresas, el pacto PSOE-Cs recogía la necesidad de acometer cambios "en profundidad con un doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y de aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la zona euro". Argumento calcado, al igual que la reforma del IRPF para las rentas más altas (hace tres años pensaron en crear un tributo especial a las grandes fortunas) o la reducción del IVA de los libros digitales al 4%.

Los guiños a Cs en las cuentas públicas de Sánchez no acaban ahí. La apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de la escuela infantil de 0 a 3 años, incrementar el sistema de becas, el incremento de la inversión en I+D+i, la lucha contra el fraude, acabar con el copago farmaceútico o la promoción y protección de los autónomos fueron otros aspectos pactados entre Sánchez y Rivera que ahora tienen su traslación en los PGE de 2019. En 2016 también se pactó "garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, así como el poder adquisitivo de los pensionistas", algo que el Ejecutivo socialista ha mejorado notablemente en su principal proyecto de ley económico.

Los barones, en pie de guerra la foto con independentistas

Pero aprobar los Presupuestos de la mano de los independentistas catalanes, los mismos que auparon a Sánchez a La Moncloa en junio, tendría un serio coste para los socialistas en las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Así lo consideran diferentes barones, que ya han hecho llegar a La Moncloa sus consideraciones. Temen una situación similar a la producida en Andalucía el pasado 2-D, donde la abstención del histórico votante socialista y el avance de Vox han desalojado al PSOE de la Junta y enviado a Susana Díaz a la oposición por primera vez en democracia. En las baronías consideran que negociar con los secesionistas catalanes (aunque Sánchez insista en que siempre se hace dentro del marco constitucional) les resta votos en toda España. Por eso la vía de Cs abriría una esperanza a estos dirigentes territoriales socialistas que se la juegan en apenas cuatro meses. 

Fuentes de Cs aseguran, por su parte, que la ejecutiva del partido ya conoce los acercamientos del Gobierno. Pero, aunque Rivera haya anunciado este mismo lunes que él hablaría con PSOE y PP para evitar que populistas manejen los PGE, insisten en que mantendrán su 'no es no', tanto a aprobar las cuentas de 2019 como para desbloquear la senda de estabilidad presupuestaria encallada en el Senado. Solo PP y la formación naranja pueden facilitar que el Ejecutivo de Sánchez trabaje con un déficit del 1,8%, en lugar del 1,3% con el que han sido elaboradas las cuentas públicas socialistas. Ninguno de los dos partidos, por tanto, tienen intenciones de ceder.

Otro aspecto que calmará a la mayoría de barones socialistas es el incremento de la inversión en infraestructuras que se contemplan en las diferentes autonomías. Territorios gobernados por el PSOE son los principales beneficiados, junto a Cataluña, del reparto de millones incluido en las cuentas públicas. El Gobierno central ha decidido respetar lo contemplado en diferentes Estatutos de Autonomía, de forma que territorios como Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias o Extremadura recibirán una inversión extra que servirá a los barones para encarar en mejores condiciones la cita con las urnas de mayo. Las castigadas, en el bando contrario, son Galicia y Madrid, gobernadas por el PP.

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