El Gobierno ha incluido una nueva subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, una medida que se ha estado negociando hasta el último momento, tal y como adelantó La Información. El incremento será del 2,5%, según adelantan a este medio fuentes conocedoras del documento que aprueba este jueves el Consejo de Ministros extraordinario.
Se trata del índice que se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita o rentas mínimas de inserción, entre otros, y su incremento supone que se ampliarán los potenciales beneficiarios de las ayudas públicas, al elevarse el umbral de renta. Se trata de una medida por la que ha presionado hasta el final Unidas Podemos.
La subida pactada por los socios de la coalición es del 2,5%, una proporción que supone la mitad de lo que se incrementó este indicador en los Presupuestos de 2021. De este modo, el IPREM escalará a partir del 1 de enero hasta los 579 euros, unos 14 euros más respecto a los 564,9 euros actuales. Fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones explican que la escalada de la inflación, empujada por el alza de los precios energéticos y de la factura de la luz, se ha tenido muy en cuenta en esta decisión de importante calado social.
Hay que recordar que el IPC disparó su tasa interanual en septiembre hasta el 4% y que en lo que va de año acumula un incremento superior al 2%. A la espera de conocer cómo cerrará el ejercicio, el Ejecutivo considera razonable incrementar el IPREM un 2,5%, frente al 2% que se ha planteado, por ejemplo, para el alza de las nóminas de los empleados públicos. Mientras, la subida de las pensiones no está definida en el proyecto presupuestario y no se cifrará hasta conocer la inflación de noviembre.
En cualquier caso, el alza del IPREM complementa a la subida ya aprobada por el Gobierno del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021, de 15 euros mensuales, y a la que se va a poner en marcha a partir del 1 de enero de 2022, aún por determinar en la recta final del año, previa consulta a los agentes sociales. Una mejora de las rentas más bajas que también va a ir acompañada de un incremento por encima del IPC de las pensiones mínimas y no contributivas, así como del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El IPREM fue introducido en 2004 por José Luis Rodríguez Zapatero para desvincular las ayudas públicas del SMI y mitigar su impacto en los Presupuestos, pero el problema es que con el paso de los años el SMI ha ido creciendo -especialmente en los últimos tiempos- mejorando los ingresos de las familias, y el IPREM había permanecido congelado, obstaculizando el acceso a las ayudas a excepción de los casos de extrema pobreza.
El Gobierno de coalición es consciente de la problemática y ya empezó a adoptar soluciones en los PGE de 2021 con esa subida del 5%, pero el flanco de Unidas Podemos consideraba ese incremento insuficiente y ha presionado en las negociaciones de estos últimos días para subirlo más en los Presupuestos de 2022. Finalmente, según las fuentes consultadas, el alza será del 2,5% a partir del 1 de enero.
La medida tendrá un impacto en las partidas de gasto de los PGE no menor, pero difícil de cuantificar, habida cuenta de que no solamente el Estado vincula los requisitos de renta y la cuantía de las prestaciones a este indicador, sino que también lo utilizan como referencia las comunidades autónomas y corporaciones locales. En cualquier caso, la mejora del acceso a los subsidios y ayudas sociales es clave tras la pandemia de la Covid-19, que ha provocado un 'shock' económico sin precedentes que causará estragos importantes en las rentas, y precisamente para proteger a los colectivos más vulnerables ante esta crisis el PSOE y Unidas Podemos mantienen intacto su compromiso programático: "Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización", rezaba el documento.
En paralelo, hay que recordar que, a cambio de arrancar al PSOE los avances en materia de regulación de los precios del alquiler de vivienda, los socios de Unidas Podemos han tenido que renunciar a dos de sus principales demandas: la prestación universal para madres con hijos de 0 a 3 años, una suerte de 'cheque bebé' de 1.200 euros anuales, o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses, desde las 16 semanas actuales. Los socialistas han tumbado ambas aspiraciones por motivos presupuestarios y no estarán en los PGE de 2022.
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