El Gobierno prometió una 'tramitación exprés' de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para garantizar su entrada en vigor antes del 1 de enero...y así ha sido. Menos de dos meses han separado el día en que el proyecto presupuestario del Ministerio de Hacienda fue aprobado por el Consejo de Ministros - el pasado 27 de octubre - del día en que el Senado ha aprobado sin cambios el texto remitido por el Congreso ratificando de esta forma su aprobación definitiva este pasado 22 de diciembre. Entre medias mucho ruido político y pocos cambios respecto al proyecto inicial planteado por el Gobierno, que ha ganado más respaldo parlamentario por las concesiones realizadas en territorios ajenos a las cuentas públicas que en el tradicional 'mercadillo persa' en el que suelen convertirse los proyectos presupuestarios de los gobiernos en minoría.
Se ha hablado casi más de la eventual aceleración de los indultos a los presos del 'procés', como posible moneda de cambio por el apoyo de ERC, o del posible acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco, como contrapartida al respaldo de Bildu, que de cambios en las partidas presupuestarias. Es más, las enmiendas al proyecto de Presupuestos de 2021 que más polvareda han levantado han hecho referencia a aspectos ajenos a la ley presupuestaria: la enmienda de ERC para exigir la modificación radical del Impuesto de Patrimonio - algo que no se puede hacer a través de unos Presupuestos - para impedir el supuesto 'dumping' fiscal de la Comunidad de Madrid; y la de Unidas Podemos, ERC y Bildu para presionar al Gobierno para prohibir los desahucios de personas vulnerables, algo que como se le recordó desde el área socialista del Gobierno tampoco podía hacerse a través de los Presupuestos Generales del Estado.
La negociación interna entre PSOE y Unidas Podemos fue lo suficientemente intensa (y tensa) como para intentar evitar cualquier cambio ulterior en unos Presupuestos que venían atornillados hasta el límite. Había que darles un barniz social y el compromiso se concretó en 4.200 millones de euros más para pensiones, en buena medida por la decisión del Ejecutivo de revalorizar las prestaciones de los jubilados respecto al IPC previsto (0,9%) y de subir un 1,8% las pensiones mínimas; en 4.131 millones más para la cobertura del desempleo; casi 2.000 millones de euros más para el Ingreso Mínimo Vital, la prestación estrella creada por el Gobierno este año para dar cobertura a las personas con menos recursos; 600 millones de euros más para el sistema de atención a la dependencia; o 300 millones para sufragar la ampliación de 12 a 16 semanas del permiso de maternidad, un despliegue de gastos que ha permitido al Gobierno transitar los últimos meses por los pasillos del Parlamento presumiendo del "presupuesto más social de la historia".
Pero que también le ha valido el tirón de orejas de organismos como el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o la propia Comisión Europea que no terminan de ver con buenos ojos que la Administración de un país con un déficit que se irá en 2020 al 11,3% y que ha peleado como nadie las ayudas europeas para superar la pandemia sobrecargue sus cuentas con un puñado de gastos que se van a adosar a los presupuestos con carácter estructural. Bruselas envió en este sentido un duro mensaje al Gobierno en la evaluación de su plan presupuestario al desconfiar de las proyecciones de Moncloa y prever un déficit estructural persistente en los próximos años.
El asunto no es menor. La Comisión mide el cumplimiento fiscal de los países por su capacidad para reducir el déficit estructural y pese a que el Gobierno haya proclamado la suspensión de las reglas fiscales en España, Bruselas tiene muy claro que la anulación de las suyas es transitoria y cuando se reimplanten volverán a activar las mismas obligaciones del pasado.
La eterna cuestión de los ingresos fiscales
¿Por qué dudan los organismos de España? Porque el país acumula un dilatado 'track record' de incumplimientos de sus previsiones fiscales, caracterizada por previsiones de gastos que se cumplen de manera inexorable y previsiones de ingresos que se incumplen en igual medida. En unos Presupuestos inclinados al gasto, la previsión de ingresos iba a estar bajo la lupa y en el momento en que se supo en que el Ministerio de Hacienda contaba con 33.000 millones de ingresos extra en 2021 para cuadrar sus cuentas el escepticismo se disparó. El plan gubernamental se basa en obtener 27.000 millones extra sólo del impulso de la recuperación económica y unos 6.085 millones de las medidas fiscales dispuestas en los PGE 2021. La Autoridad Fiscal ya avanzó que según sus cálculos el Ejecutivo no podía confiar en conseguir más de 4.000 millones de euros con sus medidas fiscales y respecto al impulso de la coyuntura...
La previsión de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado se basa en la expectativa de que la economía española crezca un 9,8% el próximo año, un escenario que la práctica totalidad de analistas nacionales e internacionales consideran como demasiado optimista. Un crecimiento más en línea con el consenso de los analistas - el escenario central del Banco de España es un crecimiento del 6,8% - erosionara el manantial de ingresos que espera Hacienda y afectaría por ende a la previsión de déficit de 2021.
Todas las esperanzas del Gobierno se depositan en los 26.000 millones de euros de fondos europeos, que Moncloa aspira a ejecutar en su totalidad en 2021. Ésa es la llave para que la economía salte del crecimiento inercial del 7,2% previsto por Economía al 9,8% que sustenta los Presupuestos. La situación también genera dudas en los analistas, que recuerdan que la ejecución histórica de los fondos europeos apenas ha alcanzado un 30%.
Adiós a los 'eternos' presupuestos de Montoro
Los últimos presupuestos de Cristóbal Montoro fueron singulares desde el principio. Salieron adelante gracias a un acuerdo político con el PNV forjado apenas unas semanas antes de que la formación vasca 'se pasara al otro lado' y diera el apoyo decisivo para que la moción de censura planteada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy saliera adelante. Uno de los efectos de ese movimiento fue que la nueva titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que defender los presupuestos de Montoro y votar a favor de su aprobación, que se produjo a principios de julio ya con Pedro Sánchez más que instalado en el Palacio de la Moncloa.
Nadie anticipada entonces que esos presupuestos fueran a tener una vida tan larga. Cuando entren en vigor el próximo 1 de enero los Presupuestos Generales del Estado de 2018 llevarán dos años y medio en vigor por el fiasco del proyecto de Presupuestos Generales de 2019 y la decisión del nuevo Ejecutivo de coalición de las izquierdas de no meterse a sacar un proyecto presupuestario en plena crisis sanitaria.
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