"Desastre", "caos" o "colapso" son términos que el Gobierno quería evitar en los titulares sobre el Ingreso Mínimo Vital, pero el cuello de botella que ha provocado en la Seguridad Social ha puesto en evidencia que el sistema no estaba preparado para gestionar con la urgencia que requiere el momento actual este complejo subsidio, tan histórico en materia de protección social en España como polémico en la literatura económica mundial. Con los datos en la mano, el balance hasta la fecha es desolador: el Gobierno no ha aprobado ni el 1% de las solicitudes recibidas y tres meses después de su puesta en marcha todavía está desarrollando los protocolos necesarios para agilizar la tramitación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La situación es límite para 770.000 familias que viven en la pobreza extrema.
El Gobierno prometió que el Ingreso Mínimo Vital llegaría a 850.000 hogares (2,3 millones de personas), pero a estas alturas apenas tienen reconocida la prestación 80.000 familias, según los datos oficiales. De ellas, más de 74.000 no tuvieron que hacer el papeleo, porque la Seguridad Social les reconoció el cobro de oficio al ser beneficiarios de la prestación por hijo a cargo, de manera que las solicitudes enviadas por ciudadanos y validadas por el Gobierno ascienden a solo 6.000, de un total de 750.000 recibidas. Además, 25.800 expedientes están pendientes de documentación y 36.800 han sido denegados, en su mayoría por exceder los límites de renta requeridos. Oficialmente, solo consta el pago que se hizo de oficio a finales de junio, pues la nómina de julio no se ha hecho pública y la de agosto aún no está cerrada.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tenía pensado aportar estos datos hasta finales de septiembre, pero ha optado por adelantarlos tras revelar La Información las cifras que el propio departamento había admitido a través del portal de transparencia. Desde el equipo de José Luis Escrivá inciden en que "los datos facilitados hasta ahora no son concluyentes, puesto que las duplicidades y la falta de documentación en gran parte de las solicitudes distorsionan estas cifras". Una justificación que no ha evitado las críticas no solo por parte de los demandantes del subsidio y de la oposición parlamentaria, que ha aprovechado la coyuntura para cargar contra la gestión del Ejecutivo, sino también de los sindicatos, especialmente desde el flanco de UGT, cuyo secretario general, Pepe Álvarez, ha llegado a afirmar que "no hay constancia de que haya cobrado nadie".
Escrivá se ha esforzado por explicar el atasco en la tramitación -a estas alturas solo se han analizado 143.000 de las 750.000 solicitudes recibidas, el 19%, y de ellas solo han sido aprobadas las 6.000 antes mencionadas- alegando que se están llevando a cabo minuciosos trabajos de cribado para evitar fraudes y duplicidades y que están intentando ser muy rigurosos para garantizar que el subsidio llega realmente a quienes más lo necesitan. El contraste de la documentación es dificultoso para los funcionarios, que están realizando un intenso cruce de datos con el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Tributaria. Todo ello, mientras terminan de cerrarse los acuerdos para el intercambio automático de información con ayuntamientos y comunidades autónomas y con una plantilla de funcionarios mermada que exige refuerzos de manera urgente.
El complejo entramado que requiere el IMV no estaba terminado cuando se aprobó la medida a finales del mes de mayo, tal y como quedó recogido en el propio Real Decreto Ley, que dejó pendiente parte del desarrollo reglamentario. La urgencia ocasionada por la crisis sanitaria forzó al Gobierno a acelerar una iniciativa cuya implantación estaba prevista a partir del año 2021 y de manera gradual. "Será una renta suficiente que tendrá que ir materializándose en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos tres años de la legislatura", avanzaba el ministro Escrivá durante su primera comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados allá por el mes de febrero.
De hecho, en el programa de la coalición progresista consta, sobre el IMV: "Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos". El plan del Ejecutivo, por tanto, era empezar este año mejorando de oficio los ingresos de esos cerca de 75.000 hogares que venían cobrando la ayuda por hijo a cargo y desplegar la renta mínima nacional a lo largo de la legislatura. Pero estos planes se vieron precipitados por la irrupción de la pandemia y por la enorme presión que ejerció la vicepresidencia de Derechos Sociales en el seno del Consejo de Ministros para poner en marcha este salvavidas a la mayor brevedad y así amortiguar parte del impacto de la crisis económica sobre los colectivos más pobres.
Pugna en el Consejo de Ministros
No fueron pocas las batallas que se libraron en el Consejo de Ministros a cuenta del IMV. Ante la tardanza de Escrivá, que precisamente por la complejidad que presentaba el diseño de esta prestación acumuló semanas esgrimiendo que se estaban identificando los potenciales beneficiarios y cruzando datos con la Agencia Tributaria, Pablo Iglesias reclamó celeridad, y es lo que obtuvo. La decisión la tomó el propio Pedro Sánchez, pese a las reticencias que mostraron tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Todo se aceleró a mediados de abril y finalmente la medida fue aprobada a finales de mayo, aunque la prestación no pudo solicitarse hasta el día 15 de junio.
Los socios del Gobierno pugnaron por atribuirse la autoría de la histórica iniciativa que veía la luz años después de que sendas formaciones viniesen trabajando en su diseño y la hubiesen prometido en sus programas electorales. El PSOE recordaba en sus redes sociales como en 2015, en el marco de la campaña de las elecciones generales de noviembre, Sánchez había prometido poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital en cuanto llegase a La Moncloa. Unidas Podemos, entre tanto, desplegaba su propia campaña: "Siempre hemos defendido el Ingreso Mínimo Vital, y aunque también nos dijeron mil veces que no se podía, la realidad es que sí se puede", afirmaba la formación morada en un vídeo que arrancaba con un discurso de Iglesias en 2014 defendiendo la necesidad de implementar esta prestación.
Ahora, sin embargo, ni Sánchez ni Iglesias se han pronunciado sobre el colapso de la renta mínima que tiene en vilo a cientos de miles de familias que, cinco meses después de la irrupción de la Covid-19, siguen dependiendo de los bancos de alimentos para subsistir. El único que ha dado explicaciones al respecto ha sido Escrivá, aunque el ministro ha negado que solo se hayan aprobado el 1% de las solicitudes, tal y como se publicó en este medio el pasado 18 de agosto. Pues bien, con los datos disponibles entonces, se habían validado 3.966 de 600.000 solicitudes recibidas (el 0,7%) y con las cifras facilitadas dos días después por su propio departamento, las solicitudes aprobadas ascienden a 6.000 sobre 750.000 (el 0,8%). Si a esa cantidad se suman las reconocidas de oficio (74.119), el resultado es que se ha reconocido la prestación a 80.000 hogares de los 850.000 prometidos. Por tanto, hay 770.000 familias aún pendientes del "rescate" del Estado.
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