Prisión Preventiva para ejecutivos de tienda chilena La Polar

Santiago de Chile, 16 dic.- Una jueza chilena ordenó hoy la prisión preventiva para tres de cinco exejecutivos de la tienda por departamentos La Polar, procesados por renegociar unilateralmente las deudas de casi un millón de clientes, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la jueza María Verónica Orozco afecta al expresidente y exgerente general de la empresa, Pablo Alcalde, a la exgerenta de Administración, María Isabel Farah, y al exgerente de Productos Financieros, Julián Moreno.

En el caso también están imputados Nicolás Ramírez, exgerente general y Santiago Grage, exgerente de finanzas de la minorista, la cuarta más grande del país.

El caso saltó a la luz pública en junio, cuando la firma admitió que desde hace varios años renegoció unilateralmente, aumentando los intereses, las deudas de unos 420.000 clientes, lo que derrumbó en 620 millones de dólares el valor bursátil de la compañía.

Las renegociaciones eran utilizadas además para alterar los balances, ocultando las pérdidas por deudas morosas.

Los cinco están imputados por uso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado y transgresiones a la ley de bancos, aunque a tres de ellos, con excepción de Ramírez y Grage, se les imputa además el delito de lavado de activos.

Al ordenar la prisión preventiva de Alcalde, Farah y Moreno, la jueza Orozco dijo que hasta ahora la fiscalía no ha acreditado este último delito, aunque subrayó que los imputados constituyen "un peligro para la sociedad" y fijó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para completar la investigación.

En la madrugada de este viernes, los tres afectados por la decisión de la jueza fueron trasladados a diversos centros carcelarios de Santiago.

Cuando estalló el escándalo, La Polar señaló que los clientes afectados eran unos 420.000, pero en la audiencia, uno de los fiscales del caso, Luis Inostroza elevó el número de estafados a 965.040 entre los años 2006 y 2011, con un total de 7.996.566 renegociaciones unilaterales, con un promedio de 8,2 por cada cliente.

En su resolución, la jueza Orozco puso énfasis en la "práctica reiterada" de las renegociaciones unilaterales, y subrayó que las personas afectadas, los clientes de la compañía, "corresponden a un sector social de menores recursos, con menor cultura y más expuesto a abusos".

También remarcó la impunidad con que actuaron, ya que "la gente pobre, su mercado objetivo, ni se enteraba de que estaba siendo utilizada en esta organización" y consideró "increíble, inadmisible y ridículo" que Farah y Alcalde no conocieran, como argumentó su defensa, la renegociaciones unilaterales y el manejo de los estados financieros de la firma.

"Se trata de un grupo de personas que se encontraban perfectamente organizadas, con conocimientos técnicos y largos años de trabajo mancomunado", señaló.

"La convicción que queda es que se montó una verdadera máquina para defraudar al mercado y que funcionó por largos años a la perfección, lo que hizo que los imputados fueran consolidando su sensación de impunidad", dijo la magistrada.

También consideró la posibilidad de nuevos procesamientos, pues hay un "gran número" de ejecutivos que también podrían estar involucrados en el caso.

Los defensores de Alcalde y Farah aseguraron en sus alegatos que sus clientes nunca supieron de las irregularidades y que todo el "engaño" fue urdido por el gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.

El abogado de éste último, Miguel Chaves, descartó las imputaciones y sostuvo que todos tenían un detallado conocimiento de estas prácticas desde el año 2008. También calificó de "burdo" que afirmen que nunca tuvieron idea de lo que ocurría en la empresa.