La emergencia sanitaria y los efectos económicos de las medidas aprobadas en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus han generado un incremento de los conflictos judiciales que se convertirá en aluvión en los próximos meses cuando desaparezcan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las diferentes ayudas que han actuado como salvavidas ante el paro. Los procedimientos por despidos, concursos de acreedores, desahucios e, incluso, por divorcios o litigios por custodias e impagos de pensiones, empiezan a acumularse en los juzgados, que el año pasado estuvieron prácticamente parados durante tres meses y medio y a medio gas hasta final de año.
El exceso de trabajo y los retrasos ya se empiezan a notar, sobre todo, en los Juzgados de lo Social y lo Mercantil, aunque la vía de los juicios telemáticos ha agilizado algo el papeleo. Mientras, en algunas provincias, como las de Huelva, Málaga o Sevilla, se están produciendo señalamientos en lo Social para dentro de dos años o tres años y los colegios de abogados y los sindicatos están reclamando desde hace meses incrementar el número de juzgados e incluso duplicarlos en muchas ciudades y un aumento importante de recursos materiales y humanos.
Pero a los nuevos procedimientos, como las reclamaciones por multas Covid e, incluso, demandas colectivas contra profesionales sanitarios, hospitales y administraciones públicas por la gestión llevada durante la pandemia, hay que añadir las causas que ya estaban iniciadas o se encontraban pendientes de resolución por el juzgado antes de marzo del año pasado, con una Justicia especialmente lenta, que colapsó con la crisis económica de 2008 y los procedimientos que generó.
Durante el año pasado, con parón judicial incluido, se tramitaron 5,5 millones de litigios, apenas un 12% menos que un año antes, con los órganos judiciales totalmente activos. Al tiempo, los asuntos resueltos también fueron menos -14%- y los procedimientos que quedaron en trámite superaron los 3,1 millones, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la que acusó el mayor descenso de registros -22,1%-, pero también la que menos procedimientos resolvió con respecto a 2019, un 15,2% menos.
Multas Covid... y divorcios
Mientras, las multas impuestas en los meses de restricciones, la mayoría de desobediencia a la autoridad, y que están a punto de prescribir generarán un nuevo frente judicial. Pese a que los juzgados están dando mayoritariamente razón a los ciudadanos, la avalancha de reclamaciones todavía no ha llegado, después de que las administraciones dejasen hasta el último momento la tramitación de las sanciones, que han empezado a llegar en los dos últimos meses gracias a subcontratas y al aumento de funcionarios y trabajadores externos para dedicarse al asunto.
También el estado de alarma ha tenido un efecto hasta ahora imprevisible, como es el aumento de divorcios y pleitos sobre custodias de hijos, según recoge la editorial Lefevbre en su página web. Ante una avalancha de procedimientos, los jueces de familia de Barcelona ya decidieron por unanimidad a finales del año pasado una respuesta a los padres que no pudieron ver a sus hijos durante la pandemia.
"Los más beneficiados serán los progenitores con la guarda exclusiva de los menores, que no tendrán que compensar a sus exparejas por los reencuentros que se hayan perdido a raíz de la crisis sanitaria. Los magistrados han decidido que las reuniones entre semana o en un lugar previamente acordado que se hayan anulado por el confinamiento no se podrán recuperar. Tampoco se podrán recuperar las vacaciones de Semana Santa ni los fines de semana alternos pactados, salvo que estos incumplimientos ya hubieran sido reiterados e injustificados", según destaca el bufete Sanahuja Miranda.
En cuanto, los casos de guarda y custodia compartida. Los titulares de los juzgados de familia de Barcelona acordaron sobre estos asuntos que el estado de alarma no suspendía los regímenes establecidos, por lo que la permanencia de los hijos con uno u otro progenitor debía cumplirse tal como se hubiera establecido en su día en las sentencias. El tiempo perdido se deberá recuperar y la fórmula más sencilla es alargando las vacaciones de verano con el hijo al cónyuge perjudicado durante la pandemia.
Más medios... de todo tipo
Los recursos materiales y humanos serán fundamentales para combatir el colapso judicial. El sindicato mayoritario en la Función Pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reclamado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, nuevas contrataciones y ha advertido del riesgo de colapsar en cuanto empiecen a emerger todos los casos derivados directamente de la crisis sanitaria y de recesión económica. Apunta que peses a que la litigiosidad se ha reducido cerca de un 12%, precisamente por el parón judicial, el ratio de asuntos que ingresan por los que se resuelven ha aumentado en casi un 30%.
Además hace un pronóstico: "Los asuntos se incrementarán en 2021 en un 140% debido al fin de los ERTE y el previsible aumento de la litigiosidad en el ámbito, por ejemplo, De lo Social, según las previsiones del propio Ministerio de Justicia. La situación por tanto es ya insostenible". Además, urge un plan de recursos humanos que contemple la incorporación de al menos 19.000 personas en la Administración de Justicia en los próximos tres años, incluyendo jueces, fiscales y funcionarios.
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