Montevideo, 4 abr.- El procesamiento hoy sin prisión del exministro de Economía de Uruguay Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, que se vio obligado a dimitir, fueron los últimos coletazos dados por la polémica quiebra y liquidación de la aerolínea de bandera Pluna.
La pésima situación económica de la compañía aviación de bandera del país desde su privatización a mediados de los años 90, derivó en una serie de maniobras para intentar su salvación que fracasaron estrepitosamente y que terminaron además por implicar en un delito al ministro Lorezo, a Calloia y al gerente de Pluna en sus últimos años, Matías Campiani.
Pluna, que entre 1995 y 2005 había estado aliada con la brasileña Varig sin mejorar su suerte económica, fue puesta en 2007 en manos del consorcio argentino Leadgate, liderado por Campiani.
Leadgate poseía el 75% de la empresa y el Estado uruguayo el 25% restante. Uruguay, además, ejercía de garante para las compras de aviones necesarias para impulsar la empresa según el plan de negocios presentado por los nuevos directores.
Pese a anunciar sus mejores resultados en años poco antes, en mayo de 2012, Pluna arrastraba una deuda de 18,5 millones de dólares con la petrolera estatal Ancap.
Poco después, el Gobierno y Leadgate llegaban a un acuerdo para que éstos se desligaran de forma ordenada de Pluna mientras se buscaban nuevos socios.
La búsqueda fracasó y el 5 de julio, la compañía dejó de volar y entró en quiebra.
El único patrimonio real de la empresa eran siete aviones Bombardier de última generación adquiridos por Leadgate bajo la garantía del Estado, con un valor estimado de unos 137 millones de dólares.
Entre la espada y la pared, el Gobierno uruguayo comenzó una búsqueda frenética de compradores para los aviones que al mismo tiempo garantizaran la recuperación de las conexiones aéreas del país, que hasta ese momento recaían en un 80% en Pluna.
Tras un intento que tuvo que ser suspendido por falta de candidatos, Uruguay organizó una subasta para los aviones, que fueron adquiridos por la desconocida empresa española Cosmo el 1 de octubre de 2012.
La satisfacción inicial pronto se trocó en sospecha apenas dos días después cuando la prensa descubrió al representante de Cosmo comiendo junto a Lorenzo y al presidente de la aerolínea BQB, Juan Carlos López Mena, quien ya había mostrado su interés por comprar los aviones y adquirir sus rutas comerciales.
El escándalo se complicó cuando se supo que el representante de Cosmo, Antonio Sánchez, había usado un nombre falso en la subasta y que además había sido empleado de López Mena.
Además, se supo que fue el BROU, a pedido del ministro Lorenzo, quien le otorgó a la desconocida Cosmo el aval de 13 millones de dólares necesario para presentarse a la subasta, sin consultar al resto de los directores del banco.
El BROU justificó la concesión del aval diciendo que Cosmo era respaldada por la empresa de seguros que trabajaba con López Mena, también dueño de la naviera Buquebús.
Al poco de saberse todo esto, Cosmo dijo que no pagaría los aviones y desapareció de la escena diciendo que reclamaría además el dinero del aval.
La Justicia uruguaya inició una investigación, y en diciembre de 2013 detuvo y procesó en prisión al argentino Marias Campiani, exgerente de la Pluna, y a otros dos empresarios, por su papel en la quiebra de la empresa.
Lorenzo renunció entonces para no salpicar al Gobierno del presidente uruguayo, José Mujica, en año electoral mientras la investigación se cernía sobre él, al tiempo que Calloia se mantuvo firme en el cargo hasta este viernes.
Los aviones de Pluna quedaron varados en tierra a la espera de un comprador, todavía no ha llegado.
Uruguay recuperó sus conexiones aéreas con el paso de los meses, hasta recuperar gran parte de los vuelos que antes hacía Pluna.
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