El Senado aprueba la ley que regula los sistemas eléctricos extrapeninsulares

Madrid, 9 oct.- El Pleno del Senado ha aprobado hoy el proyecto de Ley de fomento de la competencia y garantía de la seguridad de suministro en los sistemas eléctricos extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

El Pleno le ha dado su visto bueno por 132 votos a favor, 60 en contra (PSOE) y 14 abstenciones (CiU).

Al texto se han presentado tres vetos (dos de senadores del Grupo Mixto y otro del PSOE), que han sido rechazados, y 74 enmiendas, de las que solo han sido incorporadas tres del PP.

En la defensa de uno de los vetos del Mixto, Jesús Iglesias ha criticado que no se aprovechen las islas para apostar por las renovables, en vez de por el gas y que se "cuele de rondón" la regularización del "fracking (inyectar grandes volúmenes de agua para liberar gas)".

Narvay Quintero, del Mixto, ha justificado el segundo en que la futura norma no es la más adecuada para Canarias, porque se le intenta igualar en materia energética a Baleares, Ceuta y Melilla cuando las distancias y las conexiones con la península no son las mismas y además paraliza inversiones.

Ramón Medina ha argumentado el veto del PSOE en las subidas que ha tenido la luz y que no han evitado el déficit tarifario en 2013 a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno.

La senadora del PP Juana Pons les ha contestado que con el proyecto se garantiza el suministro, se apuesta por las renovables y se favorece la entrada de nuevos operadores para que haya más competencia, al tiempo que se regula la fractura hidráulica, "fracking".

CiU se ha abstenido respecto a los vetos, a pesar de que tiene dudas acerca de que el proyecto de ley pueda garantizar el suministro y disminuir los costes, según Ramón Alturo.

Jesús Alique (PSOE) se ha opuesto al proyecto porque "una vez más" el Gobierno propone "nuevas y desesperadas medidas" para acabar con el déficit tarifario y ha rechazado que se legalice el "fracking" con los daños ambientales que provoca.

Iñaki Anasagasti (PNV) ha alertado de la posible inconstitucionalidad de la norma, ya que vulnera competencias autonómicas en materia energética y de retribuciones.

Ahora el texto será remitido al Congreso de los Diputados, ya que en el Senado se han introducido algunas modificaciones.

Concretamente, el dictámen de la ponencia incorpora tres enmiendas del Grupo Popular.

En primer lugar, se establece que las centrales eléctricas del régimen ordinario (es decir, todas excepto renovables y cogeneración) que hayan obtenido autorización administrativa entre el 1 de marzo y la entrada en vigor de la ley pero que no estén inscritas en el registro necesitarán de una resolución favorable del Ministerio de Industria para recibir la retribución establecida.

En caso de que esa resolución sea desfavorable, no se prevé ningún tipo de indemnización.

Además de otras cuestiones técnicas, el texto deja al desarrollo reglamentario el establecimiento del órgano competente para convocar las subastas de instalaciones de centrales de bombeo, que en la redacción anterior correspondía al Gobierno.

Anteriormente, durante su trámite en el Congreso, la normativa sufrió importantes cambios para adaptar su articulado a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno central y los autonómicos.