¡Menudas vacaciones tienen los profesores! Este comentario, que podría escucharse en la barra de cualquier bar, esconde una amarga realidad. Cada año, coincidiendo con la finalización del curso escolar, decenas de miles de docentes son despedidos en junio... para volver a ser contratados en septiembre. Una práctica habitual entre los centros educativos para esquivar el abono del sueldo y las cotizaciones sociales de estos trabajadores durante el paréntesis estival y que fue considerada ilegal por el Tribunal Supremo. Poco después, el Ministerio de Trabajo puso en marcha un plan de inspecciones a los colegios, pero tuvo que abandonarlo cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló estos despidos ficticios. El resultado es que esta vez la sangría ha sido histórica y se ha alcanzado la disparatada cifra de 221.669 ceses.
Nunca antes se habían registrado tantas bajas en el sector de la Educación durante los meses de verano. Según los datos recopilados por La Información, entre profesores y personal auxiliar en junio se perdieron 53.423 cotizantes, en julio fueron más del doble (108.616), tras sumarse a la cola del paro los profesores de las universidades privadas y otros centros, como los que preparan las oposiciones, y en agosto se perdieron otros 59.630 afiliados. En total, 221.669 trabajadores dados de baja en la Seguridad Social en apenas tres meses. Son 508 más que en el mismo periodo del año pasado, cuando el despido de 221.161 docentes encendió las alarmas del departamento en el que acababa de aterrizar la ministra Magdalena Valerio, ahora en funciones.
Hay que remontarse a junio de 2018. En una sentencia, el Tribunal Supremo consideraba ilegal que los profesores interinos contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar sean cesados por sus empleadores el 30 de junio, evitando el abono de las nóminas de julio y agosto. Según el criterio del alto tribunal, esta práctica vulneraba el principio de no discriminación recogido en un acuerdo marco de la Unión Europea sobre el trabajo de duración determinada.
Aquel mes fueron despedidos nada menos que 54.231 profesionales de la educación, la cifra más elevada desde 2008, año en el que comenzó la crisis, cuando se alcanzó la cantidad récord de 69.229 bajas en un mes de junio. Con todo, en ese verano en el que la economía española caía por el precipicio se registraron 155.597 bajas de profesores en la Seguridad Social, muy por debajo de los más de 221.000 de este año. Hay que insistir: nunca antes se habían ido a la calle tantos profesores en verano.
Tras la sentencia del Supremo, Valerio se puso manos a la obra para acabar con esta práctica que no solo supone un importante ahorro para las empresas, sino también una notable merma de ingresos para la Seguridad Social y, obviamente, una mayor carga para la caja del paro, que tiene que asumir las prestaciones de los profesores durante los meses de verano. Se advirtió a las comunidades autónomas de que no se iba a permitir la perpetuación de esta práctica y de que se actuaría contra los centros escolares que la aplicaran, ya fueran públicos, concertados o privados, obligándoles a abonar a los trabajadores los salarios y cotizaciones dejados de pagar durante esos meses y llegando incluso a prever sanciones en caso de que dichas prácticas fueran reiterativas.
La oleada de inspecciones estuvo activa desde que finalizó el curso escolar, pero Valerio se vio obligada a abandonarla en noviembre, cuando el TJUE avaló el despido de los profesores durante el periodo vacacional. Fue el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien hizo público que el Ministerio había tirado la toalla y se resignaba a no perseguir estos despidos ficticios: "Nosotros intentamos realizar campañas en contra de esta práctica, pero nos hemos encontrado con varias sentencias del TJUE justificando el despido de interinos en la docencia", explicó. Ante esta situación "acatamos las sentencias y no podemos invocar que exista irregularidad, por más que sea una práctica que nos parece enormemente perniciosa para el colectivo", lamentó.
Así las cosas, los profesores se han quedado en la estacada, tal y como demuestran los registros de afiliación de este verano. Decenas de miles de profesionales se han ido al paro –los que hayan tenido esa posibilidad– al ponerse fin a la persecución de una práctica que colegios, universidades y otros centros de formación han utilizado desde siempre como mecanismo de flexibilidad para dar cobertura a sus necesidades sin sobrecargar sus plantillas con costes fijos.
La buena noticia, si es que la hay, es que llega septiembre. Con la vuelta al cole los centros educativos vuelven a armar sus plantillas para hacer frente al curso escolar. Ahora se inicia la primera fase de un proceso que reintegrará en el mercado de trabajo a casi el mismo número de trabajadores que se dieron de baja justo antes del parón estival. Por ejemplo, el año pasado en septiembre se recuperaron 53.308, casi los mismos que se habían despedido en junio, en octubre se contrataron otros 148.049 profesionales con la activación del mundo universitario y en noviembre, 31.503 más. En total en ese trimestre se firmaron cerca de 233.000 contratos. Prácticamente, 'lo comido por lo servido'.
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