Prohibido despedir en pandemia

Díaz se enroca y alarga el veto al despido por causa Covid hasta el 31 de diciembre

El borrador inicial para la prórroga de los ERTE define actividades "especialmente afectadas" en función del sector, pero amplía la cobertura a empresas cuya facturación dependa en un 50% de esas actividades.

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EFE

Yolanda Díaz no está dispuesta a dejar caer el veto a los despidos. A pesar de que las patronales han insistido en que la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de la pandemia amenaza con convertirse en una trampa mortal para las empresas ante el deterioro de la actividad económica, la ministra de Trabajo pretende extender la vigencia de esta medida, que en principio caducaba el día 30 de septiembre, hasta el 31 de diciembre. Así consta en el primer borrador del Gobierno para la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que incluye importantes novedades respecto al marco actual y que en estos momentos están valorando los agentes sociales de cara al 'rally' de reuniones previsto para la próxima semana.

El texto, al que ha tenido acceso La Información, incluye la prórroga, hasta que acabe este año, del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de la Covid "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido". En la práctica, no prohíbe despedir, pero sí eleva considerablemente el coste para la empresa que tome esta decisión alegando esas causas. Además, se conserva la cláusula que obliga a las empresas a mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, si bien incluye una nueva flexibilización de este compromiso para los denominados ERTE 'de rebrote', que no tendrán que cumplirlo si duran menos de un mes.

Díaz ignora así las demandas de la patronal y las recomendaciones de más de 120 profesionales y académicos del sector público y privado que, coordinados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), han pedido al Gobierno "derogar la prohibición de despedir por causas objetivas ligadas al Covid para que las empresas puedan ajustar el tamaño de sus plantillas por causas justificadas, algo que resulta razonable dado el deterioro imprevisto de la situación económica que se ha producido en los últimos meses". Además, aconsejan revisar la 'cláusula de salvaguarda del empleo' que encadena a las empresas a sus plantillas para "evitar que muchas empresas en ERTE ligados al Covid terminen en quiebra o en concurso, sea porque los despidos llegan demasiado tarde para salvar a la empresa o porque el coste asociado a la penalización acabe siendo inasumible".

El resto del borrador se articula en torno a la idea de que los ERTE por fuerza mayor y, por ende, el grueso de las ayudas públicas, deben focalizarse hacia las empresas que desempeñan su actividad en los sectores más afectados por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria, mientras las demás deben transitar hacia los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, manteniendo viva la modalidad de ERTE 'de rebrote' para las actividades que se vean afectadas por nuevas medidas de contención adoptadas a partir del 1 de octubre. El diseño del nuevo marco es, si cabe, más complejo que los anteriores, si bien el núcleo del mecanismo, en lo que se refiere a las exoneraciones de cotizaciones sociales, está todavía por definir en futuras reuniones de la mesa tripartita.

La propuesta del Gobierno cambia la filosofía imperante hasta ahora y pone el foco de la fuerza mayor en las empresas que más han sufrido por la Covid. Los técnicos de Trabajo y Seguridad Social han seleccionado una serie de sectores, en función de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), donde las empresas que operen se considerarán "especialmente afectadas por la pandemia". Se trata fundamentalmente de actividades relacionadas con el turismo, pero también otras, en las que el empleo ha resultado especialmente golpeado por la crisis. El Ejecutivo tiene 'fichados' hasta ocho sectores que mantienen a más de un 15% de sus trabajadores en situación de suspensión de empleo o reducción de jornada y, entre todos, aglutinan el 11% de la afiliación total.

Pero la prórroga sectorial nunca ha sido una opción para patronal y sindicatos porque, a su juicio, generaría agravios comparativos. Por eso el Gobierno prefiere hablar de protección "diferencial" y se esfuerza en el borrador por ampliar el paraguas a empresas cuya actividad no se clasifique en ninguno de los códigos CNAE previstos, "pero cuyo negocio dependa en su mayoría de empresas incluidas en los mismos, o que formen parte de la cadena de valor de estas". Así, entiende por empresas "dependientes o integrantes de la cadena de valor aquellas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con empresas incluidas en alguno de los códigos CNAE". 

El planteamiento del Gobierno es una prórroga automática hasta el 31 de diciembre de los ERTE por fuerza mayor vigentes y fija como fecha tope para solicitar la prórroga el 9 de octubre con referencia a todas esas empresas "especialmente afectadas". También contempla que los ETOP se mantengan en las condiciones actuales y que a los iniciados a partir de ahora, que vengan de un ERTE de fuerza mayor, les aplique el mismo marco hasta el 31 de diciembre de 2021. Sigue vigente igualmente el ERTE por rebrote ante nuevas restricciones y, en todos los casos, se mantiene la prohibición para las empresas de hacer horas extra y externalizar actividades o hacer nuevas contrataciones, excepto en los supuestos de que los trabajadores afectados por el ERTE no estén capacitados para desarrollar esas funciones.

El borrador, que puede sufrir modificaciones, fija que los derechos reconocidos a los trabajadores afectados por ERTE en la actualidad se prorrogarán también hasta el 31 de diciembre. A los afectados por los nuevos ERTE se les garantiza el derecho a prestación aunque no tengan el mínimo cotizado y se les aplica el 'contador a cero' (el tiempo consumido de paro no resta de prestaciones futuras). Sin embargo, una vez finalizado el ERTE, si acceden a una prestación contributiva por haber extinguido una relación laboral antes del 31 de diciembre de 2021 sí verán reducida la duración del nuevo derecho en tantos días como hayan percibido prestación durante el ERTE desde el 1 de octubre. Siempre según este texto que, hay que insistir, puede introducir cambios tras la negociación con los agentes sociales.

Uno de los puntos más controvertidos de las negociaciones en estos momentos es el recorte de la prestación que inevitablemente sufrirán los trabajadores que lleven seis meses en ERTE, porque la ley establece que a partir del día 181 la cobertura se reduce del 70% al 50% de la base reguladora. En principio, el Gobierno parecía dispuesto a mantener el nivel de protección, pero el borrador no termina de concretar el porcentaje. Sobre el papel no se despeja la incógnita, aunque fuentes del diálogo social aseguran que Trabajo y Seguridad Social han puesto sobre la mesa una reducción hasta el 60%. Patronal y sindicatos rechazan cualquier recorte en ese sentido, aunque son conscientes de las importantes tensiones de caja que ha provocado la pandemia. Solo un dato: el Gobierno ya ha consumido todo el dinero que le va a prestar la Unión Europea para los ERTE.

Negro sobre blanco, tampoco se recoge en este documento una propuesta del Gobierno para las bajas laborales de los padres que tengan que quedarse en casa con sus hijos por brotes de Covid en los colegios. Sí se contempla, no obstante, que el plan 'Me Cuida', que permite la reducción de hasta el 100% de la jornada (y del sueldo), permanezca vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, las fórmulas de protección para los trabajadores fijos discontinuos se alargarán hasta que acabe el año. Todo esto, cabe recordar, como parte del primero de los borradores que han trasladado los negociadores de Trabajo y Seguridad Social a las patronales y los sindicatos y que será debatido en el maratón de reuniones que arranca el lunes.

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