La propuesta que ha presentado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) contempla un esquema de exoneraciones de cotizaciones sociales decreciente que implica que las empresas de los sectores más afectados por la pandemia tendrán que asumir, en cuestión de dos meses, prácticamente la mitad del coste de Seguridad Social por los trabajadores que mantengan afectados por el ERTE.
En concreto, según ha podido saber La Información, las exoneraciones de cotizaciones para las empresas de los sectores ultraprotegidos que tengan menos de 50 trabajadores pasarían del 85% actual, porcentaje que se mantendría para el mes de junio, al 75% en julio, al 65% en agosto y al 55% en septiembre. Mientras, para las compañías de más de 50 trabajadores pasarían del 75% actual (quedaría intacto en junio) al 65% en julio, al 55% en agosto y al 45% en septiembre.
En paralelo, el Ministerio ha propuesto que los trabajadores reactivados (es decir, que se reincorporen a la actividad) tengan una exoneración del 90% en los meses de junio y julio y del 85% en agosto y septiembre en las compañías de menos de 50 trabajadores; y del 80% en los dos primeros meses de la prórroga (junio y julio) y del 75% en los dos siguientes (agosto y septiembre) en las empresas de mayor tamaño. En este caso, igualmente, las exenciones serían decrecientes en el tiempo.
De este modo, en el último borrador remitido a la patronal y los sindicatos, Escrivá insiste en incentivar la reincorporación de trabajadores en los meses de verano con mayores exoneraciones que las ofrecidas para los empleados que sigan en ERTE. Al mismo tiempo, según las fuentes consultadas, mantendría los ERTE por impedimento (imposibilidad de desarrollar la actividad por restricción administrativa) con una exoneración del 100% para empresas de menos de 50 empleados y del 90% para las más grandes; y los de limitación parcial de la actividad en condiciones similares, con exoneraciones decrecientes en los próximos cuatro meses de entre el 100% y el 70%, en función del tamaño de la empresa.
El planteamiento, por ahora, ya ha sido rechazado por la CEOE y está siendo valorado todavía por los sindicatos. CCOO ha adelantado que el sindicato "apuesta por seguir negociando" y que las exoneraciones no pueden ser la cuestión que "descarrile el acuerdo". De este modo, no ha podido ser aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Fuentes del diálogo social indican que se sigue negociando y que se trabaja en alcanzar un acuerdo in extremis que podría ser ratificado en un Consejo de Ministros extraordinario en los próximos días. El esquema actual caduca el lunes, 31 de mayo, por lo que todavía hay cierto margen para evitar que se publique en el BOE una legislación que no cuente con el respaldo del diálogo social.
Fuentes empresariales justifican su 'no' al planteamiento de Escrivá porque "obliga a las empresas de menos de 50 trabajadores de los sectores más afectados a pagar en agosto un 35% de Seguridad Social y en septiembre un 45%". En el caso de las compañías más grandes, la propuesta fijaría un 45% en agosto y un 55% en septiembre, según estas fuentes.
El golpe encima de la mesa de la CEOE se sustenta en un argumento puramente económico y es que los empresarios están convencidos de que muchos sectores van a tener a parte de sus plantillas en esas fechas aún en ERTE. Especialmente el turístico. "Las líneas aéreas no prevén más del 60% de vuelos con respecto a 2019 y hoteles urbanos de interior esperan una ocupación aún reducida en verano", argumentan desde la patronal.
Todavía no se conocen los detalles de la propuesta final (el documento ha sido enviado a los agentes sociales esta misma mañana, después de haber intercambiado al menos otros dos borradores desde anoche), pero de momento los empresarios rechazan el planteamiento, a pesar de haber sido mejorado por Escrivá en las últimas horas en lo que se refiere a las exoneraciones de cotizaciones sociales. También se han posicionado en contra de la propuesta para prorrogar el cese de actividad de los trabajadores autónomos, donde ha habido "avances insuficientes".
La parte de Díaz, cerrada
Los interlocutores van a negociar hasta el último minuto. Un clásico ya en el diálogo social. La prioridad es evitar que el Gobierno termine por tomar una decisión en solitario, sin el aval de las organizaciones sindicales y empresariales, algo que sería la primera vez que sucediera en materia de ERTE. A lo largo del último año, los agentes sociales siempre han terminado por alcanzar acuerdos para las distintas prórrogas, aunque las negociaciones no han sido fáciles en ninguna ocasión. La principal controversia, como ahora, se ha centrado siempre en las exoneraciones de cotizaciones.
De hecho, fuentes del diálogo social aseguran que la parte del acuerdo concerniente al Ministerio de Trabajo que pilota Yolanda Díaz ya estaría cerrada. Se refieren a la polémica cláusula de mantenimiento del empleo, que obliga a las empresas a conservar las plantillas en los seis meses posteriores al ERTE; al 70% de la base reguladora para el cálculo de la prestación, que e mantiene, y al contador a cero en el plazo de prestaciones; así como a la inclusión de los trabajadores fijos-discontinuos en el nuevo esquema de ayudas para el verano.
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