"Le hago una última oferta: renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país". El último giro argumental de la negociación PSOE-Unidas Podemos o Sánchez-Iglesias para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y, por tanto, la configuración de un Ejecutivo tras las elecciones generales del 28-A ha tenido como escenario el propio hemiciclo. Tras encajar el rosario de reproches de Pedro Sánchez por las supuestas dificultades puestas a lo largo de la negociación, Pablo Iglesias ha aprovechado sus cinco minutos en la tribuna de oradores para hacer una inesperada oferta de última hora: nada de ministerios, que se quede el PSOE con la gestión del Ministerio de Trabajo, pero que al menos les cedan las políticas activas.
¿Por qué las políticas activas de empleo? Probablemente porque constituyen el principal ariete del que dispone el Gobierno para abordar el que según todas las encuestas constituye el principal problema social del país: el paro. La parte del león del presupuesto del Ministerio de Trabajo va a pagar las prestaciones de los desempleados, pero el margen de gestión en ese campo no sólo es mínimo, sino peliagudo: cualquier cambio en las prestaciones suele ser objeto de animado debate.
En realidad, la principal herramienta de gestión de la que dispone el Gobierno para intervenir en el mercado laboral son las políticas activas de empleo, donde se enmarcan los planes anuales de formación, los planes de inserción laboral y los estímulos e incentivos a las empresas para fomentar la contratación de determinados colectivos con especiales dificultades de inserción o para promover la contratación indefinida.
En total, cerca de 6.000 millones de euros, según los 'nonatos' Presupuestos Generales del Estado para 2019, que se distribuyen de este modo: 2.523 millones para programas de formación para el empleo, 1.885 millones de euros para bonificaciones para promover la contratación y 1.562 millones de euros para programas de inserción laboral.
El 'caramelo' tiene un asterisco que se puede ver como algo positivo o negativo según se mire: casi la mitad de todos esos recursos (alrededor del 41%) son de gestión autonómica y a Trabajo le corresponde la tarea -en muchas ocasiones conflictiva- de acordar los criterios de reparto de esos recursos entre todas las comunidades autónomas lo que, en efecto, encierra una importante cuota de poder, pero también genera no pocas fricciones y problemas 'diplomáticos'.
Las políticas activas de empleo cuentan con dos herramientas esenciales: el Plan Anual de Empleo (PAE), que define año tras año las prioridades del Gobierno en materia de empleo e identifica los nuevos nichos a explorar y las estrategias e iniciativas para optimizar la capacidad de la Administración del Estado para favorecer la creación de empleo; y el Plan Anual de Políticas Activas (PAPE), que en esencia define los objetivos de los servicios públicos de empleo para el ejercicio y los criterios a seguir para el reparto de los recursos que les corresponden para alcanzar esos objetivos, determinando entre otras cosas si se incentiva o no el uso de recursos privados (agencias de colocación) para optimizar la inserción laboral de parados, si se establecen o no umbrales mínimos de inserción a las oficinas para recibir fondos públicos o si se exige o no una actuación más proactiva de las oficinas de empleo.
El reto no es pequeño. Los Servicios Públicos de Empleo apenas intermedian un 2% de los contratos que se sustancian en el mercado de trabajo en un año y ya quedan pocos organismos nacionales o internacionales que no pongan en cuestión la eficacia del gasto del Estado en políticas activas. El último de ellos ha sido la Autoridad Fiscal, que ha evacuado un informe demoledor sobre la gestión de las políticas activas de empleo en España, en el que ha concluido que ésta no solo no contribuye a generar empleo sino que inhibe la búsqueda de trabajo por parte de las personas desempleadas.
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