Sánchez 'tunea' la prórroga de los PGE de Rajoy con un paquete de guiños sociales

El plan B del Gobierno ya está en marcha. Aunque, en teoría, Pedro Sánchez sigue trabajándose el apoyo del Congreso a sus Presupuestos para 2019, en la práctica, en ausencia de nuevas cuentas públicas, el 1 de enero entrará automáticamente en vigor la prórroga de las que elaboró el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para 2018. Será la séptima prórroga de la democracia. Pero además, en paralelo al mandato constitucional, el Consejo de Ministros aprobará en su última reunión de diciembre un real decreto de prórroga que podría incluir alguna sorpresa de fin de año, junto con todo un paquete de guiños de gran calado social.

Según adelantan fuentes del Ministerio de Hacienda a La Información, "habrá un real decreto de prórroga". Si bien el artículo 134.4 de la CE  establece que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos", el Gobierno ha decidido además habilitar este mecanismo legal que, en principio, "incorpora elementos técnicos", aunque no se descarta que incluya algunas "novedades".

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Entre las medidas que el Ejecutivo dejará por escrito para garantizar su vigencia a partir del 1 de enero podría incluirse, por ejemplo, la prórroga de los actuales límites del sistema de tributación por módulos para pymes y autónomos o el ingreso de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, según revela el entorno de la ministra María Jesús Montero. Pero a la vez, de manera complementaria, los distintos ministerios preparan ya los reales decretos para poner en marcha, a partir del 1 de enero, las medidas prometidas por sus departamentos que mejoran las condiciones de más de 16 millones de ciudadanos.

Es el caso del Ministerio de Trabajo, que ya ha diseñado el texto legal que garantizará la subida de las prestaciones a más de 9,6 millones de pensionistas en 2019. Pero no solo eso, Magdalena Valerio tiene listo el real decreto que aumentará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros el año que viene, con impacto sobre un millón de trabajadores, y que verá la luz en el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el día 21 de diciembre.

También la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha garantizado una subida salarial mínima del 2,25% a los 2,5 millones de empleados públicos aunque no haya Presupuestos, si bien tiene pendiente de cerrar con los sindicatos algunos flecos del acuerdo que firmó el anterior Gobierno del PP. Y, por su parte, el colectivo de 3,2 millones de autónomos verá entrar en vigor ya el primer día del año las nuevas bases de cotización y las mejoras que han pactado con Trabajo y que se están terminando de debatir en la mesa del diálogo social.

Difícil escenario se presenta para las arcas públicas ante la ausencia de un nuevo marco presupuestario que amplíe su financiación. Sobre todo para la Seguridad Social, que tendrá que soportar el fuerte incremento del gasto derivado de la subida de las pensiones, pero también para las comunidades autónomas, que podrían dejar de recibir los casi 7.000  millones de euros en entregas a cuenta que contemplan los PGE de 2019. Hacienda, no obstante, sigue confiando en lograr los apoyos a sus cuentas y, de lo contrario, inyectará este extra a las regiones por real decreto, según confirman fuentes consultadas en el Ministerio, que está explorando todas las opciones "jurídicamente posibles".

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria, la prórroga no afecta a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo, y la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adapta, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse. Sin embargo, aunque esto echa por tierra los planes del Gobierno de inflar partidas como la sanidad, la educación o la dependencia, el Ejecutivo sí puede hacer algunos guiños por la vía del decreto, a la vez que juega la baza de generar ingresos mediante la creación de impuestos, como las tasas 'Google' y 'Tobin'. Aun así, de momento, su gran reforma fiscal está en el aire.

Echando la vista atrás, en estos 40 años de democracia se han prorrogado los Presupuestos de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017, por motivos diferentes y mediante fórmulas distintas, incluyendo la adopción de decisiones urgentes en materia presupuestaria, fiscal y financiera. El año pasado, de hecho, el último Consejo de Ministros, presidido por Rajoy, acordó tomar medidas para evitar incurrir en un elevado gasto mientras durase una prórroga que se mantuvo hasta que se aprobaron los PGE de 2018 en junio, coincidiendo con el cambio de Gobierno. 

Así, hace seis meses, Sánchez asumió "por responsabilidad" unas cuentas elaboradas por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que había rechazado en un principio y que estuvieron bloqueadas por la oposición del PNV a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Ahora, de nuevo, el pulso del independentismo al Estado marca la agenda presupuestaria del Gobierno, que se ha visto obligado a retrasar hasta enero de 2019 la presentación de los Presupuestos en el Congreso por el rechazo de ERC y PDeCAT.

Las cuentas penden de un hilo hasta el último momento y, dependiendo de lo que se alargue la tramitación parlamentaria, la prórroga de los PGE de 2018 se mantendrá, al menos, hasta el próximo mes de abril. Siempre sin descontar la posibilidad de que las relaciones entre Moncloa y el independentismo catalán acaben por estallar por los aires definitivamente, el Congreso dé la espalda a las cuentas que pactó el Ejecutivo con Unidos Podemos y España siga hasta 2020 la hoja de ruta económica diseñada por el Partido Popular y retocada en su día por las exigencias de Ciudadanos y los nacionalistas vascos.